El Gobierno quiere ampliar el Pacto Antiterrorista con Podemos y los nacionalistas
El PP y Ciudadanos quieren que dejen de ser observadores y hacer el acuerdo más útil
El Gobierno quiere que Podemos y los partidos nacionalistas e independentistas suscriban el Pacto Antiterrorista y está dispuesto a modificar su contenido para convertirlo en una herramienta “más útil” y aceptable por todos. PP y Ciudadanos están abiertos a que las reuniones sean periódicas y no dependientes de los atentados, a incluir a los ministros de Defensa y Exteriores y a que asistan expertos en la lucha antiterrorista. Sin embargo, consideran que el carácter confidencial que podría tener la información comentada en ese foro obliga a todos los presentes a ser miembros de pleno derecho. Podemos y los nacionalistas son reacios a cambiar de postura.
“La unidad de todos es fundamental”, argumenta Rafael Merino, diputado del PP y presidente de la comisión de Interior del Congreso, en conversación con EL PAÍS. “El ministro y todo su equipo están abiertos y dispuestos a todas las reformulaciones del pacto que se consideren necesarias, pero también es necesario que se vea una decisión de estar verdaderamente incorporado”, avanza. En ese sentido, el PP reclama la firma de las fuerzas que ahora están como observadoras —Podemos y los nacionalistas catalanes y vascos— porque “tiene que haber un compromiso de discreción: si no, es entendible que no se puede llevar a técnicos especialistas de las fuerzas de seguridad”.
Los integrantes del pacto
Miembros de pleno derecho: PP, PSOE, Ciudadanos, UPN, Coalición Canaria, UPyD, Foro Asturias y PAR.
Observadores: Unidos Podemos, Compromís, PNV, el PDeCAT y ERC.
El acuerdo antiterrorista suscrito en 2015 entre PP y PSOE —al que luego se fueron sumando otras fuerzas políticas— contemplaba el compromiso de que a los delitos por terrorismo con resultado de muerte les sea “siempre aplicable la máxima pena privativa de libertad recogida en el Código Penal”. Se trata, con la legislación vigente, de la prisión permanente revisable, que el PSOE asumió al firmar el acuerdo pero con el compromiso de derogarla en cuanto tuviera la posibilidad.
Esa referencia a la prisión permanente revisable, entre otras cuestiones, motivó que Podemos, que en 2015 aún no tenía representación parlamentaria, decidiera no firmarlo a finales de ese año, cuando se abrió al resto de fuerzas políticas, de la misma forma que fue un impedimento para ERC. Tanto la formación de Pablo Iglesias como los republicanos tienen la intención de continuar en el pacto como observadores, una condición que los nacionalistas —también del PDeCAT y el PNV— han adquirido por primera vez desde el atentado de Barcelona y Cambrils.
El Gobierno está dispuesto a reformar el pacto para lograr la incorporación del resto de fuerzas, pero de momento no avanza hasta dónde está dispuesto a llegar. Fuentes conocedoras del proyecto del Ministerio de Interior eluden detallar si Juan Ignacio Zoido, titular de esta cartera, está abierto a modificar esa referencia para facilitar que firmen el acuerdo.
Tras la reunión del pacto del pasado lunes, Podemos defendió su decisión de mantenerse como observador con el argumento de que su postura combina la lealtad institucional con el pluralismo político. El partido elude de momento revisar su participación en el acuerdo —a falta de que el Gobierno plantee una propuesta concreta de reforma— con la reflexión de que “en este momento lo más importante es el consenso que, por encima del pacto, mantienen todas las fuerzas democráticas de nuestro país en torno a la democracia, los derechos humanos y el pluralismo político”, explican.
La prisión permanente
ERC es más explícita en sus pretensiones. El portavoz en el Congreso, Joan Tardá, afirma que su partido puede replantearse su condición en el acuerdo pero lo condiciona a que el Gobierno revierta parte de la reforma del Código Penal de 2015, lo que en la práctica es casi un imposible. “Estamos dispuestos a hablar de todo siempre y cuando el Gobierno se replantee la reforma de 2015”, avanza Tardá.
Los republicanos plantean, en concreto, tres exigencias para reconsiderar la firma del acuerdo: una reformulación del artículo 573 del Código Penal, “que mezcla el terrorismo con otros asuntos y criminaliza las ideologías”, dice Tardá. El precepto define el terrorismo y engloba la comisión de delitos graves “con la finalidad de subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado”, lo que según ERC podría incluso ser aplicable a los independentistas. También piden la eliminación de la prisión permanente revisable y la presencia de los Mossos en Europol (algo que el Gobierno ya ha aceptado). “Constatamos las diferencias, lo que no haremos es pasar de observadores a firmantes si no cambia lo que nos separa”, subraya el portavoz de ERC.
EL PDeCAT también se encuentra cómodo en su posición de observador, y su portavoz parlamentario, Carles Campuzano, destaca que “lo relevante es que exista un consenso real entre todas las fuerzas”, y no tanto su adhesión a un texto, toda vez que “las decisiones fundamentales son técnicas, no políticas”.
El PSOE, promotor del pacto antiyihadista en 2015 —lo impulsó Pedro Sánchez— coincide con el Gobierno en que el foro sea más amplio y plural. Los socialistas reivindican el pacto como el “marco necesario de diálogo” y lo incardinan en la necesaria unidad que defienden en la lucha antiterrorista. “En la lucha contra el terrorismo el PSOE va a estar siempre con el Gobierno”, remarcó Margarita Robles tras la reunión del pacto el lunes 21.
“Hacerlo operativo”
“Después del atentado que hemos sufrido, hay que hacer una evaluación del pacto, para ver qué estamos haciendo bien y qué se puede mejorar”, opina José Manuel Villegas, de Ciudadanos. “Habría que establecer reuniones periódicas del pacto para evaluar la política antiterrorista, que el Gobierno nos diga en qué línea está trabajando y que los partidos podamos aportar nuestras opiniones”, afirma. El objetivo es “hacerlo realmente operativo”. “Hay que dar un paso más e intentar que el pacto sirva para mejorar la política antiterrorista de una forma consensuada”, remata Villegas, cuyo partido apuesta porque España impulse un gran acuerdo europeo en materia antiterrorista.
Será en el marco del pacto, coinciden los principales partidos, donde debieran plantearse las propuestas y reformas para avanzar en la lucha contra el yihadismo. El PSOE defiende no abrir debates “en caliente” y planteará las propuestas “dentro de la unidad y en el pacto antiyihadista”, explican en la formación de Pedro Sánchez.
El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha planteado ya la revisión de las relaciones empresariales de España con países como Arabia Saudí y Qatar, “así como implementar un control férreo de los flujos financieros y de los paraísos fiscales (clave en la financiación de las redes terroristas)”, escribió el martes en Facebook. El partido trató de promover un foro alternativo al pacto antiyihadista en noviembre de 2015 —el “consejo de paz”— en el que puso sobre la mesa una serie de medidas para luchar contra el yihadismo entre las que se encontraba la intervención en las guerras de Siria e Irak. En todo caso, ahora “no es el momento de lanzar propuestas, sino de seguir el ejemplo que nos ha brindado la sociedad catalana y apoyar la movilización ciudadana para reflejar la unidad frente a la barbarie”, afirman fuentes del partido.
Los ocho puntos del “acuerdo para afianzar la unidad”
1. Modificación del Código Penal. Tipifica como delito de terrorismo el desplazamiento al extranjero para unirse a grupos terroristas, la captación y el adiestramiento (también pasivo), el uso de las redes sociales e Internet a esos efectos, las conexiones con las redes de facilitación de terroristas y la financiación.
2. Máxima pena. A los delitos de terrorismo con resultado de muerte les será siempre aplicable la "Máxima pena privativa de libertad" recogida en el Código Penal, que es la prisión permanente revisable, introducida por las PP.
3. Eficacia en la Investigación. Reforzar el marco jurídico para permitir a jueces, fiscales y Cuerpos de Seguridad ser más eficaces en la investigación de estos delitos.
4. Recordar a las víctimas. Asegurar su reconocimiento.
5. Recursos. Garantizar los recursos humanos y materiales para luchar más eficazmente contra el terrorismo en la Administración de Justicia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los servicios de inteligencia.
6. Contra la radicalización. Políticas activas para erradicar cualquier forma de radicalización violenta, incluidas las expresiones de racismo, xenofobia o discriminación.
7. Foros Internacionales. Promover en la Unión Europea y en instituciones internacionales la adopción de políticas de prevención, persecución, cooperación y sanción penal contra el terrorismo. Como el registro de las listas de pasajeros (PNR).
8. Cortes. Promover en el Congreso iniciativas que cumplimenten todo lo anterior.
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