Los españoles desconfían de la independencia de los jueces y fiscales ante la corrupción

Los ciudadanos españoles desconfían amplia y mayoritariamente de la independencia de jueces y los fiscales ante los casos de corrupción, que han marcado la agenda política de los últimos años. Así lo pone de manifiesto una encuesta de Metroscopia para EL PAÍS, que, entre otros datos, señala que el 67% de los ciudadanos considera que los fiscales anticorrupción no pueden actuar con total libertad. El 84% de los entrevistados tiene, además, la impresión de que los jueces reciben presiones para condicionar su actuación en los casos de corrupción.

La encuesta, con 1.200 entrevistas, se llevó a cabo entre los días 16 y 18 de mayo, antes de que se conociera que el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, posee una sociedad offshore en Panamá, lo que le llevó a dimitir el pasado jueves. El día 16, el Congreso reprobó al ministro de Justicia, Rafael Catalá, al fiscal general del Estado y al propio Moix, por las supuestas trabas de este último a la investigación del caso Lezo, por el que se encuentra en prisión el presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.

La sensación de que los magistrados encargados de investigar y juzgar causas de corrupción no logran actuar de forma imparcial e independiente está muy extendida. Así lo percibe el 64% de los encuestados, frente al 30% que ve a los jueces libres para actuar según su criterio. Esta imagen de subordinación del poder judicial es mayoritaria entre los votantes de todos los partidos de ámbito estatal con representación en el Congreso. Tres de cada cuatro votantes (77%) de Podemos en las últimas elecciones generales considera que los jueces no son imparciales e independientes, frente a casi la mitad (48%) de los electores del PP que son de la misma opinión.

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Peor imagen todavía tienen los ciudadanos de la actuación de los políticos en los casos de corrupción. Una mayoría aplastante (82%) está de acuerdo con la idea de que los miembros de los partidos prefieren no darse por enterados de las prácticas ilegales “para no meterse en líos” ni “crear problemas” a sus formaciones. Esta sensación también es muy mayoritaria (72%) entre los votantes del PP, el partido estatal más afectado por los escándalos, y se dispara (87%) entre los partidarios del PSOE.

El magistrado Javier Gómez Bermúdez, presidente del tribunal de la Audiencia Nacional que juzgó el atentado islamista del 11 de marzo de 2004, y ahora juez de enlace español en Francia, suele decir que los jueces son “profesionales de la presión”, en el sentido de soportar y hacer caso omiso de las influencias externas. Esta afirmación debería tranquilizar al 84% de los ciudadanos que opina que en los casos de corrupción los jueces reciben presiones para condicionar su actuación. Esta impresión es prácticamente universal (98%) entre los votantes de Podemos y del PSOE (90%), y solo se reduce al 60% en el caso de los electores del Partido Popular.

En el caso de los fiscales, solo entre los votantes del PP son mayoría (57%) quienes piensan que estos actúan con total libertad siempre o en la mayoría de las ocasiones. Los simpatizantes del resto de formaciones creen, muy ampliamente, que los miembros del ministerio público no disfrutan de esta libertad en su trabajo contra la corrupción.