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Casi dos procesados al día por corrupción política en España

El Poder Judicial presenta el primer balance anual de la base de datos sobre los delitos cometidos por gobernantes y funcionarios

El cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, a su llegada al TSJ valenciano en febrero.
El cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, a su llegada al TSJ valenciano en febrero.

Los jueces españoles procesaron o abrieron juicio oral el año pasado a 659 personas por delitos de corrupción, es decir, una media de 1,8 procesados al día y más de 54 al mes. Esas 659 personas corresponden a 112 procedimientos distintos que se concluyeron en los juzgados españoles, desde el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional a los tribunales superiores de las Comunidades Autónomas y los juzgados de primera instancia e Instrucción.

Esta es la cifra que se extrae de la de la primera base de datos pública sobre los delitos de corrupción en España, presentada el pasado enero y elaborada por el Consejo General del Poder Judicial, que este jueves ha difundido el balance de 2016, el primer año del que se tiene la cifra global.

Aunque esa cantidad de casi dos procesados al día y 54 al mes pueda parecer elevada, supone una reducción importante respecto al único dato del que hasta ahora se tenía registro: el de procesados entre el 1 de julio de 2015 y el 30 de septiembre de 2016. En esos 14 meses, hubo un total de1.348 procesados por corrupción, es decir, 91 personas al mes y tres cada día.

El llamado repositorio sobre procedimientos judiciales de corrupción abarca los procedimientos instruidos tanto por casos de corrupción administrativa (protagonizada por funcionarios públicos o personas no funcionarias que prestan su servicios en la administración pública) como por corrupción política (delitos cometidos por gobernantes y políticos en el ejercicio de su cargo). Entre las conductas que recoge se sitúan la prevaricación administrativa, prevaricación urbanística, infidelidad en la custodia de documentos, violación de secretos, tráfico de influencias, malversación, fraude y exacciones legales, negociación y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, abusos en el ejercicio de su función y la corrupción en las transacciones comerciales internacionales.

El descenso del dato global de 2016 se explica al ver las cifras separadas por trimestres. El cuarto trimestre, el único que se quedó fuera en el primer balance ofrecido hasta ahora, fue el que registró menos personas procesadas por delitos de corrupción: 78, frente a los 139 del periodo comprendido entre enero y marzo de ese año; 108 entre abril y junio; y 131 entre julio y septiembre. En el último trimestre del año pasado, en la Audiencia Nacional, por ejemplo, no se concluyó ningún procedimiento, frente a los dos del primer trimestre, cuatro en el segundo y tres en el tercero.

El repositorio permite entre otros aspectos conocer el número de sentencias dictadas por corrupción. A lo largo de 2016, se dictaron 104 sentencias, de las que 79 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa un 76% del total. En el balance anterior, fueron condenatorias el 72,7%. Por comunidades autónomas, Andalucía, con 14 sentencias (siete condenatorias, tres parcialmente y cuatro absolutorias) fue en la que más sentencias se dictaron, seguida de Baleares, con tres sentencias (dos condenatorias con conformidad y una absolutoria).

La base de datos del poder judicial permite también conocer el número de personas condenadas: 266, según la información del Registro Central de Penados, dependiente del Ministerio de Justicia. De ellas, 48 corresponden al último trimestre de 2016.

Los delitos que con mayor frecuencia aparecen en esas sentencias son, por este orden, prevaricación administrativa, prevaricación urbanística –es decir, delitos contra la ordenación del territorio, urbanismo, medio ambiente y patrimonio histórico- y malversación.