La querella más anunciada

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, tiene ya preparada la que será con toda seguridad la querella menos secreta y más publicitada: la que espera presentar contra el president cesado —cuando el Senado apruebe las medidas propuestas con el artículo 155—, Carles Puigdemont, ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

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El Gobierno de Mariano Rajoy propone el cese de Puigdemont y todos los miembros del Govern. Pero el president es diputado del Parlament. Y no solo Puigdemont: otros cuatro consejeros —Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull y Meritxell Borràs— también lo son. A pesar del cese, mantendrán, pues, el fuero parlamentario.

La construcción jurídica que ha ordenado Maza a la secretaría técnica que le asesora es imputar a Puigdemont por el delito de rebelión, fundamentado en varias medidas adoptadas en los últimos meses. Este delito, de acuerdo con el fuero de Puigdemont y los otros consejeros que serán destituidos, debería ser investigado/enjuiciado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Se podría, para ello, ampliar la querella por prevaricación, desobediencia y malversación que instruye la jueza Mercedes Armas. Esto es lo que recomendaron a Maza una mayoría de los 12 fiscales de sala de la división penal del Supremo que asistieron el lunes 9 de octubre a una consulta informal, no vinculante. Maza prometió que convocaría la Junta de Fiscales de Sala, los 27 fiscales de mayor rango que le asesoran. Pero todavía no lo ha hecho.

Maza, y, según fuentes consultadas, el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, creen que es mejor llevar el asunto fuera de Cataluña, habida cuenta de que en mes y medio, desde el 8 de septiembre pasado, dicho tribunal no ha citado a declarar a los 14 miembros del Govern querellados. Para superar la frontera de Cataluña, la secretaría técnica, cumpliendo el encargo de Maza, maneja el delito de rebelión: excede el territorio sobre el que tiene competencia el TSJC y, por tanto, el fuero de Puigdemont le evita la Audiencia Nacional, pero no el Tribunal Supremo.

Aunque la rebelión exige la concurrencia de un alzamiento con violencia, el planteamiento de la Fiscalía General del Estado es el de rebelión/sedición para que los cinco magistrados a los que caería la querella escojan el delito.

El Supremo solo ha intervenido en el tema catalán al enjuiciar y condenar (por desobediencia) al diputado Francesc Homs por su participación, en calidad de consejero de la Presidencia del Govern, en la organización de la consulta del 9 de noviembre de 2014. Tiene pendiente resolver el recurso de casación del expresident Artur Mas y las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau, condenados en el TSJC también por desobediencia en relación con el 9-N.

Por tanto, fuentes consultadas en el Supremo no ocultan que interviniendo el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, la Audiencia Nacional y el TSJC en el tema de la independencia/secesión de Cataluña, sería preferible mantener a la Sala Segunda fuera del centro de la tormenta.

En esa sala hay dos asuntos sobre los que parece existir claridad: el delito sería el de sedición y junto con Puigdemont habría que actuar contra los otros cuatro aforados. Los otros nueve consejeros serían llevados ante la justicia ordinaria.

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