El Parlamento canario aprueba rebajar su ley del suelo

El Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles su nueva ley del suelo, una normativa que aumenta las competencias de los Ayuntamientos en materia urbanística y rebaja los controles que ejerce la comunidad autónoma. La legislación cuenta con el apoyo de Coalición Canaria (CC) —formación que gobierna el archipiélago—, el Partido Popular y la Agrupación Socialista Gomera (ASG). El PSOE, Nueva Canarias y Podemos han votado en contra. Los partidos que se oponen a la norma destacan que sus 27 diputados cosecharon en las últimas elecciones unos 70.000 votos más que los 33 parlamentarios que han dado luz verde al texto.

La votación de este miércoles ha ejemplificado la situación de profunda división que sufre el Parlamento canario tras la reciente ruptura del pacto de gobierno entre CC y PSC – PSOE. Los mayores intercambios de reproches han corrido a cargo de los nacionalistas hacia sus otrora socios en el Ejecutivo regional. CC ha tildado de "incongruente" la postura de los socialistas al oponerse a una ley que fue propuesta cuando ellos estaban en el Gobierno. Mientras, PSC – PSOE ha lamentado la falta de diálogo y ha puesto el acento en las diferencias irreconciliables que han motivado el voto negativo de Podemos y Nueva Canarias: la supresión de medidas de control en la utilización del suelo y el posible caldo de cultivo para la especulación urbanística.

El PP ha apoyado la ley escenificando las buenas relaciones con los nacionalistas, con los que se encuentran en negociaciones para un pacto de gobierno. El apoyo de ASG ha dado al Gobierno los apoyos necesarios para sacar adelante una legislación que ha despertado mucha polémica y respuesta social —este miércoles, casi un centenar de personas de se ha manifestado ante el Parlamento—, pero que se ha convertido en el buque insignia del Ejecutivo del presidente canario, Fernando Clavijo. La nueva norma ha salido finalmente aprobada con 33 votos a favor y 25 en contra (dos diputados han faltado al pleno).

El Gobierno canario justifica la necesidad de esta ley en la urgencia de reducir la "maraña legislativa" y de agilizar los procedimientos que se alargan "durante años" por los trámites burocráticos. Los críticos, que hace un año conformaron la Plataforma Canarias por un territorio sostenible —integrada por académicos, ecologistas, sindicatos, asociaciones de vecinos, urbanistas…— para oponerse a la norma, afirman que el nuevo articulado no solo no reducirá esta maraña sino que además creará una nueva: la judicial. Sostienen que el texto creará inseguridad jurídica porque elimina directrices comunes para todo el archipiélago y fomenta que los 88 Ayuntamientos de las islas pasen a competir entre sí. Y aventuran que los conflictos acabarán dirimiéndose en los juzgados.

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La plataforma reconoce algunos avances en la última fase de tramitación parlamentaria. Así, si en el proyecto de ley se permitía la actividad turística en el 10% de las propiedades agrarias en suelo rústico, ahora ha quedado limitada a un máximo de 250 metros cuadrados en edificaciones ya preexistentes. "No obstante, lo fundamental de esta norma no cambia. Hasta ahora no se estaba consumiendo suelo nuevo, que en las islas es escaso y frágil. Esta norma abre la mano para que se haga", explica Antonio Pérez, portavoz del colectivo crítico. "Sigue sin haber un organismo que vele por una visión global de toda Canarias, por lo que se fomentará la descoordinación. Además, la normativa recoge toda una serie de herramientas excepcionales que permitirán que las presiones urbanísticas hagan su efecto. No es que el articulado introduzca puertas traseras. Es que las puertas traseras se hacen casi delanteras".

Se refiere, entre otros instrumentos, a los denominados como proyectos "de interés autonómico o insular". La ley establece la posibilidad de que un promotor público o privado proponga un proyecto en cualquier tipo de suelo —con límites para los espacios protegidos— y que, si el cabildo o la comunidad autónoma lo autoriza, salga adelante con un trámite simplificado y prevaleciendo sobre el planeamiento ya existente. La norma, además, no especifica en base a qué criterios se determina que un proyecto es de interés general. "Nos preocupa que lo que antes tenía visos de excepcionalidad ahora tenga patente de corso", expone Nayra Alemán, portavoz socialista de Política Territorial.

Otro de los aspectos muy criticados de esta ley es el papel que da a los Ayuntamientos. Normalmente, estos proponen un plan general urbanístico y la comunidad autónoma hace de filtro porque es quien debe aprobarlo. Pero esta norma otorga a los cuatro municipios con más de 100.000 habitantes la facultad de evaluar ambientalmente su propio planeamiento y también de darle luz verde. "Son juez y parte", explica Emma Pérez-Chacón, catedrática de Geografía Física de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En los municipios con menos de 100.000 habitantes, la comunidad autónoma sí evaluará las líneas fundamentales de los planes de los Ayuntamientos. Pero muchas otras actuaciones dependerán solo del propio municipio.

"Esta ley cuenta con los suficientes elementos de control como para evitar un uso abusivo", replica José Miguel Ruano, portavoz de Coalición Canaria en el Parlamento autónomo, quien defiende que la norma va a suponer una simplificación administrativa y va a velar por la protección de los espacios naturales protegidos. En la Plataforma Canarias por un territorio sostenible aseguran que permanecerán vigilantes "proyecto a proyecto" para asegurarse de que así sea.