La construcción de los pilares del bienestar
La clave de las reformas sociales ha sido el carácter universal de las prestaciones
En 1977 España tenía un esbozo de sistema social creado por el franquismo en los años sesenta y setenta, pero era raquítico y altamente ineficiente. En 1973, el gasto social apenas representaba en España el 8,6% del PIB, cuando en Francia alcanzaba el 23% y en Alemania el 28%. Se había creado una Seguridad Social que se financiaba a partir de las cuotas de patronos y trabajadores, pero solo cubría a los asalariados que cotizaban. Apenas uno de cada cinco parados cobraba subsidio de desempleo.
El sistema educativo estaba troceado en múltiples redes e iniciativas y en cada inicio de curso había que improvisar aulas para atender la creciente demanda. Gran parte de los servicios, tanto en sanidad como en educación, estaban en manos de organizaciones vinculadas a la Iglesia, que aseguraba así su dominio ideológico. La confusión entre público y privado propiciaba todo tipo de clientelismos, corruptelas y apropiaciones.
El cambio se inició con los Pactos de la Moncloa “de saneamiento y reforma de la economía”, firmados en el mismo otoño de 1977. Sirvieron para superar la grave crisis económica de principios de los setenta y sentar las bases de la modernización del país. Con una inflación del 26%, unas estructuras económicas y sociales anquilosadas y fuertes desequilibrios tanto territoriales como en la balanza de pagos era imposible abordar la creación de un Estado de bienestar como el que se había desarrollado en Europa Occidental después de la II Guerra Mundial. Hacían falta reformas en profundidad, comenzando por un cambio radical de modelo fiscal que garantizara al Estado los ingresos necesarios. Con ese objetivo se introdujo el impuesto sobre la renta, de carácter progresivo, y el impuesto de sociedades.
España era toda ella una gran anomalía. Y no solo en ámbito fiscal. Para hacerse una idea, entre los objetivos de los Pactos de la Moncloa figuraba un programa de extensión del sistema educativo público que permitiera la completa escolarización porque ni siquiera eso estaba asegurado. Las carencias eran tales que en el documento se explicita el compromiso de crear en el año siguiente 400.000 plazas de EGB, 200.000 de preescolar y 100.000 de bachillerato. El acuerdo incluye la democratización del sistema, la gratuidad progresiva de la enseñanza y la unificación de las diferentes redes educativas. El programa de inversiones en las dos décadas siguientes logró una red educativa suficiente para atender las necesidades y prolongar la enseñanza obligatoria hasta los 16 años, pero el sector se ha resentido de la constante polarización ideológica sobre el modelo educativo. Desde las primeras elecciones se han sucedido hasta siete leyes generales de educación y más de veinte cambios legislativos de menor alcance. Los bandazos normativos han impedido consolidar un sistema estable y abordar lo que sigue siendo la gran asignatura pendiente: reducir el fracaso y el abandono escolar.
Fueron los Gobiernos socialistas los que completaron las reformas esenciales que permitieron consolidar un Estado de bienestar homologable
La Seguridad Social era otro de los grandes pilares del edificio social que precisaba de reforma y consolidación. En los Pactos se acordó un aumento del 30% de la masa global destinada a pensiones para el año siguiente y un cambio en el sistema de cotizaciones, que pasa a ser progresivo en función de los salarios. A partir de ese momento, el Estado se hizo también cargo de los subsidios de desempleo. La ampliación sucesiva del sistema de pensiones permitió asegurar la jubilación de la mayor parte de la población, independientemente de si había cotizado o no. Entre 1983 y 1989 se incorporaron un millón de pensionistas más al sistema. La Seguridad Social ha sufrido en los últimos años nuevas reformas destinadas a hacer frente a la carga que supone el envejecimiento de la población. La cuantía media de las pensiones ha sido siempre inferior a la de los países del entorno europeo, pero con el tiempo han ido mejorando. Aunque con problemas de sostenibilidad y rebajas a la vista, en los últimos años ha permitido amortiguar los peores efectos de la crisis económica gracias a la solidaridad intergeneracional, esta vez de los mayores hacia los jóvenes.
Sorprendentemente, el otro gran pilar del bienestar, el de la sanidad, quedó postergado en los Pactos de la Moncloa. Apenas dedica cinco líneas a la necesidad de promover la medicina preventiva, crear un servicio de orientación familiar e incorporar la salud mental en las prestaciones de la Seguridad Social. Nada se decía sobre el modelo ni sobre cómo garantizar el derecho a la protección de la salud de quienes no estaban cubiertos por el seguro obligatorio. La gran reforma sanitaria llegó en 1986, durante el primer Gobierno socialista, y fue el economista Ernest Lluch el encargado de pilotarla. Pese a la oposición de Alianza Popular, la ley salió adelante y consagró en España un sistema público de salud universal y gratuito, que sigue siendo nuestra gran joya de la corona. La ley reconoció el derecho a recibir asistencia sanitaria pública sin limitación alguna a todos los ciudadanos españoles y extranjeros residentes. Una reforma promovida por el PP en 2013 excluyó a los inmigrantes sin papeles del derecho a la asistencia, aunque su aplicación no ha sido general por la resistencia de las comunidades autónomas.
El resto de servicios sociales, incluidas diferentes modalidades de rentas mínimas para los más desfavorecidos, han tenido un desarrollo desigual, pues en gran parte dependen de las comunidades autónomas. Hasta 2006, bajo el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, no se completó el edificio con una nueva y muy importante iniciativa legislativa, la Ley de Dependencia, destinada a proteger a los dos millones de personas que sufren alguna discapacidad.
Los Pactos de la Moncloa sentaron las bases, pero fueron los Gobiernos socialistas los que completaron las reformas esenciales que permitieron consolidar un Estado de bienestar homologable, y en algunos casos incluso más avanzado en cuanto a derechos, con los del resto de Europa, aunque siempre ha tenido que sortear problemas de sostenibilidad y el gasto se ha mantenido unos puntos por debajo de la media europea. La clave de estas reformas ha sido el carácter universal de las prestaciones. Eso lo ha convertido en un elemento esencial de las políticas de redistribución de la riqueza. La calidad del sistema sanitario, con hospitales y programas punteros como el de trasplantes, es uno de sus mayores éxitos. Con una inversión dos puntos por debajo de la media, logra resultados iguales o superiores a los de otros países que gastan proporcionalmente mucho más. Ahora se resiente de los recortes provocados por la crisis, pero el modelo universal y gratuito ha logrado mantenerse incólume.
