Sociedades del hermano de Ignacio González ingresaron comisiones multimillonarias

El juez Eloy Velasco, instructor de la Operación Lezo, busca "mucho dinero negro” en los registros en los inmuebles que conforman el nutrido patrimonio del expresidente de Madrid Ignacio González. Su tren de vida supuestamente dista mucho de los honorarios que recibe por su trabajo en un despacho de abogados, señalan fuentes jurídicas. En la causa, que está secreta, hay un derroche de indicios que apuntan a que Ignacio González, supuestamente, se ha lucrado con sus actividades "mucho más que [Francisco] Granados”, preso desde hace casi tres años como presunto cabecilla de la trama Púnica, añaden estas fuentes.

Los indicios apuntan que Ignacio González se lucró presuntamente  más que Granados

La investigación que se desarrolla por orden de Velasco la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se está centrando en el análisis de fuertes sumas de dinero ingresadas a lo largo de los años en sociedades de las que es titular Pablo González, hermano del anterior presidente del Gobierno regional, uno de los presuntos testaferros del entorno familiar del entramado tejido supuestamente por Ignacio González.

Hay testimonios y pinchazos telefónicos que acreditan que los supuestos tentáculos corruptos de González alcanzan a casi todas las grandes inversiones hechas en Sudamérica por el Canal de Isabel II, dependiente del Gobierno regional, un organismo que maneja al año en torno a 1.000 millones de euros. Las pesquisas pretenden averiguar si la gran empresa pública de Madrid fue utilizada para financiar presuntamente al PP de Madrid y para engordar el supuesto espectacular patrimonio de González mientras ocupó cargos públicos hasta llegar a la cima del Gobierno de Madrid, siempre de la mano de su valedora Esperanza Aguirre. Los dos hombres en los que más confió, González y Granados, por este orden, han sucumbido presuntamente a la corrupción.

Testimonios y pinchazos telefónicos acreditan presuntamente que los tentáculos corruptos de González alcanzan a casi todas las grandes inversiones hechas en Sudamérica por el Canal

La financiación del PP de Madrid se hizo supuestamente por dos vías, según fuentes de la investigación: la empresa informática ICM de la Comunidad, con 150 millones de presupuesto anual, y el Canal de Isabel II. En connivencia con empresas adjudicatarias, sobrevaloraban presuntamente servicios pagados con dinero público y a cambio el PP de Ignacio González tenía un colchón económico en negro para financiarse o, como también sucedió, pagar a uno de los cabecillas de la Púnica con ese dinero para que mejorase su imagen en Internet. El que fuera mano derecha de González en ICM, José Martínez Nicolás, ahora jubilado tras su detención hace más de dos años en la redada de la Púnica, también está salpicado en el presunto escándalo del Canal.

Se le considera un eslabón entre ICM y el circuito económico de la empresa de aguas de Madrid. María Fernanda Richmon fue destituida como directora financiera del Canal al trascender que este había adquirido en Brasil, a través de una firma instrumental de Uruguay, una empresa de aguas por la que pagó 21,5 millones cuando su valor real era de algo más de cinco millones. De esta operación presuntamente ha salido solo una parte de los millones de euros en comisiones que los investigadores dan por hecho que oculta González en paraísos fiscales. Y comisiones rogatorias a Colombia, Uruguay y Brasil en busca del dinero percibido en comisiones.

Su hombre de confianza del Canal para sus empresas de Sudamérica era Edmundo Rodríguez Sobrino. Su nombre apareció vinculado a sociedades offshore de Hong Kong creadas en Panamá.  Acompañaba a Ignacio González en Cartagena de Indias (Colombia) cuando el expresidente fue espiado llevando grandes bolsas de basura en las manos a la entrada de un hotel. Él dijo más tarde que contenían toallas, pero no faltó quien especuló con que era dinero. Las pesquisas del juez Velasco descartan ahora que fuese dinero lo que había en las bolsas.

La financiación del PP de Madrid se hizo presuntamente por dos vías: la empresa informática ICM de la Comunidad y el Canal de Isabel II

La treintena de registros previstos en este inicio de la operación Lezo durará varios días. Se ha registrado el Canal, el domicilio y el despacho de Ignacio González, el de la exdirectora financiera del Canal, el de Edmundo Rodríguez, el de un cuñado de Ignacio González casado con su hermana Isabel, hoy portavoz adjunta segunda del PP en la Asamblea de Madrid; y también se investiga si su esposa, Lourdes Cavero, utilizó su firma Subastas Segre para blanquear dinero negro mediante la venta de obras de arte. Casi todo el círculo más próximo del expresidente está bajo sospecha o imputado. De entre la retahíla de presuntos delitos que atribuye Velasco destaca el de organización criminal y blanqueo de capitales a su hermano Pablo, quien sería una pieza clave del entramado en la recepción en sus sociedades de abultadas comisiones provenientes de firmas fantasma radicadas en el extranjero. y en España. Se estima en unos 60 millones el supuesto agujero causado al Canal.

La presidenta de Madrid Cristina Cifuentes ha dejado entrever en sus declaraciones que fue su Gobierno el que denunció a la Fiscalía Anticorrupción el escándalo del Canal y que gracias a ello ha aflorado la presunta organización criminal, pues así la considera Velasco, que lidera el expresidente. Muchos meses antes del informe que aportó Cifuentes a Anticorrupción dando cuenta del pago de sobrecostes, el juez Velasco ya tenía centrada su lupa en el Canal de Isabel II, subrayan las citadas fuentes jurídicas. Púnica condujo al Canal.

Velasco pregunta a Cifuentes si se ha sentido coaccionada por Mauricio Casals y Francisco Marhuenda

Por indicación de los dos fiscales anticorrupción que llevan este asunto, Carmen García y Carlos Yáñez, el juez Velasco abrió una pieza separada contra el consejero delegado del diario La Razón, que resulta ser una de las 12 personas detenidas ayer, Edmundo Rodríguez Sobrino; también contra Mauricio Casals, presidente del citado diario, y contra el director del rotativo, Francisco Marhuenda. Hay grabaciones telefónicas de Casals y Marhuenda con Rodríguez Sobrino en la que los primeros coinciden en que uno u otro han hablado con la directora de comunicación de Cifuentes, Marisa González, con la propia Cifuentes o con su número dos, Ángel Garrido, entre otros, dejándoles caer que o la Comunidad retiraba el informe que entregó a Anticorrupción en julio de 2016 contra Rodríguez Sobrino o perseguirán a Cifuentes a través de sus medios, La Razón y La Sexta.

El motivo por el que el juez Velasco se apresuró a ir al despacho de Cifuentes y al de Garrido el mismo día en que hizo estallar la operación fue para preguntarles a todos ellos si se habían sentido coaccionados para retirar el citado informe. La Operación Lezo sigue abierta.