España deja volver a Suecia al cuñado del líder de Sendero Luminoso

Casi tres meses después, Juan Boris La Torre puede volver a casa. José de la Mata, juez de la Audiencia Nacional, ha decidido levantar las medidas cautelares dictadas contra este sexagenario, cuñado del exlíder de Sendero Luminoso, que permanecía atrapado en Canarias a la espera de que se resolviese su extradición a Perú, donde se le acusa de terrorismo por haber colaborado con la guerrilla en la década de los ochenta. El magistrado le retiró el pasaporte el pasado marzo, después de que la Policía lo detuviera en Las Palmas tras comprobar que pesaba sobre él una orden de búsqueda y captura de la Interpol.

"Perú lleva a cabo, desde hace años, prácticas de persecución política contra cualquiera que haya tenido alguna relación, aunque sea exclusivamente familiar, con miembros de Sendero Luminoso", ha explicado este lunes el abogado de La Torre, Eduardo Gómez Cuadrado, que ha detallado que su cliente ha regresado ya a Suecia. "No obstante, el procedimiento de extradición en España continuará su curso. Aunque confiamos en que se acabe archivando", ha apostillado el letrado.

Los agentes arrestaron al sexagenario el 6 de marzo en la ciudad canaria, adonde había llegado para pasar una semana de vacaciones procedente de Estocolmo, donde reside desde hace tres décadas. "Yo nunca he cooperado con Sendero Luminoso", afirmó La Torre a EL PAÍS, tras su detención. En 1981, el peruano salió de su país natal y se trasladó a Suecia, que le concedió la condición de refugiado. "Mi familia tuvo que huir porque, en aquellos años, existía una persecución contra nosotros. Nos acosaban porque mi hermana era la pareja de Abimael Guzmán [exlíder de la guerrilla]", apostilló: "Temíamos por nuestras vidas".

Su hermana Augusta —alias camarada Nora, fallecida en 1988 y número dos del grupo terrorista— fue la esposa de Abimael Guzmán, condenado actualmente a cadena perpetua en Perú. El Gobierno americano lo acusa, en cambio, de haber pertenecido a Sendero Luminoso desde 1987 hasta 1990; y de haber participado desde Europa en actividades de promoción y financiación del grupo terrorista. Durante la vista, el fiscal apuntó que los hechos que se le imputan "pudieran estar prescritos" conforme a la ley española. El Ministerio Público también ha respaldado que se levantaran las medidas cautelares adoptadas por la Audiencia Nacional.