El Gobierno acusa a la Generalitat de usar a los empleados públicos como “escudo”

Soraya Sáenz de Santmaría, vicepresidenta del Gobierno, ha acusado este martes a la Generalitat de "presionar" a alcaldes, funcionarios e interventores para que asuman la responsabilidad de organizar el referéndum de independencia ilegal anunciado para el 1 de octubre. "Las presiones las ponen ellos para que la responsabilidad la asuman otros", ha dicho la representante del Ejecutivo sobre el Gobierno de Carles Puigdemont, al que también ha culpado de influir en los comunes de Ada Colau para que faciliten la votación en Barcelona y de intentar condicionar a los medios de comunicación. "En el Gobierno estamos para amparar al conjunto de los empleados públicos y evitar que la Generalitat los ponga como escudo a la hora de llevar a cabo decisiones que son ilegales", ha advertido.

Sáenz de Santamaría ha empleado el último año en buscar puntos de encuentro con el Gobierno de Puigdemont. La vicepresidenta ha mantenido en ese tiempo múltiples reuniones con representantes de los partidos políticos catalanes. Al tiempo, su equipo ha trabajado en una respuesta al documento con 46 reclamaciones que le hizo llegar la Generalitat. Esa estrategia de diálogo abierto ha quedado postergada tras el anuncio de que Puigdemont quiere celebrar una consulta de autodeterminación el próximo 1 de octubre. Además, la ley de ruptura, adelantada por EL PAÍS, y la del referéndum, han disparado las alarmas en el Gobierno. El Ejecutivo considera que la Generalitat está intentando influir en los medios de comunicación (vinculando la publicidad institucional a su apoyo a la independencia); "ninguneando" a los partidos políticos de la oposición (dificultando su trabajo en el Parlament); y "presionando" a los empleados públicos (pidiéndoles que asuman la responsabilidad de organizar el referéndum). 

"Hoy la presión de los independentistas también es a los Comunes, es lo que tiene la equidistancia y la ambigüedad", ha argumentado Sáenz de Santamaría durante una intervención ante el grupo parlamentario del PP en el Congreso de los diputados. "Todo lo que plantean vulnera la legalidad internacional, la constitucional y la estatutaria catalana", ha seguido. Y ha subrayado: "Cada vez están más solos y tienen más miedo a asumir sus responsabilidades. No siendo capaces de asumir la responsabilidad en un proceso ilegal, que dejen de presionar para que otros la asuman por ellos".

El Tribunal Constitucional advirtió en abril a los consejeros y altos cargos de las consecuencias penales que deberían afrontar si se involucran en la organización de la consulta. En consecuencia, según la vicepresidenta del Gobierno, los responsables de la Generalitat están intentando derivar la responsabilidad de los preparativos del referéndum a empleados públicos, alcaldes y concejales. "Las presiones a los funcionarios ya son la tónica", ha lamentado Sáenz de Santamaría.