España multiplicó por seis en 2016 las solicitudes de asilo aceptadas

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La guerra de Siria ha condicionado en los últimos años toda la política de asilo nacional. Tras casi un lustro de denuncias de las ONG por la lentitud del Gobierno para dar una respuesta a los miles de refugiados que llegaban; los datos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) revelan que, finalmente, la Administración ha reaccionado frente a este conflicto. El Ejecutivo aceptó en 2016 un total de 6.855 peticiones de protección internacional, frente a las 1.020 del año anterior. Un incremento que aplauden las organizaciones humanitarias, porque supone multiplicar por seis las resoluciones favorables. Pero, a la vez, reprochan que esta subida esconde también un aspecto muy negativo. “España ha limitado al máximo el derecho de asilo para quienes proceden de países diferentes a Siria”, subraya CEAR.

Porque, de las 6.855 solicitudes aceptadas por el Ejecutivo el pasado ejercicio, 6.215 son de personas que escapaban de la guerra siria. Es decir, el 90%. “En cambio, el Gobierno niega en muchas ocasiones el asilo a quienes huyen de otros conflictos o persecuciones”, apunta CEAR. De hecho, esta ONG ya denunció en 2015 que España había “congelado” las solicitudes de protección de quienes procedían de Ucrania o Mali.

“Estos datos demuestran que España, además de poner obstáculos para que los refugiados puedan llegar a nuestro país, limitan al máximo el derecho de asilo que marca la ley”, continúa Estrella Galán, secretaria general del colectivo, que remacha: “Parece que olvidan a miles de personas obligadas a huir para salvar sus vidas”.

Récord de peticiones recibidas

España ha marcado un nuevo récord. El Gobierno recibió 15.755 demandas de asilo en 2016, el número más alto de la última década. “Esto supone tres solicitudes por cada 10.000 habitantes. Un dato que contrasta con las cerca de 1,2 millones que se presentaron en el conjunto de la Unión Europea. Por tanto, en España solo se presentaron el 1,3% de toda la UE”, matiza inmediatamente CEAR. La cifra del pasado año supone un ligero aumento respecto a 2015, cuando se contabilizaron 14.881 peticiones, pero dista de forma abismal de los años anteriores —en 2014 fueron 5.947; en 2013, 4.502; y en 2012, 2.588—.

Un ritmo de entrada de peticiones al que no consigue responder el Gobierno. Porque, a finales de 2016, el Ejecutivo ya acumulaba 20.370 solicitudes de asilo sin resolver. Y, de hecho, pese a que el pasado año recibió 15.755 peticiones, solo logró dar respuesta a 10.255 —de ellas, aceptó las 6.855 mencionadas anteriormente—. Muchas de ellas, registradas en ejercicios anteriores. “Se deben poner los recursos necesarios para reducir el tiempo de angustia de estas personas, cuyas vidas en muchos casos dependen de esa decisión”, concluye Paloma Favieres, coordinadora de los servicios jurídicos de CEAR.