Ciudadanos exige la dimisión del presidente murciano

Ciudadanos ha pedido este lunes al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, que “cumpla el compromiso” de dimitir tras conocerse que tendrá que declarar como imputado el próximo 6 de marzo por su presunta participación en el caso Auditorio, que investiga supuestas irregularidades en el proceso de adjudicación, construcción y recepción de un auditorio en Puerto Lumbreras durante su época de alcalde de ese municipio. “Se tiene que ir”, ha resumido gráficamente José Manuel Villegas, secretario general del partido y número dos de Albert Rivera.

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Por su parte, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha defendido la "presunción de inocencia" del presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez, del PP. Preguntado en la rueda de prensa con la que ha concluido la cumbre hispano-francesa celebrada en Málaga, Rajoy ha hecho un llamamiento a la "prudencia", ha recordado que la presunción de inocencia es uno de los "derechos humanos" y ha subrayado que hasta 16 denuncias contra el presidente murciona se han archivado en los tres últimos años.

La dirección de este partido se remite a las palabras del propio Sánchez, que prometió que dejaría su puesto si era imputado, tal como ha ocurrido y por lo que ha sido citado, acusado de los presuntos delitos de malversación, fraude y falsedad documental. Al tiempo, Ciudadanos está dispuesto a plantearse una moción de censura con el PSOE y Podemos si el presidente murciano se mantiene en el cargo.

Miguel Sánchez, portavoz regional de Ciudadanos, ha afirmado que “Pedro Antonio Sánchez debe de cumplir con el compromiso que ha adquirido con los murcianos y dimitir, en virtud de su palabra, el acuerdo de investidura y la ley de transparencia”.

Las dos formaciones han vivido momentos de gran tensión en la región desde mayo de 2015, cuando se celebraron las elecciones municipales y autonómicas. Antes de firmar el pacto de investidura que permitió la presidencia de Sánchez, el equipo de Rivera exigió la dimisión de diversos cargos del PP murciano imputados: entre ellos, dejaron sus puestos el consejero Juan Carlos Ruiz o el delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana. Además, María Antonia Conesa, alcaldesa de Fuente Álamo, se dio de baja en el partido para no entorpecer las negociaciones.

Fruto de esas conversaciones, Sánchez firmó un acuerdo de investidura que recoge lo siguiente en el primer punto: “Separar de inmediato de cualquier cargo, público o de partido, a imputados por corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento judicial”.

Pedro Antonio Sánchez ha insistido en que se le investiga por una mera cuestión administrativa sobre la corrección en el gasto de la subvención que permitió construir el auditorio de Puerto Lumbreras cuando él era alcalde de ese municipio. Sin embargo, Ciudadanos ha recordado que la jueza Consuelo Andreo, que trasladó este asunto al Tribunal Superior de Justicia de Murcia por la condición de aforado del presidente, vio indicios de delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación continuada, fraude y falsedad documental en su actuación, “cuatro presuntos delitos muy graves” y todos ellos relacionados con la corrupción política.

En ese sentido, el partido ha subrayado que “afirmar que lo que podría juzgarse en este caso no es corrupción política es tratar de enmendar la plana desde el poder ejecutivo al judicial” y que las posibles justificaciones que se han escuchado los últimos días desde el PP para justificar una posible no dimisión “no soportan el más mínimo análisis serio y razonado”.

Además, han señalado que el propio Pedro Antonio Sánchez se ha comprometido públicamente a dimitir si era imputado por corrupción política. “El valor que tenemos las personas es el valor de nuestra palabra y estoy convencido de que el presidente va a cumplir con la suya y va a dimitir por el bien de los murcianos”, ha destacado el líder de Ciudadanos.

La formación, que no ha aclarado si tomará otras medidas hasta que se produzca esa dimisión, como retirar su apoyo al Gobierno regional en la aprobación de leyes, ha insistido en que la Región “no puede asociarse a un presidente que está siendo investigado” y “debe afrontar su responsabilidad”.

Asimismo, ha recordado que la situación del presidente atenta contra el artículo 54 de la Ley de Transparencia regional, que indica que “la permanencia de un imputado por corrupción política en el cargo es incompatible” con mantenerse en un cargo público.