La defensa del líder de la ANC evita calificarlo de “preso político”

La defensa de Jordi Sànchez, presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), ha recurrido este viernes la decisión de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela de enviarle a prisión provisional por un supuesto delito de sedición. El abogado de Sànchez, el penalista Jordi Pina, considera que la magistrada ha privado de libertad a su cliente a partir de “sospechas o intuiciones carentes de cualquier base indiciaria” sobre un posible riesgo de reiteración delictiva o de destrucción de pruebas.

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El escrito desgrana una serie de supuestas vulneraciones de los derechos de su cliente y de motivos de nulidad de la investigación por los altercados del 20 y 21 de septiembre supuestamente encaminados a entorpecer la Operación Anubis de la Guardia Civil contra los preparativos del referéndum ilegal de autodeterminación del 1 de octubre. Sin embargo, lo que no aparece en ningún momento a lo largo de las 36 páginas del recurso es la expresión “preso político” para referirse al líder de la ANC, en prisión desde el lunes junto con Jordi Cuixart, presidente de la otra gran entidad independentista, Òmnium Cultural.

Tanto los partidos independentistas catalanes como el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, han insistido en describir a Sànchez y Cuixart como presos políticos. Iglesias consideró “gravísimo” el envío a prisión de ambos líderes independentistas, y Amnistía Internacional consideró “excesivo” imputarles un delito de sedición. Tanto las cuatro asociaciones judiciales como el Consejo General del Poder Judicial han salido esta semana en defensa de la independencia e imparcialidad de la juez Lamela y han rechazado tajantemente que se pueda hablar de presos políticos en España.

El escrito del abogado de Sànchez rechaza los motivos esgrimidos por la magistrada para encarcelarlo, tras solicitarlo así la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Sobre el riesgo de fuga, el letrado recuerda que su cliente ha acudido voluntariamente a las dos citaciones judiciales en esta causa –el 6 y el 16 de octubre– y reprocha que la magistrada no haya tenido en cuenta su arraigo familiar, laboral y económico en Barcelona. Respecto al riesgo de destrucción de pruebas que, según la juez, sustenta la prisión, el letrado considera que se trata de una apreciación “absolutamente genérica, que valdría para cualquier caso imaginable”.

El letrado Pina es especialmente combativo contra el supuesto riesgo de reiteración delictiva de cliente que observa la juez. El abogado insiste en que la ANC “es un movimiento cívico que defiende la independencia de Cataluña por vías pacíficas y democráticas”. Pina reprocha a la juez “el salto argumental” de apreciar un posible peligro de nuevos actos de sedición “en el hecho de que el investigado pertenezca a una asociación que defiende por vías lícitas ciertas ideas políticas”.

“¿En qué indicio se basa entonces la señora instructora para afirmar que, si permanece en libertad, el señor Sànchez promoverá alzamientos violentos o tumultuarios? La pregunta en cuestión no obtiene respuesta alguna en el auto impugnado, cuya motivación es también altamente insuficiente respecto de esta última actividad”, señala Pina.