La DGT ha perdido a una quinta parte de sus examinadores en una década

España ha perdido casi un 20% de los examinadores de tráfico en cerca de una década. Es decir, desde 2009, la plantilla de los trabajadores encargados de evaluar las habilidades de quienes quieren sacarse el carné de conducir se ha reducido una quinta parte. Este colectivo tiene convocada una huelga indefinida a partir del 4 de septiembre por la que el Defensor del Pueblo ha manifestado ya su "preocupación". Los paros parciales que mantienen los examinadores desde junio han provocado la suspensión de casi 100.000 exámenes de conducir. Este martes se han reunido con el director general de la Dirección General de Tráfico (DGT), Gregorio Serrano, sin llegar a ningún acuerdo. 

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La plantilla de los examinadores de tráfico estaba formada en diciembre de 2009 por 927 personas, que nueve años después ha caído hasta los 745. En estos años, la mayor caída de la plantilla se produjo entre 2012 y 2013, cuando se perdieron 59 puestos de examinador, según datos oficiales de la DGT que ha obtenido EL PAÍS. La cifra de junio de este año consta en una respuesta parlamentaria del Gobierno a Miguel Ángel Heredia (PSOE).

El conflicto laboral entre los examinadores y la DGT, que se inició en junio con paros parciales, tiene visos de enquistarse, puesto que la huelga indefinida que hay convocada para el 4 de septiembre no se ha desconvocado tras la reunión que los dos actores han mantenido este martes. El director de la DGT, Gregorio Serrano, se ha reunido con el comité de huelga designado por los examinadores para negociar una posible suspensión, sin éxito.

Los funcionarios reclaman que se les reconozca un complemento salarial que ya pactaron con la Administración en 2015, tras seis semanas de movilizaciones que acabaron con más de 60.000 pruebas suspendidas. Sin embargo, el conflicto salarial no es ni mucho menos el único motivo de los paros. Como demuestran los datos obtenidos por este diario, el colectivo ha ido perdiendo efectivos progresivamente, lo que ha aumentado la carga de trabajo de los examinadores.

La reunión con la DGT ha durado casi cuatro horas y ha terminado con una propuesta de Tráfico de un 50% de servicios mínimos. El director de Tráfico ha repetido a los examinadores "lo mismo que en anteriores reuniones, es decir, que la DGT no tiene competencias para autorizar la subida retributiva que piden los examinadores". En un comunicado, Tráfico añade que "a pesar de ello, ha defendido ante el órgano competente, Ministerio de Hacienda, los argumentos de los examinadores en numerosas ocasiones" y que la respuesta que ha obtenido es que "no se pueden aprobar subidas salariales al margen del resto de funcionarios del Estado que también aspiran a dichas subidas retributivas". Según la asociación que agrupa a los examinadores, Asextra, la DGT no ha hecho ninguna propuesta.

Así las cosas, no parece que los futuros conductores vayan a tener más fácil sacarse el carnet en otoño de lo que lo han tenido este verano. Las quejas no han dejado de llegar al Defensor del Pueblo, que hasta ahora ha recibido 1.700 protestas ante la dificultad de examinarse. Se han cancelado cerca de 100.000 pruebas, según la CNAE, la Confederación Nacional de Autoescuelas.

El Defensor del Pueblo asegura que "el elevado número de ciudadanos afectados hace necesario que la DGT adopte medidas de forma urgente" para normalizar la situación lo antes posible. El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha mostrado su "preocupación" por los paros parciales, un conflicto que "tiene visos de agravarse en los próximos meses, convirtiéndose en una huelga indefinida que podría afectar a más de 100.000 alumnos", ha concluido. 

El Síndic de Greuges, el Defensor del Pueblo catalán, Rafael Ribó, ha alertado este martes de que hay "un problema estructural de insuficiencia de plantilla" y también ha iniciado una investigación sobre la situación de los examinadores en Cataluña.

Los servicios mínimos para la huelga también han sido fuente de conflicto. La DGT en una primera propuesta planteó un 65%, algo que el comité de huelga consideró "absolutamente desproporcionado y fuera de cualquier discusión, máxime cuando este servicio no se considera esencial y no debería ni plantearse esta cuestión", según la asociación que agrupa a los examinadores, Asextra. 

El comité manifestó que estaría dispuesto a aceptar unos servicios mínimos del 20%, pero el director general ofreció un, "lo que los representantes de los examinadores tachan de abusivo y desproporcionado", según Asextra, que confirmó la falta de acuerdo.