Única salida: la desaparición

David Pla, responsable del desarme de ETA, encarcelado en Francia desde septiembre de 2015, vaticinaba en una reciente entrevista en Gara la inminente entrega del arsenal y adelantaba que, tras su materialización, la banda —más bien sus restos— abrirá un debate sobre su disolución.

ETA no tiene otra salida y debe materializarla cuanto antes. Ya ha perdido cinco años desde su anuncio del fin definitivo del terrorismo, a la espera de escenificar el desarme con el Gobierno español y el francés. Su intento de simbolizar una entrega voluntaria, y no una rendición, era irrealizable. Y se sabía desde que en febrero de 2013 el Gobierno del PP logró que Noruega expulsara de su territorio a la delegación de ETA que pretendía negociar la entrega de armas.

ETA ha tenido, finalmente, que interiorizar su derrota para decidir desarmarse. No quiso darse cuenta de su derrota en 2011, desde el momento en que cesó el terrorismo sin lograr sus objetivos políticos. Ahora se va a desarmar cinco años más tarde y apremiada para evitar que las Fuerzas de Seguridad impidan escenificar su desarme voluntario con una incautación total de su armamento.

Además, se lo ha puesto fácil al Gobierno del PP, que siempre le exigió que notificara la localización de sus armas. Es lo que al final va a suceder con la diferencia de que ETA acude a la justicia francesa como depositaria porque su arsenal está en territorio galo, lo que facilita aún más las cosas a Mariano Rajoy, que tendrá que limitarse a dejar hacer a las instituciones del país vecino. Su reacción de perfil bajo, tras el anuncio del desarme, parece avalar esta hipótesis, en la que seguramente ha influido su encuentro con el lehendakari Urkullu.

Tanto a Francia como a España les conviene cerrar definitivamente el capítulo etarra con la localización de los zulos y sin coste alguno, como les ha indicado Urkullu. Convendría también que los voluntarios que mediarán en el desarme eviten los exhibicionismos para no provocar a las víctimas del terrorismo, que merecen ser respetadas.

Finalmente, la izquierda abertzale debe presionar a los restos de ETA para que se disuelvan. Tienen un acicate: la desaparición estimulará al Gobierno a cambiar su política penitenciaria porque no tendría sentido que a los presos etarras se les negasen los derechos que tienen los reclusos comunes como el acercamiento a las cárceles de su lugar de arraigo o los beneficios penitenciarios de la legislación ordinaria. A lo que, sin duda, contribuirá la asunción de su reinserción individual. Estamos, pues, más cerca que nunca del carpetazo definitivo al terrorismo etarra.