El juez del ‘caso Púnica’ atribuye tres delitos al presidente de Murcia

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Un día después del tranquilo 18º congreso del PP, las causas de corrupción vuelven a cercar al partido de Mariano Rajoy. En una pieza separada del macrosumario de Púnica, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ve indicios de delito en el presidente de Murcia, Pedro Sánchez, y en la senadora del PP y exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro, junto a otras 20 personas. El juez entiende que Sánchez, en su época de consejero de Educación, se concertó con el empresario Alejandro de Pedro para otorgarle contratos a sus empresas que en realidad sirvieron para mejorar la imagen y la reputación del político en Internet, en su carrera para presidir la Región de Murcia. Velasco atribuye a Sánchez delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada.

La Fiscalía Anticorrupción ha informado este mismo lunes contra la posibilidad de que el juez Velasco eleve una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Murcia para la imputación del presidente de la Región. El ministerio público entiende que en el caso de Sánchez, al contrario que en el de Barreiro, "no llegaron a formalizarse los contratos de publicidad" y, por lo tanto, "no se ha producido perjuicio alguno para las arcas públicas".

El presidente de Murcia ha asegurado este lunes que cuenta con "más de una decena de certificados oficiales" que, según él, "acreditan" que nunca se hizo contrato alguno de ninguna índole con la trama Púnica y ha añadido que así lo explicará "donde sea necesario". En una breve rueda de prensa, el dirigente murciano ha repetido hasta en media docena de ocasiones que "no hay nada, nunca hubo nada, nunca se pactó, ni se acordó, ni se contrató, ni se pagó" contrato alguno con la empresa de De Pedro ni con ninguna otra. "Y como no se hizo, probaremos que no se hizo", ha reiterado durante toda su intervención.

En el caso de Pilar Barreiro, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 sostiene que la senadora, en su época de alcaldesa de Cartagena, utilizó dinero público de campañas de turismo para abonar a De Pedro trabajos en su estricto beneficio político, como la creación de un periódico digital en la ciudad favorable a la alcaldesa, así como los honorarios del periodista encargado de este medio. También le atribuye Velasco amañar futuras adjudicaciones en contratos públicos de formación de la Consejería de Educación en beneficio de De Pedro. Por estos hechos, el magistrado acusa a la senadora de fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada.

El juez Velasco relata en su auto que al exalcalde socialista de Cartagena José Antonio Alonso Conesa se le intervino en octubre de 2014, cuando fue detenido por la trama Púnica, una tarjeta de crédito Visa del Congreso de los Diputados a nombre de Pilar Barreiro, miembro entonces de la Cámara baja. Esta tarjeta era supuestamente intransferible.

Según el Congreso esa tarjeta es solo para los viajes de los diputados y únicamente se puede usar para pagar billetes de avión, tren y peajes. Posteriormente los parlamentarios dan cuenta de los desplazamientos. Los diputados no pueden utilizarla para sacar dinero en cajeros.

Los contratos de mejora de reputación on line pagados con dinero público también se extendieron al entonces consejero murciano de Industria, Juan Carlos Ruiz, que dimitió en junio de 2015, cuando se encontraba en funciones, tras ser imputado en la causa.

Ambos políticos gozan de aforamiento —Sánchez ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia y Barreiro ante el Supremo—. Por ello, el juez Velasco pide tanto a la Región de Murcia como a la Cámara alta que certifiquen su condición de aforados antes de emitir una exposición razonada para que esos tribunales los investiguen y, en su caso, los juzguen.

El juez Eloy Velasco acordó en septiembre de 2015 la formación de doce piezas separadas, posteriormente ampliadas a 14, para una mayor agilidad en la tramitación y enjuiciamiento de estos hechos, Ahora, con este auto acuerda conformar la tercera de esas piezas (la primera fue el chivatazo de la investigación y la segunda la de León) con toda la documentación referente a esos hechos y delimita las personas contra las que se dirige esta pieza.

En este caso, además de contra Pedro Antonio Sánchez y Pilar Barreiro, el juez dirige el procedimiento contra otras 20 personas, entre ellas Alejandro de Pedro, el exconsejero de Industria, Turismo y Empresa de Murcia Juan Carlos Ruiz López, el exalcalde de Molina de Segura Eduardo Contreras y dos exdirectoras generales, entre otras autoridades y funcionarios.

El juez considera los hechos constitutivos de los delitos de cohecho, fraude, revelación de información reservada, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad en documento y pertenencia a organización criminal. El magistrado también dirige el procedimiento contra cuatro empresas que presuntamente participaron en los hechos, Madiva Editorial y Publicidad, Duravit & Marset Group, Mistral Inversiones y la marca comercial Linkatic.

El presidente de Murcia ha detallado que el auto de Velasco, que no ha conocido de forma oficial, habla de que "pudo acordarse un contrato de 30.000 euros" con cargo a la Consejería de Educación para hacer "trabajos de reputación online", pero numerosos documentos oficiales acreditan que eso no ocurrió. En concreto, ha señalado que el supuesto contrato se habría cargado a una partida denominada "formación" que no existía en la Consejería, por lo que —asegura— es imposible que se suscribiera ese contrato. Además, ha indicado que recibió numerosas ofertas para ese tipo de trabajos, algunas incluso "agresivas", que siempre se rechazaron. "Si el juez considera que hay que aclararlo más, colaboraré para aclararlo, como he hecho siempre, porque no puede quedar ninguna duda", ha insistido.

Al presidente de Murcia se le acumulan los problemas judiciales. El Tribunal Superior de Justicia de Murcia decidió el 2 de febrero asumir el caso Auditorio de presunta corrupción urbanística e investigar a Pedro Antonio Sánchez (PP), que era alcalde de Puerto Lumbreras cuando se construyó aquel edificio. La Sala de lo Civil y Penal se ha declarado competente para investigar los hechos, dada la condición de aforado de Sánchez, tras estudiar la exposición motivada elevada por el juzgado instructor de Lorca, que considera que Sánchez pudo incurrir en los delitos de prevaricación, fraude contra la administración pública, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos.