El Defensor del Pueblo cuestiona que se recluya a los inmigrantes en la cárcel de Archidona

El Defensor del Pueblo ha cuestionado este viernes la "idoneidad" de usar la cárcel vacía de Archidona como Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), después de que Interior decidiese la pasada semana recluir en ella a más de medio millar de inmigrantes llegados en patera a España. Según el informe elaborado por dos técnicos del organismo, que visitaron el complejo por sorpresa, han detectado "numerosas carencias" en la instalación y consideran que "los servicios" no son "similares" a los de un CIE. "Tenemos dudas de su empleo para este fin, dado que ya había sido designado como centro penitenciario", apostilla el escrito.

Este documento llega después del aluvión de críticas de las ONG, sindicatos y oposición, que en los últimos días han denunciado que la medida de Interior incumple la Ley de Extranjería y el Reglamento de los CIE, donde se subraya reiteradamente que este tipo de internamiento a sin papeles debe desarrollarse en instalaciones de "carácter no penitenciario". "A pesar de que [Archidona] presenta mejores condiciones arquitectónicas que cualquiera de los CIE actualmente en funcionamiento —señala el Defensor— los inmigrantes no gozan de los mismos derechos y garantías que en un centro de internamiento de extranjeros". "No obstante, resulta relevante que dicho centro no haya iniciado su actividad penitenciaria", matiza la institución.

El organismo encabezado por Francisco Fernández Marugán enumera, en un duro escrito, una batería de carencias de este "CIE provisional", como lo bautizó el departamento de Juan Ignacio Zoido. "La premura en la puesta en marcha de este centro supone que no todos los servicios, incluso algunos elementales, estén operativos", señala el documento. Y añade que "no se están respetando las reglas mínimas para la custodia de las personas internadas: carencia de atención sanitaria suficiente, información de las normas mínimas de funcionamiento del centro, ausencia de horario y actividades". El Defensor detalla cómo los inmigrantes permanecen en el patio "desde el desayuno hasta la cena, sin poder pasar al resto de zonas comunes, incluido los baños". "Esta ausencia de horario y actividades favorece los incidentes entre los internos".

Los técnicos de esta institución —que visitaron la cárcel por sorpresa la semana pasada— también destacan que se trasladó a los extranjeros a Archidona "unidos por la muñeca contraria mediante bridas". "Hay unos fallos de infraestructuras tremendos porque han llegado las personas antes que los servicios", añaden fuentes de la institución, informa Anabel Díez. "No se dan las condiciones para que haya personas de estas características en Archidona", apostillan.

El Defensor del Pueblo también aprovecha el informe para cuestionar la información que Interior facilitó a los jueces que decidieron la reclusión de los inmigrantes en la prisión. "Genera dudas", sentencia el organismo, después de subrayar que ninguno de los magistrados de Alicante, Almería, Cartagena, Elche, Lorca y Vera que ordenaron los internamientos señalan el "lugar exacto" donde se produjo la detención de estos sin papeles: "Y, salvo en los procedentes de Elche, no se entra a valorar el hecho de autorizar el internamiento en unas instalaciones que tienen atribuido carácter penitenciario".

En esa línea, en la respuesta que la institución ha remitido a las ONG que denunciaron los hechos recalca que "no consta la existencia de orden o resolución del Ministerio del Interior, que dé cumplimiento a lo previsto en el artículo 5.2 del Reglamento CIE, y habilite de forma provisional las referidas instalaciones para el uso que ahora tienen". El organismo añade que ya ha solicitado a la Dirección General de la Policía varios datos sobre "las previsiones de uso de estas instalaciones, así como sobre la resolución administrativa habilitante de su uso temporal para el internamiento de extranjeros".

Falta de información

En el escrito, el Defensor también asegura que sus técnicos apreciaron "una falta de información a las personas privadas de libertad, tanto en lo relativo a su situación jurídica, incluyendo la posibilidad de solicitar protección internacional, como en cuanto a las condiciones y el lugar en el que se encontraban".

Otra de las decisiones que critica porque "no favorece la normalización de la convivencia en el centro" es que la custodia y "la gestión directa" del mismo se esté realizando por agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP, los conocidos como antidisturbios) "con su uniformidad e instrumentos habituales", en referencia a sus defensas. El Defensor pide que estos policías sean sustituidos con la mayor brevedad por funcionarios de la Brigada de Extranjería, que son los que habitualmente prestan estos servicios en los CIE.