El Gobierno tendrá que explicar en el Congreso la detención del periodista turco
La Audiencia Nacional decide no conceder la libertad provisional a Hamza Yalçin
Los partidos de la oposición han forzado este jueves que Rafael Catalá, ministro de Justicia, tenga que acudir al Congreso para explicar la detención y posible extradición a Turquía del periodista Hamza Yalçin. El opositor turcosueco fue detenido el 3 de agosto en el aeropuerto de El Prat (Barcelona), en cumplimiento de una orden cursada por la Interpol a petición del Gobierno de Recep Tayyip Erdogan, que le acusa de terrorismo. Además, la Audiencia Nacional ha desestimado este jueves su puesta en libertad provisional al considerar que hay riesgo de fuga.
Yalçin, de 59 años, es periodista, tiene nacionalidad sueca y está en prisión desde el día 3. La policía también detuvo el 19 de agosto a Dogan Akhanli, escritor de 60 años y nacionalidad alemana. Los partidos de la oposición consideran que sus vidas corren peligro si son extraditados a Turquía, que les reclama acusándoles de terrorismo. En consecuencia, este jueves se han unido para que Rafael Catalá, ministro de Justicia, explique su situación la próxima semana en el Congreso. El PSOE, además, preguntará sobre esta cuestión a Alfonso Dastis, el ministro de Exteriores. La decisión final sobre el futuro de Yalçin y Akhanli se tomará en el Consejo de Ministros.
“Por sus antecedentes de persona comprometida con las libertades, pende sobre su cabeza la espada de Damocles de ser extraditado y sufrir, como están sufriendo miles de personas, las consecuencias de la represión de Erdogan”, ha dicho Joan Tardá, de ERC, que recordó la dura respuesta del presidente turco al golpe de Estado fallido de 2016. “Hablamos de 156 medios de comunicación cerrados, 2.500 periodistas despedidos acusados de terrorismo, 47.000 personas encarceladas y 100.000 funcionarios destituidos”, ha enumerado durante su intervención en el pleno de la diputación permanente en el que se votó la comparencia de Catalá en la comisión de Justicia. “Hay que tomar cartas en el asunto”.
El periodista turcosueco, que reside desde 1984 en el país escandinavo, está encarcelado en la prisión de Brians I (Barcelona). Durante su viaje, que tenía Londres como destino, pasó sin mayores problemas por Italia y Grecia, hasta ser detenido en España en aplicación de una orden de la Interpol. Desde entonces, distintas asociaciones de escritores y periodistas, así como gobiernos e instituciones europeas, se han posicionado en contra de que sea entregado a Turquía.
“Soy un activista que Erdogan considera perjudicial para su poder”, argumentó Yalçin en una carta enviada a la prensa. “Se habían iniciado procesos judiciales contra nuestra revista porque mis artículos criticaban a Erdogan y a sus generales. Erdogan lo hace siempre, para acallar a la prensa de la oposición”.
El Ejecutivo sueco contacta con el español
Margot Wallström, ministra de asuntos exteriores de Suecia, ya ha mantenido una conversación con Alfonso Dastis, su homólogo español, para pedirle que examine “urgentemente” el caso del turcosueco Hamza Yalçin.
“He hablado con el ministro español de asuntos exteriores y le he dicho lo importante que es no permitir que las órdenes de captura [de la Interpol] sean utilizadas por razones políticas”, resumió Wallström en un comunicado. “Las autoridades españolas tienen que examinar urgentemente la cuestión”, añadió. “La Interpol no debe ser utilizada por razones políticas. Es especialmente grave en los casos en que se corre el riesgo de influir en la libertad de expresión”.
En el caso del escritor turcoalemán Dogan Akhanli —que fue detenido a mediados de mes en Granada— el Gobierno alemán ya ha pedido al español que no lo extradite a Turquía.
La canciller Angela Merkel incluso ha planteado la posibilidad de tratar este tema con Mariano Rajoy. Los dos líderes coincidirán el lunes en París, donde Emmanuel Macron, el presidente de Francia, se reunirá con ellos y con su homólogo italiano Paolo Gentiloni.
Turquía tiene hasta el 11 de septiembre para formalizar su petición de extradición. El Gobierno de Erdogan tampoco ha reclamado aún formalmente la de Akhanli, que está en libertad provisional y no puede salir de España mientras se decide su futuro.
“Como hay un segundo caso, es aún más urgente aclarar estas actuaciones”, ha asegurado Txema Guijarro, de Unidos Podemos. “Hay que aclarar qué tipo de colaboración existe, si es que existe, entre el Gobierno de España y el de Turquía en esa política de depuración que emprendió Erdogan tras el fallido golpe de estado”.
“Invocamos que la extradición es un acto de soberanía”, ha añadido Juan Carlos Campo, del PSOE, recordando que el Ejecutivo de Mariano Rajoy tendrá en sus manos la decisión final a través del Consejo de Ministros. “Entorno a la petición de extradición de Hamza Yamçi concurren demasiadas sospechas”, ha opinado. “Sus pasos por Italia y Grecia no generaron ningún tipo de actuación”.
“Tenemos la sensación de que el Gobierno de Turquía está ejerciendo de forma torticera un procedimiento de Interpol, utilizándolo para perseguir a disidentes políticos”, ha coincidido Fernando Maura, diputado de Ciudadanos.
Libertad denegada
El PP, partido que sostiene el Gobierno, se ha quedado solo frente a la oposición. Francisco Martínez Vázquez, diputado popular, expresó su “perplejidad” ante los argumentos del resto de partidos, recordando que en esta fase del proceso de extradición el Ejecutivo no tiene ninguna capacidad de decisión, puesto que los dos casos están en manos de los jueces.
“Lo que ha sucedido aquí es que este ciudadano ha sido detenido como consecuencia de una orden internacional de detención y que un juez ha ordenado su ingreso en prisión provisional”, apuntó el diputado del PP durante su intervención en la reunión de la diputación permanente. “Hasta ahora solo tenemos decisiones judiciales”, ha recordado Martínez Vázquez. “¿Qué explicaciones quieren que dé el ministro de Justicia si el procedimiento ni siquiera ha empezado?”, se preguntó “No hay ningún margen de decisión del Gobierno. Ni siquiera se ha solicitado la extradición [formalmente]. Pedir la comparecencia del ministro tiene algo de visionario. ¿Qué va explicar?”.
En paralelo al debate del Congreso, la Audiencia Nacional ha decidido este jueves que Yalçin debe seguir en prisión, coincidiendo con la fiscalía en que hay riesgo de fuga y negando la petición de que se le conceda la libertad provisional, como a Akhanli.
“No es el momento de entrar en consideraciones sobre eventuales vulneraciones de derechos fundamentales, desviación en la motivación de la reclamación y eventual persecución por razón de la actividad politica del reclamado”, han razonado los magistrados en su auto de denegación. “El riesgo de fuga es factor fundamental para mantener la prisión”.
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