Archivada la Operación Edén tras cinco años de errática investigación y 150 detenidos

La juez de Madrid Rosa María Freire ha decidido archivar (tras cinco años de equívoca instrucción) la macrooperación que condujo a la cárcel a varias decenas de personas del centenar y pico de detenidos caídos desde 2009 en la llamada Operación Edén. La policía la calificó como la mayor batida policial nunca hecha en España contra el crimen organizado. Si eran culpables los detenidos, se han ido de rositas; y si no lo eran, han sido víctimas injustas del sistema judicial y policial, que ha conculcado derechos fundamentales en las pesquisas, según la fiscalía. La causa está envenenada de irregularidades. No se puede pinchar un teléfono sin previa motivación y con la finalidad de buscar el delito en las escuchas, recuerda la fiscal Antonia Guijarro en su escrito de seis folios al que ha tenido acceso EL PAÍS y en el que deja en papel mojado uno de los sumarios más voluminosos de los últimos lustros.

El fiscal: es necesario que haya “fuertes presunciones o buenas razones” para pincharle a alguien su teléfono

La ahora cuestionada investigación nació como una pieza separada relacionada con la muerte, el 13 de enero de 2009, del ciudadano búlgaro Catalin Stefan Craziun, Cata, de 31 años. La policía, el Grupo XVI de la Udyco de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Madrid, enmarcó el crimen en supuestas mafias que se habían apoderado por la fuerza de la seguridad en las discotecas de Madrid y otras ciudades y pugnaban a muerte por su control. A Catalin Stefan, jefe de los porteros de la discoteca madrileña Heaven Palace, lo mataron a tiros. La posterior Operación Edén dio como resultado el decomiso de unos 200 kilos de cocaína y decenas de encarcelados. Pero en un Estado de derecho no vale todo, sostiene la fiscalía.

El pasado 26 de julio, la juez Freire dictó un auto ordenando el cese de las medidas cautelares que aun pesaban sobre algunos de los más de 150 detenidos en Edén, cifra récord en los juzgados de plaza de Castilla en una misma causa. Y justifica su decisión en que la Fiscalía de Madrid le ha pedido sobreseer la causa, lo que la obligaba a ella a acordarla al quedarse esta sin ninguna acusación. La titular del Juzgado de Instrucción 32 de Madrid no entran en valoraciones sobre lo que ha sucedido con esta polémica instrucción. Pero archiva los 200.000 folios de la causa tras recibir un escrito de la fiscal Guijarro en el que critica la vulneración de derechos fundamentales cometida con la “multitud de teléfonos” que se pincharon indebidamente y sin una causa previa justificada.

La fiscal no deja títere con cabeza en su alegato contra los macroprocesos acompañados de resonancia mediática que echan ramas que se van judicializando “sin conexión” y bajo el mismo paraguas. Sostiene que en un Estado de derecho no vale intervenir teléfonos en la confianza de los posibles delitos que pudieran arrojar las escuchas, que es lo que ha sucedido en la Operación Edén. Ni tampoco acumular en una misma causa delitos cometidos por grupos de personas sin relación alguna entre ellos y por delitos diferentes. El escrito de la fiscal menciona jurisprudencia del Constitucional y el Supremo sobre los límites de las intervenciones telefónicas y una resolución de la Sección 17 de la Audiencia de Madrid, que preside Jesús Fernández Entralgo,  que dio carpetazo a otro sumario que tampoco respetó derechos fundamentales de los implicados.

Dice la fiscal que las ramificaciones surgidas en Edén no tienen conexión entre sí ni relación con el origen de esta operación: el crimen de Catalin Stefan a manos de Carlos Monje, quien sí fue condenado por ello a 23 años de prisión. Monje, El cuchillos, mató a Stefan en el descansillo de entrada a la discoteca Heaven Palace, con 700 personas dentro. Y declaró que todo sucedió tras negarle la entrada Catalin Stefan por su indumentaria, pero nada dijo de tramas nocturnas. Sin embargo, la creencia policial de que tras este crimen había una lucha mafiosa por el control de la noche engordó y engordó la Operación Edén con otros asuntos ajenos a este homicidio. En la huida de Monje del local, perseguido por otros porteros, y en medio de disparos, también cayó abatido un relaciones públicas de la vecina discoteca Joy Eslava, sobrino del expolítico andalucista Alejandro Rojas Marcos.

La fiscalía sostiene que de este homicidio se colgaron nuevos hechos que nada tenían que ver unos con otros. Una de las ramas inconexas de este macrosumario aludía, por ejemplo, a una supuesta relación con el caso Coslada, hecho que también se desvaneció durante la instrucción. El asesino de Cata dijo pertenecer a la banda criminal de Los Miami (en 2009 esta banda ya no existía, replicó la policía), y a Cata, se le vinculó con clan de los búlgaros. Nada estaba claro. También fue detenida, en otra de las ramas, la llamada Reina de la Coca de España.

No se puede pinchar un teléfono sin más o con la finalidad de buscar el delito en las escuchas

El fiscal Guijarro arremete contra el instructor, el exjuez Santiago Torres, al que atribuye haber acumulado todas las diligencias del caso “sin motivación” y al ver en ellas, sin pruebas, una organización criminal; y también por basar las primeras pesquisas “en informaciones populares”, de calle, que decían que la muerte de Cata formaba parte de una guerra a muerte entre mafias de porteros que además escondía venta de drogas en locales de ocio.

Pero el homicida de Cata nunca habló de vendettas ni de guerras. Señaló tras su detención que Cata le propinó una brutal paliza durante la cual se le cayó la pistola y que él se la arrebató y le disparó en defensa propia. La sentencia condenatoria, 23 años, le desmiente en este aspecto y señala que él llevaba la pistola y que quiso entrar en la discoteca contra el criterio de Catalin Stefan y que, al no conseguirlo, le disparó con su propia pistola.

El fiscal sostiene que de este homicidio se colgaron nuevos hechos que nada tenían que ver unos con otros

El fiscal acude a uno de los primeros informes de la policía, de 2009, que advertía de que "no tenía constancia" de connivencias entre dueños de discotecas para dejar vender droga dentro, ni de que existiese una trama organizada: solo existían “sospechas” de que a veces se utilizaba la fuerza por el control de las discotecas. El juzgado desoyó ese primer informe e intervino “una multitud de teléfonos”. El fiscal critica que la investigación se iniciase "en base a sospechas, informaciones populares y corazonadas", pero "sin indicios concretos". 

Las pesquisas involucraron a “multitud de sujetos de diversas partes del territorio nacional, la mayor parte sin conexión entre sí, que iba apareciendo en las diligencias sin orden ni concierto, a la vez que se solicitaban (por la policía) y se concedían (por el juez) una multitud de intervenciones telefónicas”.  Recuerda el fiscal que todos los implicados negaron su participación “en el maremágnum de hechos que se les imputaban”.

"Investigación prospectiva"

Esta es la típica “investigación prospectiva o predelictual”, proscrita por la ley, destaca Guijarro. No se puede investigar a alguien, con medidas tan importantes como pinchazos telefónicos y registros, para ver si ha cometido un delito, y solo cabe intervenir un teléfono si el delito es grave. Y añade que el juez, como director de la investigación, “no puede adoptar un papel pasivo” ante las “sospechas o corazonadas” que pueda verter la policía en sus informes. Es necesario que haya “fuertes presunciones o buenas razones” para pincharle a alguien su teléfono. Lo dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, recuerda también la fiscal al pedir el archivo de la causa, que estuvo secreta muchos meses.

Apela igualmente para fundamentar el archivo a la teoría del árbol envenenado (lo viciado pudre el resto) y alerta contra los relatos policiales fundados en suposiciones. Aunque el sumario estaba muy avanzado y se nutría de decenas de miles de folios, la actual titular del juzgado 32 ha decidido darle el carpetazo sin esperar siquiera a que la Audiencia de Madrid analizase las decenas de recursos de los afectados que tenía sobre la mesa pidiendo el archivo de la investigación por vulneración de derechos fundamentales en la Operación Edén. Y todo ello tras cinco años de fallida instrucción en la que en la que han trabajado decenas de personas, entre funcionarios judiciales, penitenciarios, policías y peritos.