Una Justicia de todos contra todos

La Justicia española atraviesa estos días fuertes turbulencias institucionales, con sacudidas que afectan a todos los estamentos. Los nombramientos en la cúpula de la Fiscalía -en especial las jefaturas de Anticorrupción, de la Audiencia Nacional y de la Región de Murcia- han sido tachados de “políticos e ideológicos” por los fiscales progresistas y por los partidos de la oposición, que ven detrás de ellos la mano directa del ministro de Justicia, Rafael Catalá. Al mismo tiempo, las discrepancias de los fiscales encargados de algunas de las causas más sensibles, como el caso Nóos o la Operación Púnica, con sus superiores jerárquicos han salido a la luz. La reacción del PP y del Gobierno en estos casos ha acabado por poner en entredicho la independencia del ministerio público.

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Los jueces viven también su particular bronca. La decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de abrir una investigación al magistrado Manuel Ruiz de Lara por supuestamente no pedir la compatibilidad para organizar unos torneos de debate universitario y el hecho de que estas pesquisas, según fuentes próximas al magistrado, fueran secretas, han soliviantado durante unos días a la carrera judicial.

Las principales asociaciones judiciales han pedido conjuntamente explicaciones sobre las circunstancias de esta investigación a Carlos Lesmes, presidente del Consejo del Poder Judicial. Los jueces decanos de toda España se han adherido, en un comunicado, a esta petición ante el temor de que existan “otros expedientes tramitados en similares condiciones”. Las explicaciones públicas dadas por el Consejo, que ha negado que en ningún momento haya emprendido unas diligencias secretas sobre ningún magistrado, atenuaron notablemente este malestar.

El ambiente entre jueces y fiscales, sobre todo entre las bases y las cúpulas de ambas carreras -y entre estos cuerpos y el poder político- no estaba tan enrarecido desde el 23 de febrero de 2009, cuando el ministro socialista Mariano Fernández Bermejo dimitió tras conocerse que coincidió en una cacería con el juez Baltasar Garzón en los primeros días de la Operación Gürtel. Cinco días antes, los magistrados de toda España habían realizado la primera huelga de su historia en protesta por la falta de medios.

Precisamente, las malas condiciones de trabajo en algunos juzgados han vuelto a unir a los magistrados. Las asociaciones de jueces y a los decanos de los partidos judiciales de la Comunidad de Madrid han exigido al Gobierno de Cristina Cifuentes que ponga en marcha el plan de choque de mejora de las sedes judiciales que anunció el pasado enero tras el incendio en los juzgados de Violencia contra la Mujer de Torrejón de Ardoz. La próxima semana el colectivo judicial madrileño anunciará movilizaciones.

El panorama de una justicia en la que todos están enfrentados con todos se completa con el frente político. En las últimas semanas, los partidos, especialmente aquellos que se han visto envueltos en casos de corrupción, como el PP o la antigua Convergència, han redoblado sus ataques a la independencia judicial y fiscal. El caso más sonado lo protagonizó el propio ministro de Justicia, que criticó la decisión de las fiscales del caso Púnica de no firmar, como era su derecho, el informe contrario a enviar al Tribunal Superior de Justicia de Murcia la causa contra el presidente de la Región, Pedro Antonio Sánchez. Sus palabras fueron amplificadas por el portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, que directamente acusó a algunos fiscales de “inventarse delitos”. El criterio fue impuesto por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza tras consultar a los fiscales de sala de la secretaría técnica –el Estado Mayor del ministerio público, en palabras del propio Maza- y a los fiscales del Tribunal Supremo.

La fiscalía también ha recibido ataques en las últimas semanas del soberanismo catalán. Los insultos sufridos por la fiscal jefe de Barcelona, Ana Magaldi, por parte de un grupo de independentistas radicales que acudieron a apoyar al expresidente de la Generalitat, Artur Mas, fueron despachados por Neus Munté, portavoz de la Generalitat con la siguiente frase: “En todo sueldo ha de entrar la aceptación de la crítica por las maneras de hacer”.

La semana pasada el fiscal general Maza compareció en el Congreso para dar explicaciones sobre el caso del presidente de Murcia y sobre los nombramientos en la cúpula del ministerio público, que los partidos de la izquierda tacharon de “purga”. Maza defendió la independencia de la fiscalía y afirmó que esta investiga “sin atender a la condición o ideología de la persona acusada”. Los argumentos de Maza no satisficieron a los grupos de la oposición.

La Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera, y de corte conservador, afirmó, en una nota de prensa, tras la polémica sobre los cambios en las jefaturas que “trasladar una pretendida sumisión al poder Ejecutivo resulta falaz y ocasiona a la Carrera fiscal un daño difícilmente reparable”.

Álvaro García, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), afirma que “es difícil encontrar en países de nuestro entorno a un ministro de Justicia que comente si un juez lo hace bien o mal, que explique lo que hace la Fiscalía o que opine si una persona está bien o mal imputada”. No obstante, García, cuya asociación ha pedido la dimisión de Catalá, prefiere ver el vaso medio lleno. “Es bueno que se cuestione nuestra independencia. Los ciudadanos no van a dejar que nos den la instrucción [de las causas penales] si dentro de la institución no tenemos instrumentos y mecanismos de control creíbles y ahora la sociedad no se los cree”.