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Los propietarios de un coto privado de caza de Cabañeros, condenados a pagar 220.000 euros

Parques nacionales ve “muy grave” que abrieran cortafuegos sin permiso y cree que se hicieron con fines cinegéticos, no contra el fuego

Estado actual de uno de los cortafuegos sancionados, en una imagen facilitada por la propiedad de la finca.
Estado actual de uno de los cortafuegos sancionados, en una imagen facilitada por la propiedad de la finca.

La mayor finca privada de caza dentro del Parque Nacional de Cabañeros, situado entre Toledo y Ciudad Real, tendrá que pagar una multa de 220.000 euros por abrir cinco cortafuegos sin permiso. La justicia ha confirmado la sanción por una “infracción muy grave” que puso el Ministerio de Medio Ambiente a los dueños de este cortijo, una empresa del grupo financiero Ibaizabal, que preside el naviero Alejandro Aznar, también presidente de las Bodegas Marqués de Riscal.

La finca abrió cuatro nuevos cortafuegos en el monte y amplió uno ya existente hasta dejarlo en 18 metros de anchura, según el informe del técnico superior del Parque Nacional de Cabañeros en el que se basa el expediente sancionador. Este informe precisa que aunque los cortafuegos son infraestructuras necesarias para la labor de control de posibles incendios forestales, en Cabañeros, un entorno de grandes fincas privadas dedicadas principalmente a la caza mayor, su diseño y su uso está vinculado a esa actividad, “a fin de mejorar la comodidad, eficacia y seguridad en las monterías”.

El Ministerio de Medio Ambiente impuso la sanción a finales de 2014, pero la propiedad recurrió a la Audiencia Nacional, que ahora ha dado la razón a la Administración. Según la sentencia, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, queda acreditado que los cortafuegos “fueron realizados sin la debida autorización administrativa”. La vegetación, principalmente jara, brezo, labiérnago y madroño, se eliminó mediante una desbrozadora acoplada a una máquina de cadenas.

La multa es de las menores que prevé la Ley del patrimonio natural y de la biodiversidad para una infracción considerada muy grave, que van de los 200.001 a los dos millones de euros. Los cortafuegos se encuentran en una parte de la finca perteneciente a la mercantil Comercial Marítima de Transportes. Y se suma a otra, también confirmada por la Audiencia Nacional en 2016, que condenó a pagar otros 230.000 euros por cortafuegos abiertos en la parte del coto cuyo dueño es Inmobiliaria del Bullaque. Ambas empresas están participadas por el grupo financiero Ibaizabal.

Otro de los cortafuegos que figuran en la denuncia de Parques Nacionales.
Otro de los cortafuegos que figuran en la denuncia de Parques Nacionales.

Mansión en pleno parque natural

No es la primera vez que la finca Cabañeros es objeto de controversia. En 2015 el Ministerio de Medio Ambiente propuso sancionar con 200.001 euros las obras de ampliación, sin autorización, de una mansión de 12 metros de altura y más de 1.900 metros cuadrados de planta en el corazón del parque nacional. La multa está recurrida en la Audiencia Nacional, que aún no ha fallado.

Mientras tanto, las obras se han legalizado, según confirma el Ministerio de Medio Ambiente a preguntas de EL PAÍS. La Comisión Mixta de Gestión del Parque de Cabañeros, integrada por la Administración General del Estado y por la Junta de Castilla-La Mancha, ha informado favorablemente las obras de ampliación de la vivienda, que consistieron en un aparcamiento y una campa de evisceración. Se ha considerado que “no supone incidencias para el parque”.

En aquel caso fueron las organizaciones Ecologistas en Acción, SEO/Birdlife y WWF las que denunciaron lo que sucedía dentro del parque nacional, uno de los espacios más protegidos desde el punto de vista medioambiental. En el caso de los cortafuegos han sido los propios técnicos del parque los que han presentado la denuncia y el caso lo ha llevado la Abogacía del Estado.

Los cinco cortafuegos por los que ahora ha condenado la Audiencia Nacional miden 18 metros de ancho, según el informe del técnico del parque. Uno de ellos, de más de medio kilómetro de largo, se hizo a partir de un camino de 2,5 metros de ancho que se fue ampliando hasta alcanzar los 18 metros “a costa de eliminar la cubierta vegetal existente a ambos lados del camino”. En una foto de marzo de 2014, añade el informe, se aprecian las marcas dejadas en el suelo por la máquina con cadenas. El técnico señala sus “notorios” efectos sobre el paisaje por estar cerca de una carretera.

“Orientado a fines cinegéticos”

Sobre otro de los cortafuegos, de casi un kilómetro de largo, el técnico dice que está situado a media ladera en exposición oeste, de donde vienen los vientos dominantes en la zona, por lo que su ubicación “no es la más idónea” para luchar contra incendios forestales, sino que está “orientada a fines cinegéticos”. De otro de los cortaderos, este de menos de 200 metros, señala que “su elección no parece la más adecuada como defensa frente a potenciales incendios”.

Rafael Sánchez, el director técnico de la finca Cabañeros e ingeniero de montes, asegura que no comparte el criterio de los técnicos del parque, que los cortafuegos eran necesarios y que su diseño es el adecuado. Cabañeros, recuerda, es el único parque nacional que carece de un Plan de Uso y Gestión (PRUG) y añade que las autorizaciones administrativas se pueden demorar entre dos y cuatro años por culpa de la “inoperancia administrativa”. “¿Estamos tres años sin defendernos del fuego?”, se pregunta.

Sánchez muestra fotos del estado actual de uno de los cortafuegos, el que transcurre en paralelo a la carretera de Retuerta a Horcajo, y señala que el matorral está completamente regenerado y solo se aprecia el camino. "Ahora está sin repasar porque llevamos dos años esperando la autorización que no nos llega con el consiguiente riesgo de incendios que ello conlleva", asegura.

Los propietarios de la finca presentaron un informe pericial en el que argumentaban que los cortafuegos no eran de nueva creación sino que se habían hecho sobre caminos existentes y que eran necesarios desde un punto de vista medioambiental porque mejoraban la infraestructura de defensa antiincendios de la finca. Los jueces, sin embargo, deciden dar más valor al informe pericial del técnico del parque, que usó ortofotos (fotos tomadas desde el aire) de distintos años para comparar la situación.

El informe de los propietarios solo presentó imágenes de junio de 2012 y no hacía referencia a los vientos dominantes de la zona, entre otras cuestiones, por lo que los jueces consideran en el fallo que el del parque es “más completo y sólido”.

Luis Martí Mingarro, abogado de la propiedad, explica que esta última sentencia puede ser recurrida en casación al Supremo, mientras que la de 2016 es firme. Destaca asimismo que la más reciente no impone costas. Y critica que Medio Ambiente haya abierto dos expedientes sancionadores distintos para el mismo hecho, algo que el fallo justifica en que los “controvertidos” cortafuegos están en fincas con dos propietarios distintos. De las más de 6.000 hectáreas de la finca Cabañeros, unos 4.000 metros cuadrados que se conocen también con el nombre de La Peralosa están a nombre de Comercial Marítima de Transportes, que es la recientemente sancionada.

Casi la mitad de las 40.800 hectáreas del parque nacional de Cabañeros, creado en 1995, está formado por fincas privadas. Entre sus propietarios están los financieros Alberto Cortina y Alberto Alcocer. Según la Ley de Parques Nacionales, el año 2017 tendría que haber sido el límite legal para cazar en Cabañeros. Sin embargo, en 2015 el PP intentó prorrogar las cacerías en los parques nacionales mediante una enmienda a la ley. Se generó tal polémica, con una rebelión de los directores de parques nacionales incluida, que finalmente se impuso una prórroga de las monterías hasta 2020.

Los cotos privados de caza en Cabañeros llevan años instalados en la polémica. En 2013 el aún director del Organismo Autónomo Parques Nacionales, Basilio Rada, acudió a una montería organizada por el empresario Alberto Alcocer en una de sus fincas en el parque nacional. Justo cuando Medio Ambiente había emprendido la reforma de la ley para suavizar las exigencias para que los propietarios privados pudieran cazar en los parques.

investigacion@elpais.es