La Audiencia de Madrid ordena indagar si se siguió a la doctora Pinto

Los tres magistrados de la Sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid han ordenado a la titular del Juzgado de Instrucción 26 de Madrid, Concepción Jerez —que investiga la denuncia del empresario Javier López Madrid contra la doctora Elisa Pinto—, que practique varias de las diligencias que la dermatóloga había solicitado en su defensa y que la magistrada había rechazado. Entre ellas, que se reclame a la Dirección General de Tráfico las imágenes que grabaron sus cámaras del coche de la doctora en sus desplazamientos fuera de Madrid durante los meses en los que asegura que fue acosada y sufrió dos apuñalamientos. La dermatóloga asegura que fue seguida.

Un informe policial incorporado a la causa aseguraba que en dichas grabaciones no existían indicios de estos supuestos seguimientos, pero el documento no incorporaba las imágenes analizadas para llegar a esa conclusión. Por ello, la defensa de Pinto las pidió en febrero de 2016 con el argumento de que en otros informes policiales se habían cometido errores al estudiar grabaciones similares. Pese a ello, la juez Jerez rechazó la práctica de la prueba al considerar que la dermatóloga no había concretado el periodo. Su abogada lo hizo en un nuevo escrito del 20 de abril de aquel año, que ahora la Audiencia considera suficiente para considerar dicha diligencia “pertinente”.

Datos telefónicos

También dan luz verde a la práctica de otras dos pruebas. La primera, que se entregue a la defensa de Pinto “copia íntegra” del contenido de los dos terminales de teléfono que utilizaba López Madrid y que en su momento fueron analizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. También, la toma de declaración como testigo del representante de Aiuken Solutions SL, que hizo el borrado de uno de ellos. Este ya declaró en la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción 39 también a petición de la doctora Pinto.

Sin embargo, la Audiencia Nacional ha rechazado otras pruebas solicitadas por la dermatóloga, entre ellas que la UCO se hiciese cargo de las pesquisas. La doctora alegaba la posible contaminación de la Policía Nacional dada la estrecha relación del empresario con varios comisarios. Los magistrados consideran que con la causa a punto de ser concluida y sin ninguna investigación policial pendiente, no es necesario que participe esta unidad de la Guardia Civil.