El conseguidor del ‘caso Pretoria’ rechaza que amañara contratos públicos

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Luis García Sáez, Luigi, diputado autonómico del PSC entre 1980 y 1992 y principal acusado del caso Pretoria de corrupción, ha negado este miércoles haber actuado como conseguidor de adjudicaciones para empresas a cambio de comisiones en ayuntamientos del área metropolitana de Barcelona.

En la tercera jornada del juicio que se sigue en la Audiencia Nacional, Luigi, que dejó la política para dedicarse a la “consultoría”, ha rechazado que usara sus contactos políticos para influir en funcionarios de Santa Coloma de Gramanet, Badalona y Sant Andreu de Llavaneres para modificar los pliegos de condiciones de operaciones urbanísticas. “Es imposible que controlara adjudicaciones (…) Nadie me da información sobre los plenos municipales y los estados de adjudicación; me entero por los boletines oficiales, yo no tengo información privada y privilegiada de ninguna administración pública”, ha asegurado. Luigi consiguió unas ganancias de 5,88 millones de euros con sus supuestas gestiones ilícitas.

La fiscal anticorrupción Ana Cuenca, que pide para el exparlamentario García Sáez una pena de ocho años de prisión y 22,4 millones de euros de multa por tráfico de influencias y blanqueo –la petición más dura de los 11 acusados del caso- repitió la estrategia empleada el día anterior con el exalcalde de Santa Coloma Bartomeu Muñoz. A cada negación del conseguidor, la fiscalía solicitaba al tribunal que se escuchara alguna de las grabaciones con los pinchazos telefónicos del caso, la principal prueba de cargo, impugnada, de momento sin éxito, por las defensas. Así, por ejemplo, después de que Luigi negara haber dado indicaciones al arquitecto municipal de Santa Coloma, Luis Falcón, sobre la operación urbanística de La Pallaresa, un cambio de uso de unos terrenos en el municipio, la fiscal hizo reproducir una llamada que indicaba lo contrario. “Nunca he tenido ningún poder en Santa Coloma y nunca he direccionado concursos de ningún tipo”, insistió Luigi, sin inmutarse.

4% para Alavedra y Prenafeta

La segunda recalificación, en Sant Andreu de Llavaneres, también contó, según la fiscalía, con la intervención del conseguidor. Este se sirvió supuestamente de la influencia de Lluís Prenafeta —secretario general de Presidencia y mano derecha del expresidente catalán Jordi Pujol— y Macià Alavedra —exconsejero de Economía— para lograr la recalificación de los terrenos, que previamente había adquirido a través de una sociedad instrumental. Luigi obtuvo un beneficio de 912.000 euros y Prenafeta y Alavedra, una comisión de 150.000 euros cada uno, según la investigación. En el juicio, el conseguidor defendió la legalidad de la operación y dijo que Prenafeta y Alavedra cobraron una “comisión de intermediación” del 4% del comprador final de los terrenos por haberles presentado, no por la recalificación.

La tercera operación consistió en la transmisión de unos terrenos públicos en la zona en la que se iba a construir el puerto de Badalona, y que eran propiedad del Instituto de Crédito Oficial (ICO). La firma adjudicataria abonó a Luis García comisiones por 2,3 millones de euros entre 2003 y 2005, considera la fiscalía.