El entorno del PSOE defiende asumir los riesgos del 155

Josep Borrell fue probablemente el primer político español que amenazó con el artículo 155 de la Constitución. Fue en 1986 con el Gobierno canario. España estaba a punto de entrar en la UE y Canarias quería mantener sus impuestos aduaneros. Borrell era entonces secretario de Estado de Hacienda y debía hacer cumplir la tarifa a las importaciones extracomunitarias: "Les dije que tendría que enviar a los aduaneros del Estado a que aplicaran las tarifas", recuerda el exministro socialista. El Ejecutivo canario acató y la amenaza no fue a más: el 155 quedó sin usar. "Me dijeron que me iban a tirar al Teide, pero luego no lo cumplieron", dice Borrell.

"El 155 no es suspender la autonomía, sino exigir que se cumplan las leyes que no se han cumplido", explica el político socialista. La diferencia es que el desafío canario era concreto y simple. La decisión que debe adoptar el Gobierno ante el panorama catalán es infinitamente más compleja. El artículo 155 no da detalles sobre los límites de su aplicación. Es una página en blanco.

Exdirigentes del PSOE, el PSC y juristas vinculados al partido ven necesaria su aplicación si el president Carles Puigdemont no da hoy una respuesta clara. Y respiran aliviados por no estar en puestos de responsabilidad y tener que lidiar con los detalles. Algunos confían en que en La Moncloa sepan algo más: "El Gobierno tendrá más elementos de juicio y se supone que una información más precisa", dice Joaquín Almunia, ex secretario general del PSOE.

Sea como sea, el 155 es territorio desconocido. La Constitución española copió el artículo de Alemania, donde tampoco se ha aplicado nunca. Cualquier maniobra puede llevar a consecuencias imprevistas. "Los riesgos son evidentes, aunque no sean atribuibles ni evitables por parte de quien tiene que aplicarlo", dice Almunia. Para minimizar esos peligros, Raimon Obiols, ex primer secretario del PSC, espera que se vaya con cuidado: "Tengo la impresión de que una interpretación dura del artículo 155 no se planteará, pero quizá sea wishful thinking".

Cristina Elías, profesora de Derecho Constitucional de la UNED y miembro del consejo para la reforma constitucional que Pedro Sánchez creó en 2015, aporta motivos jurídicos para una aplicación suave: "El 155 no fija límites, pero el resto de normas sigue en vigor y hay que respetar la Constitución, el Estatut y las leyes democráticas vigentes", dice. Una medida grave, desde su punto de vista, sería disolver el Parlament y convocar elecciones en Cataluña: "El ciudadano elige el Parlamento. Es el órgano donde está depositado el principio de autonomía de Cataluña", dice. Elías optaría por incidir en los altos cargos de los departamentos de la Generalitat, que es menos gravoso: "El Parlamento elige al presidente y ese presidente es quien nombra a los consejeros. Nos vamos separando del principio democrático que es el ciudadano votando: hay tres pasos intermedios entre los ciudadanos y los altos cargos de un Departamento".

Una convocatoria de elecciones sería también una aplicación dura para Xavier Arbós, catedrático de Constitucional de la Universitad de Barcelona y miembro también del consejo para la reforma constitucional socialista: "Hay atribuciones que no se pueden sustituir, como convocar elecciones. Es una atribución del president. Se le puede dar una instrucción, pero hacerlo esperando que cumpla es condicionar su derecho", dice. Eso no implica, según el experto, que convocar elecciones sea un error jurídico.

Junto al reto jurídico de la convocatoria de elecciones, está la dificultad de su ejecución. Los alcaldes son los encargados de preparar la maquinaria electoral en sus municipios. Después de la experiencia del referéndum del 1 de octubre, es fácil imaginar los reparos que tendrían muchos regidores para colaborar en unas elecciones impuestas por el 155. Los partidos independentistas podrían también proponer un boicot y quedarse al margen. El margen para la desobediencia es una de las debilidades principales del 155: ¿qué hace pensar que la imposición hará cambiar a unos dirigentes que han basado sus actuaciones en la desobediencia? "Si hay autoridades que no han hecho caso de lo que decía el Constitucional, quizá tampoco vayan a hacer caso de lo que se diga con el 155", dice Arbós. Ese es el problema de la principal herramienta del artículo: dar instrucciones a los dirigentes de la comunidad autónoma. "Esto por ejemplo permitiría sustituir de facto la preeminencia en los Mossos del mayor Josep Lluís Trapero", dice Laia Bonet Rull, exdiputada del PSC en el Parlament. Pero siempre quedará en el fondo la voluntad del cuerpo: "Al final todos deberán demostrar que quieren desescalar el conflicto", dice Bonet Rull, a sabiendas de que expresa más un deseo que una hipótesis.