Rajoy y Rivera se atascan en sus reformas para luchar contra la corrupción

Separar a cualquier cargo nacional imputado. Negociar una nueva ley electoral. Impedir los indultos a condenados por corrupción política. Limitar los mandatos presidenciales. Eliminar los aforamientos. Crear una comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP. En agosto de 2016, el PP aceptó esos seis requisitos de Ciudadanos para negociar un pacto de investidura. Cuando los dos partidos firmaron el documento, añadieron una cláusula temporal: “Estas condiciones se deberán tramitar durante los tres primeros meses de la XII legislatura, a contar desde la fecha de investidura”. Sin embargo, esta semana se cumplirá ese plazo (enero no fue mes hábil) sin que haya habido avances significativos en la ejecución de las tres últimas medidas, que los representantes de Ciudadanos definieron como parte de un “perímetro de seguridad” para que el partido no fuera “contaminado” por los casos de corrupción que afectan al partido del gobierno.

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“No es fácil cambiar en tres meses lo que los viejos partidos no han cambiado en 30 años, pero creemos que los cambios se van a realizar”, opina José Manuel Villegas, secretario general de Ciudadanos, donde argumentan que limitar los mandatos presidenciales a al menos ocho años o dos legislaturas completas sirve para combatir la corrupción porque dificulta la aparición de redes clientelares. “Sobre la limitación de mandatos y los aforamientos ya hemos trasladado nuestra propuesta al PP y esperamos que a principios de esta semana nos respondan. Y la comisión [de investigación sobre la financiación del PP] se pondrá en marcha”, sigue Villegas en conversación con este diario. “Creemos que va todo en orden”, subraya. “Son cambios muy importantes en la arquitectura institucional de este país y se van a producir”.

Ciudadanos considera que dos de los seis puntos del pacto ya están tramitados: se ha formado una subcomisión parlamentaria para reformar la ley electoral y también se ha admitido a trámite una ley contra la corrupción que incluye la prohibición de los indultos a condenados por corrupción política.

Sin embargo, tres de las seis medidas están atascadas. A la espera de la propuesta que el PP presentará en las próximas horas, la posibilidad de que una interpretación estricta de la limitación de mandatos impida que Rajoy se presente a la reelección ha dificultado el acuerdo en ese punto: el PP considera que puede ser anticonstitucional y que en todo caso es una figura propia de un régimen presidencialista y no parlamentario. Al tiempo, Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno, ya frenó el fin de los aforamientos de los políticos, pidiendo más tiempo por el alcance de la medida: exigiría una reforma constitucional que Unidos Podemos haría validar a través de un referéndum, lo que quieren evitar tanto el PP como Ciudadanos. Finalmente, la comisión de investigación sobre la financiación del partido de Rajoy no verá la luz en el tiempo estipulado.

Todos los portavoces de Rivera aseguraron que se formaría en febrero, cumpliendo con el calendario acordado entre los dos partidos. No será así. Si llega a arrancar, será dentro de meses. La Cámara Baja ha priorizado la investigación del rescate bancario y de la gestión de Jorge Fernández Díaz al frente del ministerio de Interior.

Aunque otros aspectos del pacto de investidura entre el PP y Ciudadanos ya se han puesto en marcha (la ley de autónomos, por ejemplo), el atasco en las medidas de lucha contra la corrupción refleja lo difícil que será que el acuerdo se active por completo. Las dos formaciones necesitan socios porque no suman los votos necesarios para la mayoría de reformas y algunas de ellas suponen la rectificación de las políticas y de las decisiones del anterior gobierno de Rajoy.