El Gobierno cifra en 979 los hijos inscritos desde 2010 por gestación subrogada

El dato oficial hasta ahora desconocido procede de una petición que el grupo parlamentario socialista hizo al Gobierno en septiembre de 2016 y que ha sido respondida más de un año después. El Ejecutivo reconoce ese casi millar de casos de hijos nacidos mediante este método (que supone que una mujer gesta a un hijo cuya maternidad y paternidad cede a otras personas). Añade que proceden de 12 países (Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, India, Nepal, México, Tailandia, Ucrania, Rusia, Grecia, Portugal y Sudáfrica), aunque no especifica cuántos son de cada uno.

La gestación subrogada es una práctica que no está legalizada en España. El Comité de Bioética, dependiente del Ministerio de Sanidad, pidió a mitad de año la prohibición a nivel internacional de contratos de gestación subrogada “en garantía de la dignidad de la mujer y del niño”. Por esas mismas fechas, Ciudadanos presentó una proposición de ley en el Congreso para legalizarla como una práctica “altruista” que fue inicialmente rechazada por los principales partidos (Partido Popular, PSOE y Podemos) aunque sigue en tramitación.

Con el marco actual, cuando una pareja o una persona opta por la gestación subrogada, tiene que viajar a alguno de los países citados. El registro posterior depende, en función de una instrucción de 2010, de que presente una sentencia judicial del país de nacimiento en la que el juez constate que la madre gestante renuncia al bebé de forma libre e irrevocable. La respuesta del Gobierno al PSOE señala que, además de la cifra facilitada, puede habar más casos cuyos trámites se hayan iniciado en los países de origen pero cuyas inscripciones se hayan practicado posteriormente en España y no en las embajadas.

Resistencia a dar datos

Hasta ahora, las únicas cifras oficiosas son las proporcionadas por las asociaciones que defienden esta práctica o las agencias que tramitan peticiones de españoles en el extranjero, que aluden a un millar de casos anuales. La diputada Ángeles Álvarez (PSOE) ha tramitado más de una docena de preguntas parlamentarias para conocer las cifras oficiales y los detalles de esos datos: cuántos casos hay detallados por países, si provienen de familias monoparentales, de parejas heterosexuales, de gais o de lesbianas... La única respuesta, hasta la fecha, es la que acaba de obtener con datos de oficinas consulares, aunque también los reclamó en la Dirección General de Registros. “Estoy sorprendida de la resistencia que he encontrado cuando lo que pido es transparencia. Me han llegado a responder que solicitar esos números atenta contra la Ley de Protección de Datos”, explica la diputada.

Su partido, el PSOE, acordó una postura de rechazo en su último Congreso Federal, celebrado en junio. “Los vientres de alquiler suponen una mercantilización de las mujeres”, recoge el texto acordado por los socialistas.

La propuesta de Ciudadanos limita la condición de gestante a mujeres que hayan cumplido los 25 años y hayan sido madres con anterioridad, con nacionalidad española o residentes en España y con una situación económica estable. La parte más polémica residía en el carácter altruista que planteó el partido de Albert Rivera, que señalaba por un lado que la gestante no podrá cobrar, pero reconocía una compensación económica sin precisar para afrontar los gastos del embarazo y del parto.