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OPINIÓN

España en el banquillo

Monarquía, políticos, financieros y secesionistas desfilan por los juzgados

Banquillo de los acusados del 'caso Gürtel'.. Ampliar foto
Banquillo de los acusados del 'caso Gürtel'.. EFE

El matiz diminutivo de “banquillo” adquiere estos días un valor inversamente proporcional respecto a las ambiciones megalómanas de la justicia misma, entre otras razones porque la coincidencia de tantos procesos judiciales y en tantos ámbitos diferentes sugiere la impresión de que se está juzgando a la propia España en sus esencias institucionales y en sus problemas estructurales: la clase política, la Monarquía, la causa independentista, la clase financiera y hasta los futbolistas desfilan en las audiencias y en los tribunales como si hubiera cundido una epidemia.

Se justificaría en este mismo sentido el diagnóstico o la percepción de un país enfermo, el alarmismo, la desconfianza, pero el escarmiento judicial también puede suscitar una expectativa catártica. Los tribunales purifican la corrupción. Y cuestionan incluso el recelo de la opinión pública hacia la inmunidad o impunidad de los poderosos.

El desenlace del caso Bankia resulta ejemplar y ejemplarizante al respecto. Miguel Blesa y Rodrigo Rato han sido condenados a seis años y cuatro años y medio de cárcel respectivamente. Se les ha atribuido un delito de apropiación indebida. Y se ha purgado el despilfarro de las tarjetas black, hasta el extremo de que la sentencia de la Audiencia Nacional concierne a 65 condenados. Un autobús de corruptos.

Era un caso incendiario, nuclear, en la sensibilidad social. No tanto por la cuantía del delito como por la vinculación de Caja Madrid al abuso sobre los preferentistas y porque el banquillo representaba de manera enciclopédica a todos los partidos y todos los sindicatos, además de exministros y hasta profesionales de la Casa del Rey. Si había y hubo una casta, nunca fue tan solidaria como sucedió con las tarjetas black. Ni tan generosa consigo misma en las prácticas hedonistas y sibaritas.

Trascendía la sentencia el pasado jueves, apenas unas horas después de haberse sabido que la Audiencia de Palma concedía a Iñaki Urdangarin la libertad condicional sin fianza y sin requerirle el pasaporte. Proliferaron entonces los humores justicieros, partiendo de la paradoja y del problema estético que suponía la imagen de un reo marchándose a Suiza. No estaba en libertad Urdangarin —la condena supera los seis años de cárcel— pero se hizo trending topic su privilegio judicial.

“España tiene una relación ambivalente con la Justicia”, afirma el sociólogo José Juan Toharia. “Sabemos en realidad que los tribunales son siempre la última salvaguarda, pero al mismo tiempo se percibe una justicia lenta y expuesta a las presiones políticas. Los españoles tenemos buena opinión de los jueces, pero también los vemos demasiado presionados por los gobernantes. Y no, no existe un verdadero peligro de colapso de credibilidad, ni de la justicia ni de las demás instituciones”.

Así se desprende de un estudio realizado el pasado noviembre por Metroscopia en comparación con los demás países occidentales y en el contexto de la crisis. Que no sólo es económica, sino que concierne a la buena o mala salud del modelo democrático mismo.

Los españoles creemos en nuestras instituciones básicas más de cuanto creen en ellas los franceses, los italianos y los estadounidenses. De hecho, el 95% confía en el sistema sanitario, el 87% lo hace en la policía y el 71% otorga credibilidad al jefe del Estado, Felipe VI. Es menos entusiasta la confianza en el Tribunal Supremo (50%) y en la administración de justicia (49%), pero tanto el uno como la otra rebasan la escasísima reputación del Parlamento (26%), los sindicatos (23%) y los partidos políticos (20%), ubicados estos en la parte más baja de la aceptación colectiva.

No contribuye a cambiar la percepción la eclosión de los escándalos de corrupción. El megajuicio del caso Gürtel, de Valencia a Madrid, coincide con el caso Palau, aunque impresiona al mismo tiempo el criterio victimista con que los partidos soberanistas relacionan sus escándalos con una conspiración del Estado.

No habría mejor prueba en este sentido que el proceso a Francesc Homs abierto ayer en el Supremo. Tanto el diputado del PDECat como el expresident Artur Mas han escenificado en Madrid el martirio de los tribunales, más o menos como si toda la justicia —también en los casos de corrupción— funcionara al servicio de un interés político y como si quisiera inculcarse en los ciudadanos un extremo grado de escepticismo.

No sucede así. Al menos, el estudio de Metroscopia subraya que ocho de cada diez españoles piensan ahora lo mismo que pensaban hace 30 años, es decir, que la justicia permanece sólida como terreno de garantía y que la injerencia de los poderes públicos no termina, por regla general, de influir en la decisión final de los jueces.

“Igual que a la Justicia le faltan medios, presupuesto y una legislación procesual más ágil, a los españoles les falta un ejercicio de pedagogía jurídica. Asumiendo que sólo hay un país en el mundo donde no se perciba que hay una justicia para poderosos y otra para los demás: Finlandia”, concluye José Juan Toharia.

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