El arzobispo de Zaragoza, ante el juez por espiar a la exnotaria diocesana
Vicente Jiménez es acusado de revelación de secretos e intromisión ilegítima en la intimidad
Lo último que esperaba el arzobispo Vicente Jiménez era tener que declarar ante un juez de Instrucción, acusado de revelación de secretos e intromisión ilegítima en la intimidad de la exnotaria del Tribunal Interdiocesano de Zaragoza, María del Carmen Amador. Lo hizo este viernes durante 45 minutos ante el magistrado Luis Fernando Ariste, que también imputó en el caso al ecónomo de la diócesis, Ernesto Meléndez, y al informático Jorge Pina, contratado para efectuar el presunto espionaje. El prelado no hizo declaraciones a la salida del juzgado.
Durante meses, el abogado del arzobispo intentó librar a su defendido de tener que comparecer ante la Justicia argumentando la “repercusión social” de ver a un alto jerarca del catolicismo investigado (imputado) por dos delitos. En el pasado eso habría sido posible por el concordato nacionalcatólico de 1953, que proclamaba en el Boletín Oficial del Estado a la Iglesia católica como “sociedad perfecta”. Aún este sábado, la jerarquía apela a la inviolabilidad de sus funciones tomando como argumento lo que dice el Código de Derecho Canónigo sobre los procesos de sus altos cargos. Afirma el canon 1405, en resumen: “Es derecho exclusivo del Romano Pontífice juzgar a los cardenales, a los legados de la Sede Apostólica y, en las causas penales, a los obispos”.
El juez Ariste no se dejó impresionar por los argumentos arzobispales y ha seguido con la instrucción, que culmina con las declaraciones de los tres investigados. La denunciante compareció ante el juez este jueves y se ratificó en su denuncia y achaca su despido a “una conspiración” por “la información que posee” y que ya obra “en poder del Vaticano”. Vicente Jiménez (Ágreda, Soria, 28 de enero de 1944) ocupa la sede zaragozana desde diciembre de 2014, señalado por el papa Francisco como uno de sus prelados preferidos en España. Antes fue obispo de Osma-Soria y de Santander.
Según las investigaciones del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Jefatura Superior de Policía de Aragón, el arzobispado ordenó chequear el ordenador de Amador y pudo conocer las conversaciones privadas que la entonces notaria había mantenido en su teléfono personal, a través de la aplicación Whatsapp conectada con la computadora. Lo allí escuchado no solo fue leído por terceras personas, sino que lo utilizó el prelado para ver si podía maquinarse una denuncia canónica. Finalmente, decidió el despido de la notaria con la acusación de difamar a la Iglesia zaragozana, al arzobispo actual, Vicente Jiménez, y a su antecesor, Manuel Ureña.
La marcha del arzobispo Ureña estuvo rodeada de detalles escabrosos que se filtraron a los medios de comunicación y las sospechas recayeron principalmente en la abogada y entonces notaria diocesana María del Carmen Amador. Ahora acusa al arzobispo de haber encargado intervenir el disco duro de su ordenador en el Tribunal Interdiocesano de Primera Instancia para volcar todos los datos, incluidas las conversaciones de whatsapp con el entonces juez del tribunal interdiocesano, Roberto Ignacio Ferrer, y el profesor y sacerdote Antonio Mas, entre otros. Los dos dimitieron de sus cargos cuando la notaria fue despedida.
La diócesis ha argumentado que el ordenador era propiedad del arzobispado, no de la funcionaria, pero el magistrado de Instrucción del Juzgado número 11 de Zaragoza decidió en su auto de imputación que tal propiedad no justifica la injerencia en la intimidad ajena.
