Prisión incondicional para Ignacio González
El juez envía a la cárcel al expresidente, implicado en la trama Lezo
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha cerrado la primera fase de la Operación Lezo contra la corrupción y ha enviado a prisión al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y a Edmundo Rodríguez Sobrino, consejero de la empresa editora del diario La Razón. El magistrado, que mantiene secreta la causa, sitúa al político al frente de una organización criminal que desvió fondos públicos a sus bolsillos. Además, considera que financió al PP con al menos un millón de euros de la empresa pública de informática.
El juez Velasco atendió la petición de la fiscalía y decidió, poco antes de las 23.00, enviar a prisión incondicional al expresidente de la Comunidad de Madrid con el PP Ignacio González. Lo hizo, después de escuchar durante dos horas y 45 minutos las explicaciones de González, que negó las acusaciones contra él y defendió que siempre había actuado “dentro de un marco de legalidad”. En el interrogatorio, el juez Velasco hizo escuchar al expresidente madrileño unas grabaciones que supuestamente le incriminan, aunque González se escudó en cuestiones formales de su gestión al frente del Canal de Isabel II y de la Comunidad de Madrid.
Según fuentes jurídicas, en el auto en el que decretó su encarcelamiento, Velasco acusa al expresidente madrileño de haber desviado al PP regional un millón de euros de la empresa pública de informática de la Comunidad. Además, le imputa el cobro de una comisión de 1,4 millones de euros de la constructora OHL por la adjudicación supuestamente irregular del tren de Navalcarnero y la operación para la compra de la empresa brasileña Emissao que provocó un agujero de 23,3 millones de euros. El magistrado también alude a facturas ficticias y el manejo de abundante dinero en efectivo de origen desconocido, según las mismas fuentes. Por todo ello, Velasco atribuye a González los delitos de organización criminal, blanqueo, falsificación, prevaricación, malversación y fraude. El exdirigente regional del PP fue trasladado a la prisión de Soto del Real, donde llegó poco después de la medianoche.
Junto a él, fueron enviados a la misma cárcel Edmundo Rodríguez Sobrino, actual consejero de la empresa editora de La Razón y señalado como la mano derecha de Ignacio González en la trama Lezo; Pablo González, hermano del expresidente madrileño, que podrá salir de prisión si paga una fianza de cuatro millones de euros; y José Juan Caballero, cuñado de ambos, que abandonará la cárcel si abona 100.000 euros. Ambos están acusados de haber ejercido como testaferros del expresidente de Madrid. Su hermano Pablo, además, es investigado por el juez José de la Mata por su actuación como directivo de la empresa pública Mercasa en las supuestas irregularidades en un contrato de 500 millones de dólares (466 millones de euros) para levantar un mercado mayorista de alimentos en Luanda (Angola).
Cuentas en Suiza
Velasco dejó en libertad con la condición de abonar antes del 28 de abril una fianza de 100.000 euros al empresario Javier López Madrid y a José Martínez Nicolás, el que fuera consejero delegado de ICM, el ente público de informática de la Comunidad de Madrid. El juez rebajó las peticiones de la fiscalía para ambos. En el caso del primero, solicitaba que la cantidad a depositar fuera de un millón de euros. Para el responsable de ICM, prisión incondicional. La séptima persona que declaró ayer, Clarisa Guerra, secretaria de Rodríguez Sobrino, quedó en libertad con la obligación de comparecer en el juzgado una vez mes.
Entre los detalles que ayer trascendieron de la operación está el elevado patrimonio oculto que poseía en el extranjero Rodríguez Sobrino, señalado por el juez como una pieza clave en la compra bajo sospecha de la empresa brasileña por parte del Canal de Isabel II. En un auto, el juez detallaba que poseía en un banco suizo una cartera de fondos valorada en 402.239 euros, que regularizó en 2012 acogiéndose a la amnistía fiscal, según adelantó Efe. En dicho escrito judicial se detallan también algunas de las “numerosas” operativas de blanqueo de capitales en paraísos fiscales de la trama. Así, se apunta a que a través de una de sus hijas, también imputada, Rodríguez Sobrino controla un importante patrimonio en el extranjero, con viviendas en Colombia, República Dominicana y Londres.
Las pesquisas ha sacado a la luz la existencia de cuentas en Reino Unido y en la Isla de Jersey (un pinchazo telefónico reveló su preocupación por un ingreso en libras que debía realizar su hija “con discreción”) y su participación en negocios inmobiliarios en Colombia en 2011 y 2013, está última en el mismo año de la compra fraudulenta de la sociedad brasileña. En 2016, actual consejero de la empresa editora de La Razón mantuvo una reunión con el directivo de un banco español para abordar una inversión de 10 millones de euros.
El juez Velasco ya dictó el jueves prisión eludible con fianza para Adrián Martín y María Fernanda Richmond, ambos directivos de Canal de Isabel II.
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