Los muertos que persiguen al ministro

A José Abraham Tiniguar, de 22 años, lo encontraron con dos billetes de 100 y 5 quetzales en el bolsillo trasero. Y con tres balazos en el cuerpo. "Cuando entré en la morgue y vi su cadáver, yo no veía a Abraham en él. Aunque lo tenía allí, yo solo repetía que me tenía que telefonear... Lo veía y no me lo creía", cuenta Jacqueline Orellana, su viuda, más de una década después del "asesinato" del padre de su hijo. Fue en el penal guatemalteco de Granja Modelo de Rehabilitación Pavón, donde irrumpió en 2006 la Policía y el Ejército del país americano para recuperar el control de la cárcel. Una operación que acabó con siete internos muertos (entre ellos, Tiniguar) y que sienta ahora a Carlos Vielmann, entonces ministro de Gobernación, en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional española. El fiscal, que pide una pena de 160 años, cree que autorizó la ejecución extrajudicial de estos presos y de un octavo que había huido de otro centro. Y que, a su vez, engañó a la opinión pública al asegurar que todos ellos fallecieron tras enfrentarse a las fuerzas de seguridad.

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"En la morgue ya me di cuenta de que había algo extraño. Abraham tenía morados en sus manos, no sé si por las esposas; y raspados en el estómago, como si lo hubieran arrastrado", continúa Orellana, que acudió a principios de febrero a Madrid a declarar en el juicio contra el exdirigente político. "Está de sobra probado que estos presos fueron ejecutados. Ellos nunca se enfrentaron a la autoridad. Se entregaron pacíficamente y el Estado les dio muerte", añade Luis Alfredo Linares, que ocupaba en 2006 el puesto de subdirector de Seguridad del sistema penitenciario de Guatemala y que, después de denunciar los hechos, se marchó a Canadá, donde le concedieron la condición de asilado político.

Según el Ministerio Público, bajo la excusa de intentar recuperar el control de las cárceles más conflictivas del país, Vielmann participó en la elaboración del plan Pavo Real, que tenía un objetivo "paralelo y oculto: causar la muerte a los reos que lideraban la población reclusa" y que dirigían actividades delictivas dentro de la prisión —como el tráfico de drogas o el cobro de impuestos—. Una tesis que también mantiene el juez instructor de la causa, Javier Gómez Bermúdez, que concluyó que el exministro creó una "estructura criminal clandestina" dentro de su departamento para cometer estos asesinatos. "Los muertos eran previamente seleccionados como objetivos a eliminar", remacha la acusación particular.

Vielmann defiende, en cambio, su inocencia: "Nunca participé en una actividad que llevara a la creación de ese plan", aseguró en la Audiencia Nacional. "He tenido éxito personal y empresarial. Destituí a 1.200 policías y rompimos esquemas de corrupción. Mi nombre no lo iba a manchar por matar a siete reclusos", apostilló el exdirigente guatemalteco, que obtuvo la nacionalidad española en 2009 —por ello, está siendo juzgado en este país—. Pero Philip Alston, relator de la ONU, ya publicó en 2007 un informe donde insistía en que durante el mandato del ministro se produjo una "limpieza social" de marginados y delincuentes en Guatemala.

"Él estaba en las inmediaciones de Pavón desde las tres de la madrugada [del 25 de septiembre de 2006, cuando se produjo el asalto a la cárcel]. Accedió al interior a primera hora de la mañana y se situó en el patio del centro, junto a Erwin Sperisen, hasta que culminó la operación", explica la Asociación Pro Derechos Humanos de España, personada como acusación popular. "Cuando yo me di cuenta de que estaban asesinando a los presos, fui a mi jefe inmediato y se lo dije. Pero él me respondió: 'Usted no se preocupe, aquí nadie va a investigar nada. Porque lo que está sucediendo lo sabe nuestro jefe y el ministerio de Gobernación", subraya también Linares, que ha declarado como testigo este febrero en la Audiencia Nacional, durante un juicio que se prevé que acabe la próxima semana y que ya tiene un destacado precedente.

Un tribunal suizo condenó en 2014 a cadena perpetua a Sperisen, director de la Policía Nacional de Guatemala, por estos asesinatos. "Fue un crimen de Estado", destacó entonces el fiscal general del país helvético. "Los tiros se hicieron de frente, en zonas vitales (…) lo que demuestra que las muertes se dieron por disparos a corta distancia, y no a consecuencia de un intercambio de balazos, cuando las heridas son generalizadas y dispersas”, declaró María Morcillo Méndez, de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), al referirse al "montaje" que prepararon las autoridades.

En esa idea incide el fiscal español, Pedro Martínez Torrijos, que detalló cómo los cadáveres de los presos presentaban tres tiros en el pecho y, sin embargo, sus camisetas no estaban agujereadas. Y otros testigos, además, apuntan que vieron cómo varios encapuchados conducían detenidos a las víctimas antes de aparecer tiroteadas. "No fue justo. Ellos ya estaban pagando su condena. Si se enfrentaron, ¿por qué no hubo ningún policía herido? ¿Por qué acabaron muertos todos los que supuestamente dispararon a los agentes?", se pregunta Jacqueline Orellana, que recuerda la última conversación telefónica que mantuvo con Abraham aquella misma noche: "Se oían estallidos de fondo, cuando me dijo: 'Esto se está poniendo feo, está aquí la policía y esto no es normal. Tened cuidado".