“La justicia debe asumir que ETA lleva cinco años sin matar”

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Joaquín Giménez (Alicante, 1945) es magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo desde 1998. Profundo conocedor del País Vasco, donde presidió las audiencias de San Sebastián y Bilbao en los años de plomo (1981-1998), amenazado por ETA, su opinión es muy cualificada. Considera que “la justicia tiene que tener en cuenta que ETA lleva cinco años sin matar” y “debe humanizarse y servir para la convivencia”. Coherente, defiende el acercamiento de presos de ETA a Euskadi, el traspaso de Instituciones Penitenciarias a esa comunidad y el impulso a la vía Nanclares. Adelanta que el Tribunal Supremo ofrece una interpretación de la reciente reforma del Código Penal con mucho recorrido para rebajar penas a los presos etarras.

Pregunta. ¿Qué opina del reconocimiento del colectivo de presos de ETA de la legalidad penitenciaria y la reinserción individual para acceder a beneficios penitenciarios?

Respuesta. Su reconocimiento de la legalidad del derecho penitenciario supone un salto cualitativo muy importante. Frente a su planteamiento anterior, de “o salimos por la imposible puerta de la amnistía o nos quedamos todos dentro”, han reconocido las salidas individuales. Conviene recordar que hasta hace poco el preso que aceptaba salidas individuales era un traidor y ya se sabía lo que pasaba con los traidores. Junto a ello está el lenguaje clásico de Batasuna, que es parte del guion.

P. Desde el Gobierno se ha descalificado el pronunciamiento porque sus promotores han incidido en que los beneficios penitenciarios no requieren arrepentimiento.

“La competencia sobre las prisiones debería traspasarse a Euskadi”

R. El arrepentimiento no es requisito legal. Es fruto de una reflexión autocrítica y sincera de una persona sobre su vida. No se trata de pedir perdón sino de perdonarse a sí mismo por el daño causado.

P. El nuevo ministro del Interior ha introducido nuevas condiciones para que los presos de ETA se acojan a la reinserción.

R. No se puede añadir ningún requisito más a los del Código Penal. Antes eran los presos de ETA los que rechazaban los beneficios penitenciarios. Ahora que los quieren, no podemos decirles que no. Hay que aplicar con mucha precaución criterios restrictivos de los beneficios para evitar respuestas excesivas cuando el terrorismo ha cesado hace ya cinco años. Otro ejemplo, la jurisprudencia de esta sala no pretende la criminalización o ilegalización penal de la izquierda abertzale. Antes decíamos que con el terrorismo no se podía debatir sobre el independentismo. Desaparecido el terrorismo, algunos quieren ilegalizarla por su independentismo. No es correcto.

P. ¿Estamos ante una vía Nanclares bis de reinserción de los presos sin citarla?

R. Claramente. No solo eso. Me acuerdo de Mario Onaindia cuando decía que el primero era traidor por buscar una salida personal a su vida y el último era idiota porque no se había dado cuenta de que los tiempos habían cambiado.

P. ¿Cómo juzga el parón a la vía Nanclares por parte del Gobierno del PP?

“El arrepentimiento no es un requisito legal. Es una reflexión autocrítica”

R. La vía Nanclares estaba llamada a tener recorrido y desde las instituciones estatales se ha tratado de restringir y minusvalorar. Es una vía muy importante porque abordó algo tan difícil como el diálogo sincero entre verdugo y víctima. Debía haberse incentivado.

P. ¿Qué le parece el acercamiento de presos de ETA a Euskadi?

R. Estoy a favor desde hace tiempo porque facilita su reinserción.

P. ¿Debería traspasarse la competencia de prisiones a Euskadi como pide el Gobierno vasco?

R. Sí, y debería salir de Interior y volver a Justicia, donde estuvo hasta 1996. Fue a Interior por el terrorismo de ETA. Todo el derecho penal excepcional de España tiene el ADN de ETA.

P. ¿Qué contribución puede ofrecer la justicia al fin de ETA?

R. La justicia es pacificación y sustituye la venganza individual por un castigo con todas las garantías a quien lo merezca. No está para poner piedras en el camino. Tiene que humanizarse y servir para la convivencia respetando la Constitución. No puede ser apéndice de otras instancias ni indiferente a la realidad.

P. ¿Qué hacer con las causas pendientes?

R. Con las no prescritas hay que continuar con la instrucción y si hay pruebas, condenar. Hay novedades relevantes. La reciente reforma del Código Penal tiene un artículo, el 579 bis, que señala que los tribunales atendiendo a las circunstancias concretas podrán imponer también la pena inferior en uno o dos grados a los delitos de terrorismo cuando sean de menor gravedad, ateniéndose al medio empleado y al resultado producido. El Tribunal Supremo considera que se puede aplicar también a lo ya juzgado a través de un procedimiento de revisión. Lo ha aplicado en cuatro sentencias en poco tiempo.

P. ¿Qué recorrido puede tener la interpretación del Supremo y qué implica la rebaja?

R. Que condenas de 10 o 12 años pueden quedar en cinco o seis. Puede tener un amplio recorrido para pacificar.

P. ¿No cree que desde las instituciones no se hace pedagogía con las víctimas del terrorismo para que comprendan que la reinserción de los presos es buena para todos?

R. Evidentemente. Los delitos se pagan y prescriben. El perdón, como algo auténtico, no es olvido y nos permite ser libres. En cuanto a la víctima, su dolor no va a prescribir nunca. Si se enroca, los años de prisión del verdugo siempre le parecerán pocos. Es legítimo. Pero esa no es la reflexión. Las víctimas no pueden suplantar al Estado que representa los intereses de la sociedad. Hay mucha pedagogía por hacer.

P. Las víctimas exigen un relato que aclare que lo fueron injustamente.

R. De acuerdo, por justicia y para que no se repita. La herencia de ETA es una escuela de odio por los que mataban y aplaudían y también provocó tensiones en el Estado de derecho con búsquedas de atajos. No hay que tener miedo a reconocer que esos atajos traspasaron líneas rojas que generaron otras víctimas.