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“¿Qué culpa tenemos los abuelos...?” Historia de una denuncia con consecuencias

Un error judicial obliga al Estado a pagar 20.000 euros a un matrimonio al que desde hace 10 años no le dejan ver a sus nietas

Ramón y Margarita, ambos de 74 años, no entienden lo que les está pasando, lo ven muy injusto. Cuenta su abogado Igor Fernández Barceló que temen irse de este mundo sin saber cómo han crecido sus nietas, qué aspecto tienen, si están bien… Cuatro y seis años contaban las pequeñas la última vez que las vieron. La justicia siempre les ha dado la razón, con independencia de las desavenencias matrimoniales entre su hijo y la nuera. La madre de las niñas no les deja verlas desde hace una década. Y eso que que desde 2007, Ramón y Margarita disponen de una sentencia firme que ordena a su nuera a dejarles estar con sus nietas al menos "un sábado alterno". Aún no ha sido posible. Y quizás nunca lo sea.

Un abuelo con su nieto en una imagen de archivo. Ampliar foto
Un abuelo con su nieto en una imagen de archivo.

El mismo juez que estableció que estos abuelos "tenían derecho a ver a sus nietas" no llegó a ejecutar su propia sentencia. Y así llevan diez años: “No hay derecho, es muy injusto", afirman Ramón y Margarita. "Nos han robado la vida de nuestras nietas; cuando nos miramos, sabemos que nos faltan nuestras nietas...". [En esta información se omiten datos identificativos y poblaciones donde residen los protagonistas y sus nietas].

"Nos las han robado en vida; cuando nos miramos, sabemos que nos faltan nuestras nietas...".

Un informe del Consejo del Poder Judicial y otro del Consejo de Estado, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, dan la razón a los abuelos y censuran los muchos años transcurridos sin una respuesta judicial adecuada. Y el Ministerio de Justicia ha tenido que pagarles 20.000 euros de indemnización.  10.000 euros a cada abuelo por los daños morales ocasionados y la inhibición judicial para obligar a que las niñas viesen a sus abuelos paternos. Sostiene el ministerio que se ha producido "un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia". "Esto no ha debido ocurrir; tantos años hace que se pierda la afectividad entre abuelos y nietos", destaca el letrado de los abuelos. 

Recurso contra los 20.000 euros de indemnización

A la hora de fijar la indemnización que reclaman tanto los abuelos (pedían inicialmente 100.000 euros para ambos) como el padre de las niñas (218.000 euros), el Ministerio de Justicia indica que su labor no es valorar la rectitud de las medidas adoptadas por los jueces. No puede hacerlo. Pero sí entra en las "injustificadas dilaciones" habidas en ambos procesos. Por un lado, han propiciado que se "rompa la afectividad abuelos/nietas, ya que los abuelos no han estado con ellas desde hace diez años. Y, por otro, que el padre volviera a verlas tras casi ocho años encausado. "La instrucción se demoró cuatro años, un retraso injustificado",  lamenta el Ministerio de Justicia en un informe sobre este asunto. Desde la denuncia por abusos en 2007 hasta el juicio y su absolución pasaron casi ocho años.

Respecto a los 218.000 euros que pedía el padre de las niñas por dilaciones y daños morales, Justicia señala que los sentimientos no son evaluables económicamente ("son estados emocionales subjetivos"), aunque admite las graves dilaciones. Finalmente, ha decidido indemnizarle con 10.000 euros. Entiende el ministerio que sí hay un daño moral por cuanto el padre volvió a ver a sus hijas cuando "estas ya tenían 13 y 11 años de edad" y después de ser absuelto en un largo proceso cuya duración no está justificada.

Los abuelos pedían 50.000 euros para cada uno, pero el Ministerio los ha dejado en 20.000 para ambos. Señala que ha habido dilaciones, pero culpa de que la sentencia que les permitía ver a su nietas se haya incumplido "a la actitud de la madre y de las propias nietas, que siempre se han negado a mantener una comunicación".  El abogado Igor Fernández asegura que va a recurrir ante la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional la indemnización de 20.000 euros acordada para los abuelos y los 10.000 para el padre de las niñas. Y ahora pedirá 200.000 euros para los abuelos dado que ya nunca podrán ver a las niñas. Las psicólogas del punto de encuentro han desaconsejado que tanto el padre como los abuelos se comuniquen con las niñas, que ya han crecido.

Ramón y Margarita acudieron por primera vez a la justicia el 22 de noviembre de 2007 pidiendo al juez que obligase a la madre para que les permitiera ver a las niñas. En ese momento su hijo y su nuera se estaban divorciando, con gran tensión. Ella pedía una pensión de 700 euros y él ofrecía 200: el juez de Familia la zanjó en 400. Y en este contexto la madre denunció al padre por abusar de su hija menor. Señaló que le notó rojiza la vulva mientras la bañaba y que la menor le contó que se lo había hecho su padre cuando, por su lado, también la bañaba. "Y él se tocaba flojito", detalló la madre que le refirió la menor.

Al principio, mientras se tramitaba el divorcio, pactaron que el padre tuviese a las niñas fines de semana alternos. Pero tras la denuncia por violencia de género, sustentada en maltrato doméstico y abusos sexuales, un juez ordenó al progenitor que no se acercase a ellas a menos de un kilómetro. Y así estuvo casi ocho años ante de que, tras una auténtica odisea, le absolviera la Audiencia de Tarragona en una sentencia especialmente dura contra la denunciante.

Numerosos peritos judiciales, forenses, pediatras y psicólogos, han intervenido en este asunto, y concluyeron que no existieron tales abusos. El tribunal de la Audiencia de Tarragona que absolvió al padre calificó de "seriamente inquietante" la denuncia materna. Los forenses indicaron en el juicio, y así lo asumió el tribunal, que el rojizo de la menor se debía a una "vulvovaginitis, frecuente en niñas de esa edad", dictaminaron. Y restaron credibilidad a la versión de la madre.

Mientras el hijo estuvo imputado, los abuelos paternos lucharon sin tregua por estar con las niñas, al menos los sábados, como había ordenado el juez en una sentencia de 2007. Pero los escritos judiciales de Ramón y Margarita recordándole que ejecutase de una vez su propio fallo y obligase a la madre a cumplir el régimen de visitas cayeron en saco roto. Y los años fueron pasando, y las niñas creciendo. El 11 de marzo de 2010, tres años después de la demanda de los abuelos, el juez celebró una vistilla con las partes para reiterar el derecho de aquéllos a estar con sus nietas, al margen de la situación del padre. Pero entonces la madre pidió al juez 60 días de plazo para llegar a un acuerdo con sus suegros sin necesidad de coerción.  El encuentro de abuelos y nietas apenas duró unos minutos. Estuvo presente una psicóloga, a instancias de la madre. Puso enfrente a los abuelos y a las niñas y dijo: "¿A qué no sabéis quiénes son?". Las niñas respondieron que no y se las llevó. Los abuelos se sintieron humillados, pero no cejaron en su empeño de estar con sus nietas en otras condiciones. 

Corría junio de 2010 y el asunto seguía paralizado. Nada se movió en el juzgado hasta mayo de 2012. Hartos de esperar a que el juez obligara a la madre a dejar las niñas con sus abuelos, estos se quejaron al Consejo General del Poder Judicial de la inacción judicial. El Consejo le pidió explicaciones y este replicó que de inmediato retomaría el asunto. Se excusó en que la demora se debía a problemas “estructurales del juzgado”.

Pese al toque de atención del Consejo, el juzgado no retomó el caso hasta el 25 de noviembre de 2013. En esta ocasión, el juez ya sí se mostró inflexible con la madre, pero esta volvió a hacer caso omiso (el abogado de los abuelos asegura que está estudiando "acusar a la madre por denuncia falsa contra el padre de las niñas", absuelto tras ocho años encausado en una sentencia que sugiere influjos maternos en las menores). Y se queja de que "el fiscal no haya hecho nada por preservar el derecho de las nietas a estar con sus abuelos, y viceversa".

"Lentitud, desidia e impunidad"

El abogado Igor Fernández señala: "Este caso debe ser una voz al problema para tantas familias que, a pesar de tener un régimen de visitas reconocido en sentencia, a causa de la negativa de los progenitores custodios y la lentitud, desidia y falta de medios legales y materiales de la justicia, en muchos de los casos se ven imposibilitados para materializar el cumplimiento de los derechos reconocidos en las resoluciones, sin apenas consecuencias ni para los infractores ni para la propia justicia responsable de las dilaciones".

Han confluido dos procesos en este asunto. Primero el de los supuestos abusos sexuales del padre a una de sus hijas, que acabó en absolución. Y segundo, el de los abuelos contra la exnuera, para ver a las nietas, que, aunque la justicia les dijo en 2007 que tenían derecho a estar con ellas, todavía hoy siguen sin verlas. Y posiblemente nunca las vean salvo que las nietas (ahora adolescentes) quieran.

El abogado Igor Fernández Barceló, en su despacho.
El abogado Igor Fernández Barceló, en su despacho.

El padre fue absuelto el 20 de diciembre de 2013 por la Sección Cuarta de la Audiencia de Tarragona. Tras quedar exonerado, él sí pudo ver de nuevo a sus hijas, en concreto, el 7 de abril de 2015. Pero solo estuvo con ellas “cinco o seis veces más”. Cada vez que iba al punto de encuentro judicial para verlas, las niñas le recibían “de espalda y mirando a la pared”, detalla el abogado Igor Fernández. Dejó de ir al punto de encuentro. "Tanto tiempo rompe la relación de afectividad familiar", señala el abogado. "Y algo parecido sucede con los abuelos". Tras los desencuentros y reveses del punto de encuentro, ni el padre ni los abuelos podrán ya ver a las niñas. Dada la edad actual y el férreo rechazo de las menores hacia el padre y los abuelos, las psicólogas del punto de encuentro han desaconsejado las comunicaciones. Unos y otras residen en pueblos diferentes de Barcelona y Tarragona.

"Vivimos con un vacío imposible de llenar, y teníamos nuestro derecho a ver crecer a las niñas, no ha sido así, y hay muchos abuelos a los que tampoco dejan ver a sus nietas". Ramón y Margarita empiezan a barruntar que la vida se acorta, sus nietas han crecido y que, quizás, se vayan sin verlas. "¿Qué culpa tenemos nosotros...?", se lamentan los abuelos.

Unos extraños para las niñas

El Consejo del Poder Judicial considera que el juez debió obligar a la madre a dejar a los niños estar con los abuelos y se remite al contenido del auto que dictó el propio juez el 25 de noviembre de 2013 (los abuelos llevaban entonces seis años y nueve meses sin poder ver a las niñas porque la madre se oponía). Los abuelos ya se habían quejado al Poder Judicial y aún faltaban dos años para que el magistrado ordenase de nuevo el cumplimiento del régimen de visitas con las nietas. Estableció el juez: “ (…) Es un dato objetivo el largo tiempo transcurrido desde que se interrumpió la relación entre los abuelos paternos y sus nietas, con el consiguiente perjuicio que ello conlleva y la dificultad añadida de retomar una relación con unos abuelos que para las menores prácticamente podrían ser unos extraños, [una] situación que si a alguien no es imputable, es a dichos abuelos paternos”.

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