La Audiencia afirma que el ataque de Alsasua “no fue una pelea de bar”

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La Audiencia Nacional ha confirmado el procesamiento por terrorismo para tres de los nueve supuestos agresores de los guardias civiles de Alsasua (Navarra) en la noche del 15 de octubre de 2016. La Sección Cuarta de lo Penal, que ha estudiado los recursos de Oihan Arnanz Ciordia, Julem Goicoechea Larraza y Jon Ander Cob Amilibia contra el auto de procesamiento dictado por la juez Carmel Lamela el pasado 21 de noviembre, ha afirmado que existen “nítidos” indicios de su participación en el ataque.

El tribunal sostiene que se trata de delitos que son competencia de la Audiencia Nacional: “De ningún modo resulta descartable, sino todo lo contrario, que nos encontramos ante un delito de naturaleza terrorista”. Según explican los jueces en su escrito, los “graves actos” no se pueden considerar “como una simple agresión a dos personas que iban con sus respectivas novias, y mucho menos como una pelea de bar”.

Los hechos ocurrieron en el bar Koxka de Alsasua. Los dos guardias, un teniente y un sargento, estaban tomando una consumición con sus parejas cuando uno de los jóvenes, Jokin Unamuno, les increpó. A continuación, entre 20 y 25 personas, según el relato de la juez, rodearon a las dos parejas y les comenzaron a insultar y amenazar. Cuando intentaron abandonar el bar, el grupo comenzó a golpearles causándoles diversas lesiones. El teniente sufrió, entre otras heridas, una fractura en el tobillo que precisó una intervención quirúrgica en la que se le colocaron una placa y tornillos.

El tribunal tiene en cuenta “el contexto en el que se produjo, los prolegómenos de las agresiones, la entidad de las lesiones producidas, el número de agresores, la función pública ejercida por los dos principales agredidos y el grave rechazo que produce en ellos, sus familias y allegados la presencia de la Guardia Civil en el pueblo navarro de Alsasua, donde incluso existe un movimiento específico que preconiza su expulsión y su rechazable aislamiento social”.

Todo ello, según el tribunal, crea un ambiente de grave crispación social, de alteración de la paz pública y de temor en una parte de la sociedad, “un ambiente generador y propiciador de actos genuinamente terroristas”.