El presidente de Murcia recurrió a empresas de Púnica para atenuar el ‘caso Auditorio’

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco considera que el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez (PP), recurrió a las empresas de la trama Púnica en 2014 para atenuar el efecto de una “posible imputación penal”, en referencia al caso Auditorio de Puerto Lumbreras, por el que este lunes ha sido citado como imputado por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia. El magistrado de la Audiencia Nacional recoge esta idea en una resolución por la que procesa a 20 imputados en la pieza separada número 3 del caso Púnica, sobre las actuaciones de la red corrupta en la Región de Murcia. El auto de procesamiento afecta a todos los imputados en la causa excepto a dos, el propio Sánchez y la senadora popular Pilar Barreiro, ambos aforados.

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En la resolución, el juez Velasco sigue el relato de las dos fiscales del caso, Teresa Gálvez y Carmen García Cerdá, y afirma que en junio de 2014, Sánchez, entonces consejero de Educación y con aspiraciones a presidir la Región, “temía por las consecuencias en su estima debido a una posible imputación penal”, en alusión al caso Auditorio, centrado en el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, localidad limítrofe con Almería de la que Sánchez fue alcalde. Por ello, se planteó la posibilidad de que las empresas del conseguidor Alejandro de Pedro realizaran para los trabajos de reputación on line similares a los ya contratados y prestados al entonces consejero de Industria, Juan Carlos Ruiz, que dimitió en junio de 2015 tras ser imputado en el caso Púnica.

El magistrado recuerda en su auto un comentario de De Pedro a su empleada Sara Gargallo, sobre los trabajos que se querían realizar para Sánchez. “A ver si para mayo [de 2015, fecha de la elecciones autonómicas] pudieran tener eso limpio, sabiendo que tiene web, YouTube y que es un tío que genera mucho contenido”, le dice en referencia al consejero de Educación. Estos trabajos, relata Velasco, “serían facturados bajo conceptos relacionados con la formación” e “incluirían también la retribución por los trabajos de reputación (…) para Pilar Barreiro, entonces alcaldesa de Cartagena”.

Pese a apreciar indicios de que Sánchez participó en un “plan criminal” para desviar fondos de la Consejería de Educación a las empresas de De Pedro con el fin de mejorar su imagen política en las redes sociales, las fiscales encargadas del caso Púnica no pudieron pedir al juez Velasco que eleve una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia.

El fiscal general del Estado, tras consultar con fiscales de sala del Supremo y de su Secretaría Técnica, fijó el criterio de no acusar al político murciano ya que, pese a que todo estaba ya acordado y los trabajos iban a iniciarse en noviembre de 2014 por 4.600 euros mensuales, los fondos no llegaron a salir de la consejería. El estallido de la Operación Púnica, el 27 de octubre de 2014, en la que fue detenido Alejandro de Pedro, frustró todo el plan.

El juez Velasco deberá decidir en los próximos días si actúa contra Sánchez y envía la causa al tribunal superior murciano, por fraude, cohecho y revelación de información reservada, como hubieran querido las fiscales de Púnica Gálvez y García Cerdá, o se acoge al criterio de la Fiscalía General del Estado y archiva la causa contra él.