De la Mata reactiva la investigación de la caja b del PP tras las revelaciones de Correa

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha decidido este miércoles reactivar la investigación del caso de la caja b del PP –los llamados papeles de Bárcenas- para indagar en las revelaciones de Francisco Correa, el cerebro de la trama Gürtel, que en el juicio sobre esta red corrupta aseguró que se repartió comisiones con el extesorero popular Luis Bárcenas por mediar en la concesión de contratos del Estado a grandes constructoras. La investigación sobre la financiación irregular del PP había concluido en marzo de 2015 y estaba pendiente de juicio.

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El 13 de octubre, en su declaración como acusado en el juicio de la trama central del caso Gürtel, Francisco Correa, confesó que desde la llegada del PP al poder en 1996 percibió mordidas de entre el 2% y el 3% de grandes empresas del sector de la obra pública —entre las que nombró a ACS y OHL— por mediar en la concesión de contratos del Estado.

Correa se refirió en concreto a los ministerios de Fomento y Medio Ambiente, los de mayor capacidad inversora, y dijo y dijo que se repartía los beneficios con el extesorero del PP Luis Bárcenas. Según su declaración, el encargado de las finanzas populares le dijo que destinaría los fondos al partido. Bárcenas, procesado en la misma vista oral, negó tajantemente estos pagos.

La declaración de Correa se complementa con la confesión —realizada días antes en el mismo juicio de Gürtel— del empresario arrepentido Alfonso García-Pozuelo. El antiguo dueño de Constructora Hispánica, una de las grandes donantes a la caja b del PP, admitió que realizó pagos en negro al cabecilla de la red Gürtel, por adjudicaciones en Castilla y León, y que esta mordida iba “para organismos centrales”, que no especificó. En otra pieza del caso Gürtel, la referida a los años 2003 a 2007, todavía pendiente de juicio, García Pozuelo ha reconocido que pagó 1,33 millones de euros a cambio de adjudicaciones en Boadilla del Monte (Madrid).

La investigación sobre la caja b del PP se inició después de que EL PAÍS publicara, en enero de 2013, los 14 folios manuscritos de la contabilidad paralela que llevaba Luis Bárcenas con su antecesor en la tesorería del PP, Álvaro Lapuerta. En ella se recogían ingresos opacos de 7,5 millones de euros entre 1990 y 2008 procedentes de 22 empresarios, en su mayoría constructores contratistas de la Administración. Las pesquisas emprendidas entonces por el juez Pablo Ruz lograron acreditar que esos fondos se emplearon en retribuciones y sobresueldos a personas vinculadas al partido, a la compra de sedes regionales y, sobre todo, a la reforma de la sede central del PP, en la calle Génova, que se sufragó supuestamente con 1,55 millones en dinero negro.

Sin embargo, la investigación no consiguió establecer una relación entre los pagos de los empresarios y los contratos que recibieron sus compañías en aquellos años. Las confesiones de Correa y García-Pozuelo abren la puerta ahora a profundizar en esa cuestión.

De la Mata accedió ayer a la petición de la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones del caso Bárcenas de reabrir la causa. El juez citó a declarar como investigados, entre el 23 y el 24 de marzo, a Francisco Correa —actualmente en prisión—, al constructor Alfonso García Pozuelo y al supuesto intermediario Plácido Vázquez Diéguez.

Las manifestaciones de Correa y García Pozuelo en el juicio de Gürtel, según el juez De la Mata son “relevantes y útiles” y justifican la reapertura de procedimiento. “Son los únicos testimonios que apuntan a una relación entre las entregas de dinero para la realización de gestiones tendentes a la consecución de contratos públicos”, afirma el magistrado. Además, ofrecen un “relato consistente” sobre el supuesto reparto de las mordidas de las empresas por el éxito en las adjudicaciones.

El juez considera también que las declaraciones de Correa y García Pozuelo son “novedosas” y “pertinentes” para investigar si las anotaciones de los Papeles de Bárcenas “reflejan las contraprestaciones en metálico obtenidas por el PP de parte de diversas empresas a cambio de adjudicaciones de obras públicas a los pagadores de las comisiones”.

El juez De la Mata pide a la Sección Segunda de la Sala Penal, encargada de enjuiciar la caja b del PP, que le remita una copia de todo lo actuado desde que el juez Pablo Ruz concluyó la investigación en marzo de 2015 hasta la actualidad. También le solicita al mismo tribunal, que enjuicia la rama central de Gürtel, una copia de las declaraciones de Correa y García Pozuelo en la vista oral.

El magistrado rechaza por el momento la declaración de Jaume Matas como pedían las acusaciones populares. Según el juez, no consta que el expresidente balear y exministro de Medio Ambiente haya prestado declaración fiscal o judicial en que haya realizado las manifestaciones que las acusaciones alegan.