Una hoja de ruta con riesgo para el bolsillo

El fulminado consejero de Empresa de la Generalitat de Cataluña Jordi Baiget no andaba desencaminado el pasado lunes cuando expresó, en una entrevista en prensa, su temor a los riesgos “contra el patrimonio” por participar en la preparación del referéndum ilegal de autodeterminación previsto para el 1 de octubre. La fiscalía ha comenzado a atacar al bolsillo de los principales responsables de las iniciativas secesionistas, que se exponen a tener que devolver a sus arcas los fondos públicos empleados para su celebración.

El 2 de junio, el ministerio público solicitó al Tribunal de Cuentas una investigación para que el expresident Artur Mas y los exconsejeros Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega reintegren los 5,12 millones que se considera probado que salieron del erario público para organizar el “proceso participativo” del 9-N de 2014. Aunque en el proceso penal Mas y los exconsejeros no fueron acusados por la fiscalía de malversación de caudales públicos —y, por lo tanto, no pudieron ser condenados por ese delito, que acarrea penas de cuatro a ocho años de cárcel y la devolución del dinero—, el ministerio acudió al Tribunal de Cuentas para lograr la restitución de los fondos. Los cuatro fueron, en cambio, condenados a multas por desobediencia de entre 24.000 y 36.000 euros (además de inhabilitados). Las organizaciones defensoras del referéndum han realizado cuestaciones para pagar estas sanciones, que, en cualquier caso, palidecen ante la posibilidad de tener que reincorporar al erario público el coste de un proceso electoral completo.

El 9-N costó unos ocho millones, de los que 5,12 salieron directamente del presupuesto de la Generalitat y el resto lo sufragaron las entidades soberanistas Òmnium y ANC, que reciben subvenciones públicas. El coste de las elecciones autonómicas en Cataluña se situó en 2010 en 10,8 millones de euros. En los comicios anticipados de noviembre de 2012, esta suma ascendió a 15,9 porque los envíos electorales dejaron de ser gratuitos. En 2015, el gasto fue de 17,1 millones.

Si el Ejecutivo de Puigdemont sigue adelante en su intención de celebrar el referéndum ilegal del 1-O, y destina dinero público a tal fin, los responsables se exponen esta vez a ser acusados de malversación, además de desobediencia y prevaricación.

El ya exconsejero Baiget, en su entrevista del lunes en el diario Punt Avui manifestó que no está en el “núcleo duro” del Ejecutivo catalán que prepara la consulta secesionista y apuntó que no tiene tanto miedo a entrar en prisión como a los riesgos "contra el patrimonio", por lo que pueda afectar a su familia. Una condena por malversación podría implicar ambos males: la prisión y, además, el reintegro del dinero a su costa.

En el caso del 9-N, la sentencia detalla hasta el céntimo las partidas en que se gastaron los 5,12 millones de euros de la consulta ilegal. Según la denuncia de Sociedad Civil Catalana que dio pie a la investigación en el Tribunal de Cuentas a instancias de la Fiscalía en la construcción de una página web institucional se gastaron 14.837 euros; en material para la votación, 70.532 euros; en la adquisición de ordenadores portátiles para las mesas de votación, 828.171 euros. La póliza aseguradora para voluntarios ascendió a 1.409 euros; el soporte informático a la consulta costó 1.106.185 euros y el envío de información supuso un gasto de 307.962 euros.

La organización y celebración de la consulta del 1 de octubre no es el único gasto asociado al proceso independentista que puede acarrear quebraderos económicos a sus promotores. La investigación sobre los contratos para la puesta en marcha de las llamadas estructuras de Estado para una hipotética Cataluña independiente, para las que la Generalitat ha recurrido a una veintena de empresas, también están siendo investigadas, en este caso por la Audiencia Nacional, y la posible querella que se presente puede contemplar también los temidos delitos de malversación.