Podemos propone que el fiscal general del Estado salga de una terna aprobada por el Congreso
El Gobierno elegiría al designado de entre tres candidatos votados por el Parlamento
Podemos quiere que el Parlamento tenga que aprobar la elección del fiscal general del Estado. El partido de Pablo Iglesias propone que el Ejecutivo designe al máximo responsable de la Fiscalía de una terna de tres candidatos aprobados por mayoría reforzada en el Congreso. Estos, a su vez, habrían sido propuestos previamente por el Consejo General del Poder Judicial y juristas de reconocido prestigio. La propuesta de elección del fiscal general formará parte de las medidas que Iglesias defenderá en la moción de censura, según ha adelantado el partido este lunes.
La formación quiere, además, que en la terna de los tres candidatos que vote y apruebe el Congreso uno tenga que ser mujer, según ha explicado la coportavoz de la Ejecutiva, Noelia Vera, en rueda de prensa en la sede de Podemos.
Podemos busca así la participación del Congreso en la elección del fiscal general del Estado, para evitar que un cargo de tal importancia se designe "a dedo" y sin considerar "la valía" del candidato ni su currículum, ha afirmado la portavoz. El Gobierno tendría, en todo caso, la última palabra.
En la actualidad, el Ejecutivo designa al fiscal general con un concurso muy limitado del Congreso—la persona elegida por el Gobierno comparece en comisión para que se valore su mérito y capacidad, aunque no se le vota—, tras oír al Consejo General del Poder Judicial. El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, se encuentra en el punto de mira tras haber sido reprobado por el Parlamento junto al dimitido fiscal Anticorrupción, Manuel Moix, y el ministro de Justicia, Rafael Catalá.
Ciudadanos también ha planteado que el Congreso participe en la elección del fiscal general. La propuesta del partido de Albert Rivera, adelantada por ABC, se prefigura similar a la de Podemos. El fiscal, según promoverá Ciudadanos en una proposición de ley, sería elegido por una mayoría reforzada del Parlamento (dos tercios o tres quintos) previa audiencia previa en comisión ante todos los grupos parlamentarios.
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