El Gobierno mantiene el Parlament pero limita su capacidad de acción

La disolución del Parlament de Cataluña fue uno de los aspectos de la intervención del Gobierno que generó más debate en La Moncloa y en la dirección del PP. Tras criticar duramente la disolución de la Asamblea de Venezuela por parte de Nicolás Maduro, miembros prominentes del partido que sostiene al Ejecutivo alertaron de la contradicción que podría suponer cerrar la Cámara de la Comunidad Autónoma. Al tiempo, los consejeros de Rajoy argumentaron que era imperativo respetar los derechos de los diputados. Finalmente, el Gobierno optó porque el Parlament siga ejerciendo su potestad legislativa, pero de forma limitada.

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“Esto es un golpe de Estado de facto que pretende descabezar las instituciones catalanas y apropiárselas, censurando al Parlamento”, reaccionó Carme Forcadell, la presidenta de la Cámara. “No les acompaña la legalidad ni la legitimidad política”, añadió. “Pretenden que el Parlamento de Cataluña deje de ser un Parlamento democrático, y no lo vamos a permitir”, siguió. “Nos comprometemos a defender la soberanía del Parlamento, sus plenas atribuciones, y los derechos de los 135 diputados a ejercer sus funciones”.

Nada resume mejor los objetivos que persigue la estrategia de los consejeros de Rajoy que las medidas adoptadas contra la presidenta del Parlament.

Así, el Ejecutivo decidió no actuar contra ella, y que mantuviera el cargo, con el argumento de que este deriva de su condición de diputada autonómica. Sin embargo, limitó su capacidad de acción y la advirtió veladamente de que repetir la publicación unilateral de medidas en el Boletín Oficial del Parlament —como hizo con la propuesta de Ley del referéndum— no tendría validez.

“El presidente del Parlamento de Cataluña no puede proponer candidato a la presidencia de la Generalitat, ni el Parlamento celebrar debate y votación de investidura”, afirma el plan enviado por La Moncloa al Senado, donde previsiblemente será aprobado en un pleno extraordinario que se celebrará el próximo viernes 27. Ese documento —que puede ser enmendado durante su tramitación en la Cámara Alta— también establece el poder de veto que tendrá durante 30 días el Gobierno central sobre cualquier iniciativa que impulsen los diputados catalanes, que previsiblemente tampoco podrán votar una moción de censura sin el permiso de La Moncloa.

Puigdemont y Junqueras

“El Parlamento de Cataluña seguirá ejerciendo su potestad legislativa y de organización propia, si bien no podrá tramitar iniciativas que resulten contrarias a las presentes medidas, ni a su presupuesto, objeto y finalidad”, se lee en el acuerdo adoptado ayer por el Consejo de Ministros. “Para garantizar que no se produce dicha discrepancia (...) la Mesa del Parlamento ordenará su remisión a la autoridad que se designe a tal efecto por el Gobierno, para que éste manifieste, en el plazo de 30 días, su conformidad o no a la tramitación”, añade. “No podrán someterse a debate y votación las iniciativas y enmiendas a las que se alude en este punto mientras que la autoridad que se designe a tal efecto no haya expresamente otorgado su conformidad o, en su defecto, no hayan transcurridos los 30 días desde su comunicación”, sigue. Y subraya: “Denegada expresamente la conformidad por parte de la autoridad designada por el Gobierno, quedarán suspendidos todos los trámites parlamentarios subsiguientes”.

Si los partidos independentistas deciden continuar en la Cámara tras la intervención del Gobierno, tanto Carles Puigdemont como Oriol Junqueras seguirán siendo diputados autonómicos tras su destitución como presidente y vicepresidente de la Generalitat. Eso no solo les permitirá disponer de un altavoz relevante para seguir defendiendo el proyecto soberanista. También les garantizará mantener la condición de aforados justo cuando la fiscalía ha advertido de que está dispuesta a denunciar por un presunto delito de rebelión al todavía president en el caso de que proclame la independencia.

El Parlament suspendió su actividad a mediados de septiembre por decisión de la mayoría que alcanzan los partidos independentistas al sumar a los diputados de la coalición de Junts pel Sí —que agrupa al PDeCAT y a ERC— y la CUP. Esa aritmética parlamentaria, basada en 72 de 135 escaños, también permitió al bloque independentista aprobar la Ley del referéndum y la Ley de transitoriedad jurídica, que luego el Tribunal Constitucional declaró ilegal y suspendió, respectivamente.

Para evitar que esa mayoría nacionalista someta al control a los representantes del Gobierno que asuman las competencias intervenidas del Govern, La Moncloa arbitrará un organismo en el Senado. Según fuentes gubernamentales, esas comparecencias de control sobre las decisiones que se tomen en Cataluña serán cada dos meses, o cuando las solicite la Cámara, donde el PP goza de mayoría absoluta. No hay nada casual en las medidas. En La Moncloa se tiene al Parlament por una de las principales herramientas del independentismo.

“Las medidas cuya autorización se solicita tienen como destinatarios tanto el Gobierno y la Administración de la Generalitat, como el Parlamento de Cataluña”, explica el escrito del Ejecutivo de Rajoy. “Han sido ambas instituciones las que a lo largo de este tiempo han incumplido el orden constitucional de manera reiterada y progresiva, haciendo caso omiso de los distintos pronunciamientos y requerimientos del Tribunal Constitucional”, añade. “Las medidas respecto al Parlamento conllevan la necesidad de sometimiento a autorización de determinadas actuaciones que le son propias, hasta que se haya logrado el legítimo fin de restaurar el orden constitucional vulnerado por aquel, en abierto desafío a la Constitución y al propio Estatuto de Autonomía”.