Cifuentes ve motivos políticos en la acusación de corrupción

Un informe de la Guardia Civil incorporado al sumario del caso Púnica destaca la presunta participación de la hoy presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en las supuestas irregularidades detectadas en la adjudicación de un contrato en la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández, imputado en la causa por aportar fondos a la caja b del PP. Cifuentes tildó el documento de “juicio de valor sin fundamento jurídico alguno” y apuntó a una conspiración.

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El informe, remitido el pasado 1 de marzo al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y conocido ahora tras levantarse el secreto de sumario, destaca que Cifuentes intervino en las supuestas “valoraciones arbitrarias” de la Mesa de Contratación de la Asamblea de Madrid que desembocaron en la adjudicación, en 2009, de la gestión de los servicios de comedor y cafetería del edificio de la Cámara autónoma al Grupo Cantoblanco, propiedad del expresidente de la patronal madrileña.

Según los investigadores, en aquella adjudicación se tomaron decisiones que “podrían ser constitutivas” de delitos de prevaricación continuada y cohecho en los que “se aprecia la presunta participación” de la actual presidenta madrileña. Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción apuntaron que pese al contenido del informe, “a día de hoy” no se había abierto una investigación sobre Cifuentes, aunque admitían que no podían descartarlo en el futuro. Fuentes judiciales señalaron a EL PAÍS que Velasco está investigando el informe, pero “por ahora” no piensa imputar a la dirigente popular.

El documento de la UCO destaca que Cifuentes supuestamente “vulneró la imparcialidad” de la Mesa de Contratación al “compatibilizar” la presidencia de este órgano —que ocupaba por su condición en aquel momento de vicepresidenta de la Asamblea— con su pertenencia al patronato de Fundescam, la fundación del PP madrileño, cuando esta había recibido como donación 160.000 euros del empresario Arturo Fernández que fueron utilizados por los populares para financiar su campaña electoral de las elecciones autonómicas de 2007. Además, recalca que Cifuentes pertenecía, precisamente, al comité de campaña del PP para esos comicios como vocal de Participación Territorial. El informe de la UCO recuerda en varias ocasiones al juez la actual condición de aforada de la presidenta regional.

La respuesta de Cifuentes al informe llegó horas después. En una comparecencia ante la prensa, Cifuentes se desvinculó de cualquier actuación ilegal en su actuación como presidenta de la Mesa de Contratación de la Asamblea de Madrid. Cifuentes calificó el informe de la UCO de “juicios de valor, sin fundamento jurídico” y aseguró que así lo debía entender Velasco ya que no había tomado ninguna iniciativa contra ella, informa Esther Sánchez.

“En todos los años que fui presidenta del órgano de contratación, el 100% de las decisiones se tomaron por unanimidad de todos los partidos y en base a los informes técnicos”, puntualizó. Cifuentes también recordó que fue vocal de Fundescam entre febrero de 2005 y septiembre de 2008, un año antes del primero de los concursos objeto de investigación, y que su participación en la misma fue mínima. La presidenta madrileña sugirió la existencia de una posible conspiración al señalar que “están ocurriendo muchas cosas, muchas de ellas muy desagradables”. “En política no todo vale”, añadió.

Donaciones a Fundescam

Los agentes detallan que a través de una cuenta corriente de Fundescam “determinados empresarios y organismos empresariales ingresaron en el año 2007 importantes cantidades de dinero que fueron empleadas para sufragar gastos electorales no declarados como tales”. Entre estos donantes estaba Arturo Fernández, quien fue adjudicatario de “contratos públicos en los que se han detectado múltiples irregularidades penalmente relevantes”.

En dichas licitaciones participaron “cargos públicos que también pertenecían por entonces al Patronato de la fundación Fundescam cuando se efectuaron las aportaciones económicas detectadas, como es el caso de Cristina Cifuentes”, según recoge el informe. El documento policial enumera las seis “principales irregularidades” detectadas en esta adjudicación. Así, la Guardia Civil enfatiza que se incluyeron criterios de solvencia que impidieron a otras empresas participar, además de incluir fórmulas que “desnaturalizan el componente económico” de las ofertas que se presentaban para que no fuera este el que decidiera el mismo. Los agentes también destacan que el comité de expertos incluyó “subcriterios” de valoración que no fueron publicitados en los pliegos del concurso y dio un trato diferente a empresas que presentaban ofertas similares. En este sentido, destacan que el Grupo Cantoblanco “no presentó certificaciones que avalasen la experiencia”, como exigían los pliegos, y que pese a ello “no fue penalizada”.

Tres imputados

Con estos datos sobre la mesa, los investigadores preguntaron expresamente por Cifuentes a las otras tres personas que el informe señalaba como implicados en la adjudicación, y a los que tomó declaración como imputados. A Tatiana Recoder, letrada jefa de la asesoría jurídica de la Asamblea de Madrid, le preguntaron “si no apreció una incompatibilidad respecto a que Cifuentes fuese componente del comité de expertos y presidenta de la mesa de contratación en esa misma licitación". La abogada respondió que desconocía Cifuentes estaba al frente de ese órgano.

María Virtudes Merino, jefa de protocolo de la Asamblea e integrante del comité de expertos, declaró a la Guardia Civil que hubo una reunión “muy corta” y “meramente expositiva” para analizar las ofertas presentadas a esta adjudicación. Este encuentro se produjo en el despacho de Cifuentes. Allí, según Merino, Recoder expuso sus razonamientos jurídicos, pero no se deliberó sobre nada: “No había nada que discutir”. Finalmente, el funcionario Isaac Zubiri explicó a los agentes cómo se encargó del informe de valoración de las compañías que optaron al concurso y que, tras una reunión para estudiarlas, fue Cifuentes quien dijo que se hicieran las modificaciones que se habían planteado en esa cita y que se firmase el acuerdo.

En un escrito del 6 de marzo, Anticorrupción hizo suyas buena parte de las afirmaciones de la UCO sobre las supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos al Grupo Cantoblanco. En el mismo hablaba de “procedimientos de adjudicación” con “irregularidades por su falta de motivación, baremación y ponderación de las ofertas”.