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La brigada política usó a su policía en Zarzuela para exculpar a Villarejo

El inspector jefe Fuentes Gago elaboró mientras estaba adscrito a la Casa Real dos informes que eximían al comisario

El comisario Eugenio Pino, tras comparecer en la Audiencia Nacional.
El comisario Eugenio Pino, tras comparecer en la Audiencia Nacional.

Los diez meses que el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago estuvo formalmente adscrito al equipo de seguridad de la Casa Real -entre enero y octubre de 2015- no solo los dedicó a desplazarse en diez ocasiones Barcelona en plena Operación Cataluña, sino que también elaboró dos informes que evitaron que se abrieran sendos expedientes disciplinarios a su compañero, el comisario José Villarejo. En ambos casos, el señalado como destacado integrante de la brigada patriótica supuestamente dirigida por el entonces número dos del cuerpo, el comisario Eugenio Pino, concluyó que ni las actividades empresariales de Villarejo ni su decisión de grabar una conversación con el entonces presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, sobre su ático eran incompatibles con su actividad policial y descartaba que se le abriera un expediente disciplinario. Gracias a ello, el comisario se libró de una investigación interna.

El primero de esos informes tiene fecha de abril de 2015 y fue encargado por el Ministerio del Interior que entonces dirigía Jorge Fernández Díaz para saber si los negocios privados del comisario Villarejo eran compatibles con su función policial después de EL PAÍS revelase un mes antes que participaba en doce sociedades que sumaban un capital de 16 millones de euros. En este documento, el inspector jefe Fuentes Gago –que entonces llevaba ya cuatro meses adscrito sobre el papel al equipo de seguridad de Zarzuela- concluyó que las actividades de Villarejo se podían “incardinar en lo que son actividades excluidas del régimen de incompatibilidades” del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

El texto recordaba la ley de 1984 que fijó tales incompatibilidades para concluir que estas no existen en el caso del comisario hoy jubilado ya que “su actividad no supone un menoscabo del estricto cumplimento de sus deberes”, respeta de modo “absoluto” el horario de su puesto de trabajo y “no tiene relación con asuntos relacionados o que se refieren a las actividades que desarrolla en el Cuerpo Nacional de Policía o que sean de su competencia”. Por todo ello, concluía que no era preceptiva “la incoación del correspondiente expediente disciplinario”..

En el segundo informe, recientemente incorporado al sumario del caso Ático a petición de la juez instructora, el inspector Fuentes Gago aseguraba que en la Dirección Adjunta Operativa no se tenía "constancia registral de ningún escrito dando cuenta de la conversación grabada ni ningún soporte de audio conteniendo la citada conversación”, en referencia al audio de la charla que el policía mantuvo con Ignacio González a cuenta de su ático. Por ello, el informe daba por buena la versión que en su día ofreció sobre la misma el propio comisario Villarejo y en la que aseguraba que la entregó en 2011 al entonces número dos de la policía, el comisario Miguel Ángel Fernández Chico, fallecido en enero de 2012.

“Si bien […] no existe constancia registral de la entrega de la conversación grabada, no se puede negar veracidad a dicha afirmación, puesto en temas tan sensibles como el que nos ocupa, el uso y la costumbre nos hace pensar que existe la posibilidad de que dicha entrega se realizara en los términos descritos por el señor Villarejo”, afirmaba el presunto integrante de la brigada patriótica. Por todo ello, concluía, como en informe sobre su abultado patrimonio, que no procedía abrirle ningún procedimiento disciplinario. Era 25 de mayo y al inspector Fuentes Gago aún le quedaban cuatro meses y medio como supuesto "jefe de sección operativa" de la Comisaría de la Casa de Su Majestad el Rey. El próximo 5 de julio tanto él como su superior, el comisario Pino, declararán en la comisión de investigación del Congreso que investiga el supuesto uso partidista de la policía en la etapa de Fernández Díaz.

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