La peor venganza contra una madre

En el grupo de WhatsApp de Las Luchadoras nadie dijo nada después del crimen de Alzira del pasado domingo. Un silencio elocuente. Un estremecimiento común tras conocer la noticia: otra niña, de solo dos años, acuchillada por su padre justo cuando su madre había salido para denunciarle por malos tratos en una comisaría... La historia, con variables pero idéntico resultado, se repite hasta ocho veces este año, según los datos del Ministerio de Sanidad: fueron asesinados seis niños en 2013, cuatro en 2014, otros cuatro en 2015, uno en 2016 y ocho en 2017. Matar a los hijos por venganza comienza a no ser tan infrecuente.

Las Luchadoras son Ruth Ortiz, cuyo marido, José Bretón, en pleno proceso de separación mató a sus hijos Ruth (seis años) y José (dos años) y calcinó sus cuerpos en 2011 en Córdoba; Margarita Dopico (44 años), cuyo esposo, José Luis Deus, mató a su hijo de 14 meses y prendió fuego al coche con el niño dentro hace seis años en Betanzos (Galicia); Gemma Cuesta (37 años), cuya pareja, Jonathan Moya, se llevó a su hija Miriam de 16 meses tras una discusión, la mató de un golpe en la cabeza y arrojó su cuerpo a una balsa de Abrucena (Granada); Bárbara García, que perdió a sus dos hijas, Amets y Sara (de siete y nueve años) porque su padre, José Ignacio Bilbao, las mató a golpes en 2014 durante una visita en Soto del Barco (Asturias), luego se tiró por el viaducto de la Concha de Artedo; y la última en unirse al grupo ha sido Yulia Lantukh, cuyo marido, el ingeniero de telecomunicaciones sevillano Sergio Oliva, acuchillo a sus dos hijos (Miguel Ángel, de cinco años, y Leonardo, de cuatro) el pasado mes de febrero en Aurich (Alemania) tras saber que su mujer quería dejarle. Aunque por distintas circunstancias, también forma parte del grupo María Chamón, la madre de Laura del Hoyo, de 24 años, a quien asesinó Sergio Morate junto a su exnovia, Marina Okarynska el verano de 2015.

Ruth Ortiz se ha convertido sin querer en el símbolo de la lucha de estas mujeres doblemente maltratadas, primero por sus maridos y después por un sistema que ni siquiera las reconocía como víctimas de violencia. Eso cambió el pasado 22 de septiembre, cuando gracias a sus quejas canalizadas a través del grupo socialista, el Congreso aprobó que fuesen incluidas como tales. Sin embargo, hasta entonces, fue una lucha casi en solitario, en la que ese pequeño grupo de WhastApp, surgido de la búsqueda de unas y otras en busca de consuelo, ha servido para paliar las carencias de un sistema que fue incapaz de proteger a sus hijos y de articular después coberturas para que pudieran seguir viviendo con las brutales consecuencias de esa pérdida.

“Ante un divorcio o separación que no sea de común acuerdo debe haber una figura que solo vele por los hijos y los escuche, tienen que escuchar a los hijos”, dice Ortiz. “Hay periodos de transición hasta el juicio —si lo hay— en los que no existe control alguno”, denuncia. “No hay una protección específica para los menores, por eso en el momento en que hay una mujer maltratada con hijos hay que alejarlos de la violencia, en centros, con familiares o como sea, y durante un tiempo las visitas de ambos progenitores deben estar supervisadas”, propone. Pero lo tiene claro: "Un padre maltratador no es un buen padre, no le va a traer nada bueno a sus hijos y no merece nada".

Un abanico de medidas sin medios

En España 840.000 hijos e hijas de mujeres maltratadas sufren cada año las consecuencias de la violencia de género al vivir en el hogar donde se produce. Las encuestas de Sanidad indican que el 6,2% de los niños y niñas de España padecen la violencia de manera directa (540.000) y que en la última década el número de menores muertos por causa de la violencia contra su madre ascienden a 44 (entre cuatro meses y 16 años), según se recogía en un informe de la subcomisión del Pacto de Estado contra la Violencia de Género firmado por todos los grupos parlamentarios.

En principio, la ley prevé un abanico de medidas para proteger a los menores, según recueda la fiscal para la violencia de género, Pilar Martín-Nájera. Ley orgánica (2015), Convenio de Estambul ratificado por España en 2014, la ley procesal que regula las órdenes de protección, el Código Civil... Pero la fiscal concluye: “Para que puedan adoptarse esas medidas de protección y llevarse a cabo se necesita dotar de equipos especializados en menores y en violencia de género a los órganos judiciales”.