El testigo Mariano Rajoy

El tribunal del caso Gürtel decidirá este martes, día 18 de abril, al reanudar las sesiones del juicio oral un asunto relevante: si cita a Mariano Rajoy en calidad de testigo. La iniciativa fue presentada el pasado 31 de marzo por la acusación popular Asociación Abogados Demócratas por Europa (ADADE). Los magistrados se han dado de plazo hasta la mañana de este 18 de abril para presentar alegaciones sobre esa propuesta, pudiendo elevarse de manera verbal antes de comenzar las declaraciones previstas de testigos.

Una vez oídos los argumentos de las partes, el tribunal se reunirá y adoptará su decisión. No es la primera vez que va a deliberar sobre esta propuesta. En febrero de 2016, diez meses antes de comenzar el juicio oral, al examinar la propuesta de los medios de prueba elevada por las partes personadas en el procedimiento, el tribunal ya mantuvo un debate sobre la iniciativa.

Según fuentes jurídicas, los magistrados Julio de Diego y José Ricardo de Prada eran favorables a admitir la declaración testifical de Rajoy, mientras que el presidente del tribunal y ponente de la sentencia, Ángel Hurtado, se opuso.

Sin embargo, este debate no se formalizó en una votación formal. El tribunal llegó al acuerdo de revisar la decisión durante el desarrollo del juicio.

En su auto del mes de febrero de 2016, los magistrados señalan que no se admite la declaración testifical de Rajoy “sin perjuicio de que en otro momento se pueda acordar por la sala que testifique, de considerarlo necesario, a la vista del desarrollo del juicio oral”.

Esta fue, según las fuentes citadas, la fórmula acordada por los tres magistrados para posponer la votación formal. ¿Por qué razón pactaron esta salida a la discrepancia? Porque los tres eran conscientes de que la división sobre el asunto de Rajoy suponía ofrecer, antes de comenzar el juicio, la imagen de un tribunal fracturado.

Hay que recordar, además, que la formación del tribunal de Gürtel se hizo después de las recusaciones de dos magistrados de la sección segunda de lo Penal: Concepción Espejel y Enrique López. Una recusación que fue sometida a votación del pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Al comienzo del juicio oral, en octubre, al abordarse las cuestiones previas, la acusación popular de ADADE volvió a insistir en la declaración testifical de Rajoy, habida cuenta de que el tribunal había acordado en julio de 2016 una tardía propuesta de la defensa de Luis Bárcenas para que comparecieran como testigos altos dirigentes del Partido Popular, entre ellos los tres secretarios generales de la época, la llamada primera, que cubre el juicio: Gürtel 1999-2005. Se trata de Francisco Álvarez Cascos (declarará el 19 de junio), Javier Arenas y Ángel Acebes (citados el 20 de junio)

El tribunal mantuvo durante las cuestiones previas el pacto suscrito de facto en febrero de 2016. Y volvió a inadmitir la declaración de Rajoy, sin perjuicio de que se pudiera acordar en función de lo que diera de sí el juicio.

En la lista de secretarios generales del PP falta Mariano Rajoy, que antes de ser nombrado presidente del PP ejerció como secretario general, entre septiembre de 2003 y octubre de 2004, y fue él de quien recogió el testigo Acebes.

Además, como señala ADADE en su escrito, Rajoy ejerció entre 1993 y 2003 el cargo de vicesecretario general y responsable de asuntos electorales del PP, puesto desde el que dirigió, explícitamente, la mayor parte de las campañas.

Pero hay otros motivos que refuerzan el interés procesal en la declaración testifical de Rajoy, y que tienen que ver con lo que ha sido tanto el desarrollo del juicio oral como anteriormente la instrucción de la causa, motivos que ADADE no considera, pero que merecen ser tenidos en cuenta.

Nada más comenzar el juicio oral, en octubre pasado, el extesorero del PP, Luis Bárcenas, dio detalles durante su declaración sobre la secuencia de hechos que llevaron a apartar a Francisco Correa y a sus empresas de la relación con el PP, en la madrileña calle de Génova. Fue, según Bárcenas, Rajoy quien recibió dos informaciones procedentes de empresarios donantes del PP según las cuales Correa estaría haciendo uso impropio del nombre del partido. Estas informaciones llevaron a cese de la intensísima colaboración de Correa en Génova 13.

Pero, Correa y su colaborador, Álvaro Pérez, consiguieron reciclar las actividades de sus empresas emigrando, por así decir, hacia otro territorio. El que dominaba Francisco Camps. La Comunidad Valenciana. Fue Camps, según la versión ofrecida por Bárcenas, quien habló con el entonces tesorero del PP, Álvaro Lapuerta, sobre un “genio” llamado Álvaro Pérez. Camps anudó relaciones con la trama sin problemas.

Si esta es una versión en la que Rajoy aparece con un papel relevante por su condición de presidente del PP, hay otra coincidente, esta referida a otros hechos que no carecen de interés para los magistrados.

Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid y expresidenta del PP de Madrid, prestará declaración como testigo el próximo jueves, día 20 de abril, en el juicio de Gürtel.

¿Se trata acaso de adivinar qué puede declarar Aguirre?

Veamos. Aguirre ya declaró durante la instrucción de la causa. Fue el 17 de diciembre de 2013. Se acogió al artículo 412.2 de la ley de Enjuiciamiento Criminal para declarar por escrito. El juez Pablo Ruz pidió a las partes que formulasen las preguntas y le envió el cuestionario a Aguirre a la sede del PP, tras dictar un auto en el que se establecían las condiciones de la declaración.

Esperanza Aguirre narró en sus respuestas escritas, durante una declaración ante secretario judicial entre las 10 y las 14 horas, que a finales de 2004 asistió al despacho de Mariano Rajoy en la sede de Génova a una reunión convocada por el tesorero Álvaro Lapuerta, quien les advirtió de que los ayuntamientos populares de esos dos municipios de la Comunidad de Madrid sobre la existencia de dos “pelotazos” en Majadahonda y en Arganda del Rey como resultado de la venta por concurso de unas parcelas edificables a un precio tasado.

Aguirre puntualiza.

“La advertencia del tesorero iba en la dirección de tratar de impedir que los respectivos ayuntamientos sufrieran una pérdida patrimonial importante, puesto que, al parecer, el precio tasado era muy inferior al precio de mercado…”

Bien.

La reunión, según deja constancia Aguirre, tuvo lugar en el despacho de Rajoy.

En resumen: lo que Rajoy ha sabido en su condición de vicesecretario general y responsable de asuntos electorales del PP, secretario general y, finalmente, presidente del partido, con todos los poderes de administración, interesa a la causa y puede arrojar más luz a la hora de la sentencia.

El presidente del Gobierno, según el artículo 412.2 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, puede declarar como por escrito. En su domicilio o despacho oficial.

En su propuesta ADADE señalaba respecto de Rajoy: “Lo deseable habría sido que él de motu propio hubiera manifestado al tribunal que deseaba declarar como testigo, pero ha hecho honor a su impasibilidad; sin embargo, hay que suplir su desgana, cruzar esa aparente línea roja y citar al ‘gran ausente’ de este procedimiento”

El tribunal, pues, dirá hoy si se suple esa desgana y despejará si a la tercera va la vencida.