Murcia elimina los aforamientos

La Asamblea Regional de Murcia se ha convertido este miércoles en el primer parlamento autonómico que ha aprobado reformar su Estatuto de autonomía para eliminar la figura del aforamiento de sus diputados y miembros del Gobierno. La desaparición de esa protección especial para los representantes públicos, que evita que puedan ser juzgados por los tribunales ordinarios, era una condición "innegociable" para que Ciudadanos facilite la investidura este sábado de Fernando López Miras, del PP, como presidente de la comunidad autónoma, después de la dimisión el pasado 4 de abril de Pedro Antonio Sánchez. Aunque el PP ha mostrado su oposición a esa reforma durante todo el debate, finalmente, ha votado a favor, al igual que han hecho PSOE, Podemos y Ciudadanos.

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PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos han apoyado así suprimir el segundo párrafo del artículo 25.2 y del 33.7 del Estatuto, que tendrá que ser ratificado por las Cortes Generales para entrar en vigor, en un proceso que puede alargarse un mínimo de seis meses.

La eliminación de los aforamientos afectará entonces, directamente a la situación judicial de Pedro Antonio Sánchez, investigado en el caso Auditorio, ya que, aunque dimitió como presiente regional, no abandonó su acta de diputado. Al estar aforado, Sánchez, solo puede ser investigado por el Tribunal de Justicia de Murcia. El juez le atribuye posibles delitos de prevaricación, malversación, fraude y falsedad documental durante el proceso de adjudicación, construcción y recepción de un auditorio en Puerto Lumbreras entre 2006 y 2011, cuando era alcalde de ese municipio.

Por ese mismo motivo, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que investiga la trama Púnica, pidió al tribunal murciano que determine si abrir también investigación contra el expresidente por posibles delitos de cohecho, fraude y revelación de información por intentar contratar trabajos de reputación online con empresas de la trama con cargo a la Consejería de Educación, de la que era titular en 2014.

En cualquier caso, la eliminación de los aforamientos para los diputados y miembros del Gobierno murciano no entrará en vigor de inmediato. Deberá ser aprobada previamente por el Congreso de los Diputados y por el Senado, ya que se trata de una modificación en el estatuto de autonomía, que tiene categoría de ley orgánica. En concreto, el cambio en el estatuto de autonomía afecta a los artículos 25.2, que ha sido recortado, y 33.7, que ha sido directamente suprimido.

El primero de ellos establecía que los diputados regionales gozan de “inviolabilidad” por los votos emitidos en el ejercicio de sus funciones, un privilegio que se mantiene en la nueva redacción del artículo. Se suprime sin embargo su segunda parte, en la que se especificaba que “durante su mandato (los diputados regionales) no podrán ser detenidos ni retenidos por los presuntos actos delictivos cometidos en el territorio de la Región, sino en caso del flagrante delito, en tanto decide el Tribunal Superior de Justicia sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio. Fuera de la Región la responsabilidad penal será exigible en los mismos términos ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo”.

En cuanto al artículo 33.7, que desaparece por completo con esta reforma, señalaba que "los miembros del Consejo de Gobierno no podrán ser detenidos ni retenidos por los presuntos actos delictivos cometidos en el territorio de la Región, sino en caso de flagrante delito, en tanto decide el Tribunal Superior de Justicia sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio. Fuera de la Región, la responsabilidad penal será exigible en los mismos términos ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo".

Aprobada la reforma, la Asamblea Regional celebrará este jueves el debate de investidura para nombrar presidente a Fernando López Miras. Sin embargo, no será hasta el sábado cuando el candidato popular sea designado presidente. Y es que PP y Ciudadanos no han llegado en esta ocasión a un acuerdo de Gobierno. Los de Albert Rivera incluían entre sus condiciones la salida de las instituciones de cualquier representante investigado por corrupción, pero los populares no han aceptado esa cláusula, que supondría echar a Pedro Antonio Sánchez del Parlamento regional.

De hecho, el mismo día en que se produjo su dimisión, la portavoz del Gobierno murciano, Noelia Arroyo, anunciaba la intención de restituirlo al frente de la comunidad si se archivan las causas judiciales que le afectan y, para ello, es imprescindible que sea diputado.

Ante la falta de acuerdo, Ciudadanos votará en contra de la investidura en la sesión del jueves, con lo que el PP no tendrá la mayoría absoluta necesaria para proclamar a López Miras presidente. Sin embargo, se abstendrá en la votación del sábado “por responsabilidad, gobernabilidad y por la estabilidad de la Región de Murcia”, facilitando así la investidura, ya que en la segunda vuelta solo es necesaria la mayoría simple de la Cámara.