Horrach sugiere que pedirá prisión eludible bajo fianza para Urdangarin

El fiscal Pedro Horrach, encargado de la acusación del caso Nóos, ha sugerido este lunes la posibilidad de pedir el ingreso inmediato en prisión de Iñaki Urdangarin, pero eludible bajo fianza hasta que se resuelvan los posibles recursos ante el Tribunal Supremo y la sentencia sea firme. En diversas entrevistas, el representante del Ministerio Público ha insistido en que se plantea “seriamente” solicitar el encarcelamiento inmediato del esposo de la infanta Cristina, condenado a seis años y medio de prisión por prevaricación, fraude a la Administración, tráfico de influencias y dos delitos contra la Hacienda Pública. No obstante, ha afirmado que sopesa la posibilidad de que este ingreso pueda ser eludible bajo fianza, lo que permitiría diferir la entrada de Urdangarin en la cárcel hasta que el fallo cobre firmeza. La vista para pedir la prisión se celebrará el próximo jueves a las 10.30 a puerta cerrada con la presencia tanto de Urdangarin como de su socio Diego Torres.

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Horrach también ha señalado que el ministerio público se plantea recurrir la sentencia del caso Nóos –la más conocida de las 28 piezas del macro sumario Palma Arena- ante el Tribunal Supremo. El fiscal discrepa fundamentalmente de dos aspectos del fallo. Por un lado, la absolución de todos los acusados por la llamada trama valenciana del caso, los encargados de contratar al Instituto Nóos, de Iñaki Urdangarin, para la celebración de los congresos Valencia Summit entre 2005 y 2007. La segunda discrepancia tiene que ver con la decisión del tribunal de considerar legitimado a Manos Limpias, como acusación popular, para ejercer la acusación y sentar en el banquillo en solitario por delito fiscal a la infanta Cristina, cuando esta no era administradora, sino solo socia, de la mercantil Aizoon, controlada por su esposo, Iñaki Urdangarin.

En declaraciones a Onda Cero, Horrach ha afirmado que tiene “total autonomía e independencia” para solicitar las medidas cautelares, y que el “criterio general” de Anticorrupción es pedir el ingreso en prisión de los condenados a penas superiores a cinco años de prisión. No obstante, Horrach ha señalado la necesidad de estudiar las particularidades de cada caso.

La prisión provisional, tanto para imputados en fase de instrucción como para penados con sentencia no firme, se regula en el artículo 502 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El juez o tribunal que la dicte solo puede aplicarla en caso de riesgo de fuga, de destrucción de pruebas o de reiteración delictiva. En el caso de Urdangarin y su socio Diego Torres –condenado a ocho años y medio de prisión- lo que se habrá de analizar es el peligro de que se pongan fuera del alcance de la justicia en caso de que se posponga su ingreso en prisión hasta la sentencia del Supremo.

Para valorar este riesgo de fuga el tribunal deberá hacer un juicio de análisis sobre la gravedad de la pena y la capacidad del condenado para huir. No es la primera vez que la fiscalía balear modifica el criterio general de pedir prisión para los condenados a más de cinco años de cárcel. En el caso de la expresidenta del Parlamento balear María Antonia Munar, cuya primera condena fue de cinco años y medio de cárcel por el caso Maquillaje en 2012, la fiscalía no pidió prisión en atención a que había recurrido ante el Supremo. No fue hasta el año siguiente, cuando recibió su segunda condena, de seis años, en el caso Can Domenge, cuando el ministerio público reclamó –y consiguió- el ingreso de la política en prisión.

En el caso del expresidente balear Jaume Matas, condenado en primera instancia por la Audiencia Provincial de Palma a seis años de cárcel por la pieza de los discursos del Palma Arena, la fiscalía no solicitó su ingreso inmediato en prisión al considerar que no existía riesgo de fuga y que el exministro había cumplido con todas las medidas cautelares que le habían impuesto durante la instrucción.

Anticorrupción decidió esperar el fallo del Supremo, a pesar de que Matas, al igual que sucedió con Munar, tenía abiertas por aquel entonces varias causas por corrupción. El fallo del alto tribunal rebajó la condena de seis años a nueve meses por tráfico de influencias y a pesar de ser una pena inferior a los dos años, la Audiencia de Palma ordenó su entrada en la cárcel después de que el Gobierno denegara al expresidente el indulto que había solicitado.