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El Gobierno pide por carta a los funcionarios catalanes que respeten la ley frente a la consulta del 1-O

"La Generalitat quiere descargar en los Ayuntamientos gran parte de su responsabilidad", advierten las misivas

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría; el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro (izda) y el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro (dcha).
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría; el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro (izda) y el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro (dcha). EFE

El Gobierno está enviando cartas a secretarios e interventores de los ayuntamientos catalanes para recordarles su obligación de cumplir la legalidad constitucional y estatutaria, así como los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, y recabar su colaboración ante el anuncio del Govern de la celebración de un referéndum sobre la indepencia el próximo 1 de Octubre (1-O), según una de esas misivas, a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

El secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, firma los escritos, fechados este lunes 3 de julio y que se han remitido en dos rondas: primero a las grandes ciudades y después a los municipios de menos de 5.000 habitantes. Sus receptores se encuentran repartidos en 947 ayuntamientos catalanes, las cuatro diputaciones y los 42 consejos comarcales, según publica este martes El Periódico de Catalunya.

La carta les avisa de que, en la medida en que "la Generalitat quiere descargar en los ayuntamientos gran parte de su responsabilidad en la organización de dicho referéndum", tienen la obligación del respeto a la legalidad constitucional y estatutaria y a los pronunciamientos del Constitucional. Además, les pide que colaboren cumpliendo la ley y les brinda "toda la colaboración y apoyo" frente a las dudas o incertidumbres que puedan tener mientras desempeñan sus funciones.

El escrito incide especialmente en que respeten a la legalidad en tareas sobre las que la Generalitat les puede solicitar ayuda como, la formación del censo, la formación de las Mesas o la reserva de lugares públicos para actos de campaña, entre otros, como el almacenamiento o distribución del material electoral.

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