Bescansa reta a Iglesias con una propuesta de reforma constitucional

Carolina Bescansa ha lanzado este miércoles su propia propuesta de reforma constitucional en lo que se interpreta como otro desaire a la dirección de Pablo Iglesias. La iniciativa de la cofundadora de Podemos y diputada en el Congreso se produce antes de que el partido y sus confluencias debatan este fin de semana en Córdoba sobre el proceso constituyente -modificación de la Ley Fundamental con participación ciudadana- que Podemos plantea como remedio a la crisis catalana. Bescansa no se encuentra entre las ponentes. Sus medidas coinciden además con la ausencia de Podemos de la comisión para la evaluación y modernización del Estado Autonómico en el Parlamento.

El documento contempla tres propuestas de cambio constitucional ante la "intensificación de la crisis política catalana" y su "interacción con la crisis territorial" en el resto de España, lo que según Bescansa ha originado la "primera crisis de Estado del siglo XXI español". "Desde nuestro nacimiento hemos apostado por convertir el debate de ideas en el ADN de nuestra organización. Por eso, hoy toca someter al debate en Podemos, en todos sus círculos territoriales y sectoriales, en todos sus órganos municipales, insulares, autonómicos y estatales, tres propuestas de cambio constitucional (...) destinadas a aportar soluciones estables a la crisis territorial", insta Bescansa, la primera referente de Podemos que el pasado octubre expresó en público sus diferencias con el posicionamiento del partido en la crisis de Cataluña. "A mí me gustaría un Podemos que le hablase más a España y a los españoles y no solo a los independentistas", reprochó entonces. La parlamentaria, que desde Vistalegre II no pertenece a la ejecutiva de su partido, anima en esta ocasión a "todos los espacios de la organización" a incorporar sus medidas a las "órdenes del día" y se ofrece a "explicarlas y defenderlas" donde corresponda.

La diputada aboga por la transformación del Senado en una cámara de representación territorial con "competencia exclusiva" en la "distribución anual de los recursos consagrados a la financiación autonómica, el cálculo del cupo [vasco] y los fondos de compensación interterritorial.

Otra de las iniciativas es la "delimitación" y "estrechamiento" de las competencias del poder ejecutivo frente a los poderes legislativo y judicial, además de frente a las administraciones autonómicas y locales del Estado. En la práctica, esto supondría que dejaría de ser competencia del Gobierno proponer al Senado la aplicación del artículo 155 -esta responsabilidad se trasladaría al Congreso-. Tampoco lo sería el nombramiento del fiscal general del Estado, cuya elección correspondería al Parlamento mediante un sistema de mayorías reforzadas. El Ejecutivo tampoco podría intervenir las administraciones locales (ayuntamientos) "cuando estas logren superávit en sus cuentas públicas". Además, el presidente del Gobierno se elegiría mediante elección directa a través de sufragio universal en dos vueltas y con una circunscripción única estatal.

Bescansa defiende la renovación democrática de la legitimidad del marco constitucional a través de un referéndum "que respete la voluntad del conjunto del pueblo español" y de los "pueblos, regiones, comunidades, países y naciones que la conforman". En el supuesto de que la reforma constitucional fuera rechazada por alguno de los "entes federados" el gobierno de esa "región, comunidad, país o nación", procedería a la "inmediata disolución" de su Parlamento y convocaría elecciones. En el plazo máximo de seis meses desde la formación del nuevo gobierno, "el parlamento territorial someterá a votación una propuesta de consulta vinculante" que debería aprobarse con el 55% para preguntar a la ciudadanía si desea que se celebre un referéndum para ejercer el derecho a decidir la plena integración en el Estado o la creación de un nuevo marco jurídico independiente. De ser aprobada la celebración de la consulta, se procedería a su inmediata convocatoria: se celebraría en los cien días posteriores a su aprobación en el parlamento.

Si la mayoría del electorado apostase por celebrar un referéndum sobre la independencia, se trasladaría al Congreso la tarea de preparar su organización en una comisión mixta con participación de todos los grupos parlamentarios de la Cámara Baja y del Parlamento territorial correspondiente. Este referéndum se celebraría en un periodo no inferior a ocho meses desde la primera consulta a la ciudadanía ni superior a doce. Si la mayoría apuesta en ese referéndum por la independencia, se disolverá el Parlamento territorial y se volverían a convocar elecciones en un periodo de entre 70 y 140 días. El nuevo Parlamento tendría que respaldar el resultado de la consulta con una mayoría de tres quintos. En caso de no lograrse esta mayoría, se convocaría un nuevo referéndum en un plazo de entre ocho y dieciocho meses.

"Estas propuestas son deudoras de un extenso debate que sostuvimos a lo largo del 2016 un equipo de expertos constitucionalistas, economistas y juristas en el marco de los trabajos de la Secretaria de Programa y Proceso Constituyente", expone Bescansa en su último enfrentamiento como la dirección de Podemos.