La Audiencia Nacional confirma la prisión provisional de Ignacio González

La Audiencia Nacional ha rechazado este viernes el recurso del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y ha confirmado la prisión provisional incondicional en la que se encuentra desde el pasado 21 de abril por el caso Lezo de corrupción. El tribunal presidido por Ángela Murillo considera que persiste el riesgo de fuga y de reiteración delictiva por el que fue enviado a la cárcel por el juez Eloy Velasco.

La resolución recuerda que González “podría estar implicado en el pago de una comisión de 1,4 millones de euros” por la adjudicación del tren de Navalcarnero, y también ve delitos en la expansión del grupo societario Canal de Isabel II por Sudamérica. Además, el auto insiste en la idea de la “financiación irregular del PP de la Comunidad de Madrid a través del ente público dependiente de esta, la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid”.

“Baste poner de manifiesto la gravedad de los hechos que se imputan al apelante (…) y la gravedad de las penas que pueden llevar aparejados, como para que el riesgo de sustracción a la acción de la justicia no sea nada desdeñable”, afirma el tribunal.

Los jueces detallan todas las actividades y delitos que indiciariamente le atribuye el instructor y que podrían ser constitutivos de cohecho, prevaricación, fraude, malversación, corrupción en los negocios, negociaciones prohibidas a funcionarios, organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y delito contra la hacienda pública.

Para la Sala, el arraigo familiar en España como motivo de inexistencia de riesgo de fuga, su notoriedad pública y la supuesta carencia de medios económicos que invoca González en su recurso “no supone en este caso minimización de ese riesgo” de fuga. Añaden que la necesidad de apoyo familiar en estos momentos tampoco reduce el riesgo de que huya cuando hay otros miembros de su familia investigados y que podrían estar en sus mismas circunstancias. Ponen de manifiesto que uno de sus hermanos, Pablo, exdirectivo de Mercasa, también ingresó en prisión incondicional en esta causa.

Tampoco el hecho de su notoriedad pública es justificación para dificultar la sustracción a la acción de la justicia, dicen los magistrados, puesto que podría ir a otros lugares donde no goce de esa notoriedad y buscar refugio en países en los que haya menor nivel de cooperación policial y judicial, pudiendo mientras tanto mantenerse con los fondos que presuntamente ha desviado al extranjero y que no han sido intervenidos. En este punto recuerdan que una conversación entre dos investigados se afirma que el ritmo de vida del apelante no puede sostenerse con los ingresos justificados que tiene y uno de ellos dice que González tiene “dinerillo B”.

La Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia, órgano encargado en resolver los recursos del caso Lezo, ha confirmado también la situación de prisión provisional eludible bajo fianza de cuatro millones de euros para María Fernanda Richmond, exdirectora financiera del Canal de Isabel II.