El PP acelera su oficina contra la corrupción tras el ‘caso González’

El PP ha decidido acelerar la creación de una oficina para luchar contra la corrupción, impulsada en los estatutos en el congreso nacional y que se aprobará en la próxima ejecutiva, ante los fallos constatados en el caso de las denuncias internas contra Ignacio González, el expresidente madrileño hoy en prisión. Al PP le llegaron varios avisos, por distintas vías, sobre cuentas en Suiza de González y su enriquecimiento, pero no hizo nada, excepto apartarle de la candidatura para repetir en la Comunidad. La oficina anticorrupción del PP podrá investigar este tipo de asuntos incluso de oficio.

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“No somos la policía ni somos jueces para poder juzgar a nadie ni para llevar a nadie ante los tribunales cuando no existen pruebas y cuando además la persona (Ignacio González) y la organización, en este caso el PP de Madrid, lo desmienten con rotundidad”. Así contestó esta misma semana en una entrevista con Efe el número tres del PP, Fernando Martínez-Maillo, cuando se le preguntó por qué el partido no había hecho prácticamente nada cuando le llegaron por varias y diversas vías las sospechas de irregularidades y cuentas ocultas en Suiza sobre el expresidente madrileño.

Fue casi idéntica a la justificación que ofrecieron, también la pasada semana y en público, su antecesor en ese cargo de vicesecretario nacional de Organización, Carlos Floriano, y el secretario ejecutivo de Organización del PP, Juan Carlos Vera, cuando se les demandó explicaciones sobre su actuación al recibir en distintas ocasiones advertencias del exalcalde de Leganés Jesús Gómez, del mismo partido, sobre las actividades sospechosas del presidente madrileño. El PP se escudó en que citó a González, le preguntaron sobre esas cuestiones y él las negó. “¿Qué más podíamos hacer si no somos la policía, ni la fiscalía ni contratamos detectives privados?”, repitieron para parapetarse.

El PP celebró entre el pasado 10 y 12 de febrero en Madrid su 17º congreso nacional, tras cinco años sin convocarlo, con varios asuntos otra vez relacionados con la corrupción sin resolver. Una de las iniciativas promovidas por los organizadores del cónclave consistió en proponer (artículo 50.3 de los remozados estatutos) la creación “en el seno del comité nacional de derechos y garantías de una subcomisión que, con carácter permanente, velará de manera especial por el cumplimiento de las normas y compromisos a que han de ajustar sus comportamientos los cargos públicos del partido”.

Abogados e independientes

En la primera idea para su formación se apostó por seleccionar dos o tres vocales del comité ejecutivo nacional del PP, bajo la presidencia del ya existente comité de derechos y garantías. Es decir, muy integrada y controlada por la cúpula del partido y su presidente, Mariano Rajoy.

El caso González y los errores cometidos han ayudado a perfilar mejor esa nueva oficina anticorrupción, que ahora quieren que la compongan entre dos y cinco militantes independientes, es decir, que no ostenten ya cargos orgánicos o institucionales y que sean abogados o vinculados al mundo del derecho, y que puedan actuar sobre cualquier ámbito, por intermediación de terceros o de oficio y sin denuncia previa. Ese grupo solo dependería, para elevar sus conclusiones, del comité de derechos y garantías, que propondría las respectivas sanciones o expulsiones.

Las competencias de esa nueva oficina previstas en los estatutos incluyen desde “garantizar el cumplimiento de la normativa sobre declaraciones de bienes y actividades que han de prestar los cargos públicos del partido”, a redactar “el proyecto de declaración de bienes y actividades de los cargos públicos del partido, que habrá de someterse a la aprobación de la junta directiva nacional”. También “velar por el cumplimiento de los compromisos que, como garantía del respeto al programa electoral, asuman voluntariamente los candidatos y cargos” y custodiar las declaraciones y documentos citados.

La dirección del PP se ha basado para confeccionar las normas con las que funcionará esa oficina interna en lo redactado y expuesto ya en la ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, aprobada en la primavera de 2015, y que se integró en el denominado Plan de Regeneración Democrática que el Gobierno de Rajoy impulsó para contrarrestar su imagen de inactividad ante la corrupción. El objetivo con la ley de los altos cargos, y ahora con la figura del Compliance Officer en el PP, es fijar principios más rigurosos de prevención y gestión de los conflictos de intereses tanto para responsables del Ejecutivo como del partido. Este tipo de oficinas se han impuesto en los últimos tiempos en la mayoría de las grandes empresas privadas y su debate se discute también para su implantación en las diversas Administraciones.

El PP de Valencia, una de las organizaciones territoriales más afectadas por escándalos de sus cargos junto a la territorial madrileña, también propugnó en su congreso regional la composición de una oficina semejante, que está ahora por ultimar.

La dirección nacional del PP quiere acelerar ahora su puesta en marcha coincidiendo con este rebrote de la corrupción que ha surgido tras el caso de la moción de censura contra el expresidente de Murcia, las derivadas de Gürtel, las ramificaciones de Púnica y, sobre todo, el caso González. La orden dada por Rajoy a su partido, en esta ocasión, ha consistido en pedir que se dé la cara, que se ayude en las investigaciones judiciales y parlamentarias y que se comparezca lo máximo posible ante los medios de comunicación para desterrar la imagen de acorralamiento.

Los populares están a la espera para su aprobación definitiva de que se convoque, en las próximas semanas, un comité ejecutivo nacional o incluso una junta directiva nacional, el máximo órgano entre congresos, pero aún no han cerrado la fecha.