El juez impone una fianza de 400.000 euros a Ignacio González para salir de prisión

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González podrá abandonar en los próximos días la prisión madrileña de Soto del Real si deposita en el juzgado una fianza de 400.000 euros. Así lo ha decidido este martes el titular del Juzgado Central de Instrucción 6, Manuel García Castellón, en un auto en el que, además de aceptar la petición de excarcelación que le había hecho el político el pasado octubre, le impone como medidas cautelares la retirada del pasaporte, la prohibición de salida de España y comparecencias semanales en el juzgado. La decisión cuenta con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción.

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El auto del magistrado es la respuesta al tercer escrito que el político presentaba para conseguir la libertad después de que el pasado 21 de abril fuera encarcelado por su presunta implicación en varias operaciones destapadas por la Operación Lezo. González había alegado en aquel recurso que "no existe en la causa prueba alguna que haya materializado los indicios y sospechas iniciales que motivaron la decisión de acordar la prisión cautelar". Este argumento es rechazo ahora de plano tanto por el juez García Castellón como por la Fiscalía Anticorrupción, que consideran que la investigación no ha hecho sino incrementar las pruebas contra el político.

Pese a ello, el juez García Castellón estima ahora que el riesgo de fuga -uno de los motivos que le llevaron a rechazar las dos peticiones de libertad anteriores del político- "ha disminuido considerablemente" gracias al "avance de la instrucción judicial". También considera que las posibilidades de que el político siga delinquiendo gracias a la colaboración de las autoridades de Colombia y Panamá, dos de los países en los que la trama supuestamente ocultó fondos. Precisamente, el juez y el fiscal del caso viajaron la semana pasada al primero de estos países donde, según recoge ahora el auto, recabaron "declaraciones judiciales muy esclarecedoras".

El magistrado dedica buena parte del auto a detallar tres de las operaciones presuntamente fraudulentas en las que está implicado Ignacio González. La primera son las irregularidades en la compra por parte del Canal de Isabel II de la empresa colombiana Inassa, una operación que se realizó en 2011, cuando él no estaba en el Gobierno regional, pero del que tuvo conocimiento posteriormente y que no denunció. En este sentido, el escrito del juez recalca que gastó dinero público de manera irregular para encargar a un prestigioso despacho de abogados un estudio sobre dicha compra que reveló el fraude, pese a lo cual no lo denunció "logrando así una mayor protección e impunidad de los máximos responsables" de aquella compra.

También destaca la participación del político y su hombre de máxima confianza, Edmundo Rodríguez Sobrino -quien ahora colabora con la justicia- en la adquisición por parte del Canal de Isabel II de la brasileña Emissao, gracias a la cual ambos se beneficiaron del patrimonio público. El juez recalca que las actuaciones de la trama traspasaron "las frontera nacionales" y hechos similares se desarrollaron en Panamá y República Dominicana. Además, incide en que la red corrupta creó una estructura societaria mediante testaferros en Suiza, Luxemburgo, Liechtenstein y Reino Unido para ocultar "el dinero público desviado", que luego retornaba a España mediante "préstamos, inversiones societarias, fondos de inversión o ampliaciones de capital en negocios con apariencia legal".

Finalmente, el juez detalla de manera exhaustiva el supuesto pelotazo en la obra de los campos de Golf del Canal, del que Ignacio González intentó hacer responsable en su declaración a su antecesora en la presidencia de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. El instructor del 'caso Lezo' enumera fecha a fecha todos los pasos dados por Ignacio González para adjudicar de manera presuntamente irregular tanto la construcción como la explotación del centro deportivo con una estructura societaria en la que, entre otros, participaron su hermano Pablo y un cuñado.

El escrito concluye que el expresidente madrileño y sus socios consiguieron en este proyecto comisiones ilícitas por más de 1,2 millones de euros. La trama sacó parte de este dinero en efectivo mediante cheques cobrados en ventanilla, que posteriormente fue reintroducido en el circuito monetario legal mediante empresas instrumentales, una de ellas titularidad del propio González y su hermano.