PSOE, Podemos y Ciudadanos se unen para investigar al PP
El presidente del Gobierno amaga con aprobar otra comisión llevarla en el Senado y extenderla a todos los partidos
Mariano Rajoy dejó en evidencia a Albert Rivera en el pleno del Congreso y el líder de Ciudadanos pidió amparo a PSOE y Podemos. El presidente del Gobierno desdeñó la creación de una comisión de investigación sobre la financiación del PP y su socio de investidura registró a media tarde una petición firmada también por PSOE y Podemos para que se indague en el Congreso sobre las cuentas de los populares. La creación de esa comisión estaba en el pacto de investidura entre PP y Ciudadanos y, finalmente, es la primera iniciativa conjunta de los tres partidos frente a los populares. Podría suponer que Rajoy fuera citado para dar cuenta de la caja d del PP.
El pacto de investidura entre PP y Ciudadanos quedó este martes al borde de la ruptura, dentro de una guerra de peticiones de comisiones de investigación. Albert Rivera se alió con PSOE y Podemos frente al PP y los populares, según palabras de su portavoz Rafael Hernando, denunciaron “un gesto de hostilidad y deslealtad de un socio preferencial”.
Rajoy quiso dar largas públicamente a Ciudadanos y, según el resultado, no midió su minoría y no consideró que su socio pudiera aliarse con otros.
La tensión se observó a primera hora de la mañana, cuando desde su escaño, Albert Rivera hacía gestos ostensibles golpeando su mano contra su cara, dando a entender que quien es presidente del Gobierno gracias a su voto tiene la cara dura. Mariano Rajoy le respondía en el pleno de control al Gobierno del Congreso eludiendo comprometerse al cumplimiento del acuerdo con Ciudadanos que incluía textual y literalmente la creación de una comisión de investigación sobre la financiación ilegal del PP.
Amagaba con llevar esa comisión de investigación al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta y puede controlarla y, además, amenazaba con extenderla a todos los partidos. Esas dos condiciones nuevas supondrían en la práctica diluir el compromiso adquirido para la investidura. El PP ha intentado en reiteradas ocasiones desde octubre diluirla, sustituyéndola por una genérica subcomisión que ya funciona a puerta cerrada con comparecencias de expertos, pero las palabras de Rajoy fueron tomadas por Ciudadanos como una burla y fueron el detonante para que salte por los aires parte de su pacto de legislatura.
Aquel pacto decía textualmente: “Creación de una comisión de investigación parlamentaria sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular”. Es decir, no concretaba si en el Senado o el Congreso y sí se establecía que debía ser puesta en marcha en los primeros tres meses de legislatura, plazo que ya se ha cumplido, y que se referiría solo al PP.
La tesis de los populares es que no concretaba en qué cámara debía ser y no excluía la investigación a otros partidos.
Solicitud conjunta
Ciudadanos no tiene diputados suficientes para forzar por sí solo la comisión de investigación y el PSOE presentó hace meses en el registro una similar que aún no ha ido a pleno. Al constatar en el pleno que Rajoy no tiene intención alguna de crear esa comisión, la dirección de Ciudadanos aceleró los contactos con PSOE y Podemos y a media tarde presentaron la solicitud conjunta en el registro referida solo a la financiación ilegal del PP.
“Hay que determinar las responsabilidades políticas de casos que están en los tribunales”, aseguró el socialista Antonio Hernando. "Vamos a acabar con la ley del silencio que ha querido imponer el PP", dijo Irene Montero de Podemos, quien sugirió que podría ser citado el propio Rajoy. Para Juan Carlos Girauta, portavoz de Ciudadanos, es la constatación de que "con o sin Rajoy se va a investigar el caso Bárcenas".
Los populares contratacaron poco después presentando en el registro del Congreso y del Senado sendas iniciativas idénticas para que se constituya una comisión de investigación en cada Cámara para indagar en las finanzas de todos los partidos. La de la oposición tiene mayoría suficiente sin el PP para salir adelante; la del PP en el Congreso no la tiene si no suma más apoyos y la del Senado sí puede aprobarse.
El compromiso de los grupos de la oposición es que en 15 días esté aprobada y empiece a trabajar antes de junio, sin descartar que sea citado el propio Rajoy. No obstante, hay un problema añadido para que arranque esa comisión y es que en este momento hay dos aprobadas, una sobre el Ministerio del Interior y otra sobre la crisis de la banca. En teoría no podría avanzar ninguna otra hasta que no concluyan esas dos. La de Interior se aprobó en septiembre y no se constituirá hasta este jueves y la de la crisis bancaria está esperando todavía y solo se sabe que la presidirá Ana Oramas, diputada de Coalición Canaria. Para los grupos minoritarios es inasumible materialmente que haya tres comisiones de este tipo funcionando a la vez, por lo que la de financiación del PP no estará en marcha hasta antes de otoño.
Los populares incluyen en su petición los casos investigados en toda la democracia, incluidas las acusaciones al PSOE sobre condonación de créditos en los años 90 y las lanzadas contra Podemos por supuesta financiación desde Venezuela. Su portavoz, Rafael Hernando, aseguró que no se entendería que algún partido se oponga a que se conozcan sus finanzas y, por eso, espera contar con apoyos en el Congreso.
En su opinión, las finanzas del PP son como las del resto de partidos.
Comisiones paralelas
Nada impide que el PP pueda de forma paralela constituir en el Senado con su mayoría absoluta una comisión sobre financiación ilegal de todos los partidos. En 1996, el PP forzó en el Senado con su mayoría absoluta una comisión de investigación sobre los GAL, en respuesta al control que el Gobierno socialista de entonces tenía del Congreso. La comisión apenas arrancó, y fue disuelta al poco de constituirse. Es decir, es posible ver a Rajoy en el Congreso hablando de las cuentas del PP y en el Senado a líderes de otros partidos dando explicaciones sobre las suyas.
Si se llega a las conclusiones, el PP tiene mayoría en el Senado para imponer las suyas, pero no la tiene en el Congreso.
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