Estonia asegura que solo prestó apoyo técnico a Cataluña
El país báltico afirma que sus labores de asesoramiento tecnológico obedecen solo a programas de ayuda a regiones y Estados en materia digital
Fuentes oficiales de Estonia explican, ante las revelaciones efectuadas por EL PAÍS el sábado, que cualquier labor de asesoramiento tecnológico en Cataluña se centró en el ámbito digital y nunca político. Además, aseguran que el Gobierno estonio, que ocupa la presidencia de turno de la UE hasta finales de este año, apoya firmemente la unidad territorial de los países de la Unión Europea.
"Estonia apoya la unidad de España y lo ha expresado continuamente y siempre", asegura el secretario general adjunto de Comunicaciones y Sistemas de Información de Estonia, Siim Sikkut. "Estonia ha estado siempre dispuesta a compartir sus experiencias en e-gobernanza y ha asesorado en esta materia a más que cien regiones y Estados del mundo. Además, las empresas de Estonia han creado soluciones y ayudado en la construcción de las e-Administraciones en aproximadamente 60 países del mundo".
La república báltica se independizó de la URSS en 1991 aprovechando un golpe de Estado durante la descomposición del entramado de repúblicas soviéticas. Desde entonces ha sufrido diversas injerencias de Rusia, que en 2007 efectuó un ciberataque que la dejó aislada. Esta gran ofensiva cibernética llevó a las autoridades estonias a priorizar la protección total de datos en la Red, un objetivo que hasta la fecha han logrado mantener.
La tecnología del blockchain (un sistema de defensa contra ciberataques) ha sido vital en Estonia para proteger el intercambio de datos de forma segura entre personas, instituciones o empresas. De hecho, esta innovación es imprescindible para garantizar el correcto funcionamiento de la Administración digital estonia, que permite a todos los ciudadanos pedir recetas médicas, pagar sus impuestos o registrar documentos a través de Internet.
La implantación de este sistema ha sido contemplada por el consorcio Administració Oberta de Catalunya, dependiente de la Generalitat, para llevar a cabo un proceso de desconexión progresiva del Estado español en la Red, según el informe Bases para la administración digital de la nación, al que ha tenido acceso este periódico. Gracias a la adopción de esta tecnología, el Gobierno catalán podría proteger sus datos de posibles ataques de las autoridades españolas, que ya clausuraron páginas web relacionadas con la organización del referéndum del pasado 1 de octubre.
Dos años de plazo
La hoja de ruta elaborada por Administració Oberta de Catalunya ha fijado un plazo de dos años para el establecimiento definitivo de un sistema catalán de gobierno digital.
De acuerdo con los planes de este organismo, los ciudadanos del nuevo Estado catalán dispondrían de una identidad digital única con la que podrían hacer todo tipo de trámites en relación con la seguridad social, la sanidad o la enseñanza. Esta transformación aspira a la creación de una Administración más ágil y sencilla que concluya en la construcción de una "sociedad digital catalana".
Un pionero en la reinvención tecnológica
En Estonia solo existen tres gestiones administrativas que no se puedan hacer por Internet: casarse, divorciarse y comprar una casa. Exagerado o no, el Gobierno estonio ha construido este eslogan para vender por el mundo las bondades del país, uno de los menos poblados de la UE (1,3 millones de habitantes). Este Estado báltico ha convertido la revolución electrónica en su modo de vida y busca rentabilizarla. El proyecto estrella para lograrlo es la e-residencia, que proporciona una identidad en el país a cualquier ciudadano del mundo que la solicite online (y reúna otros requisitos). Cerca de 21.000 emprendedores se han afincado —al menos virtualmente— en el país gracias a la e-residencia, que da derecho, desde finales de 2014, a un carné de identidad para operar en territorio estonio. La oferta persigue generar ingresos, no solo para las arcas del Estado (cuesta 100 euros), sino también para el sector privado. Una pequeña parte de quienes la solicitan crean empresas en el país (se han registrado 1.600, según datos del Gobierno).
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